EscucharCosta Rica –paradójicamente por su celo en la defensa de la vida desde la concepción– está a las puertas de ser condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La prensa mexicana informó que en el marco de los trabajos de la Asamblea General de la ONU, el Instituto Solidaridad y Derechos Humanos –presidido por el prestigioso abogado peruano Reynaldo Bustamante–, denunció que Margaret May Macaulay (Jamaica), Alberto Pérez Pérez (Uruguay) y el presidente, Diego García Sayán (Perú) –tres de los jueces miembros de dicha corte–, emitieron juicios que ponen en entredicho su imparcialidad al resolver el caso de Costa Rica. Tres de dichos jueces se han mostrado contrarios a la defensa de la vida desde el momento de la concepción, como lo establece el Pacto de San José.
La denuncia señala que Alberto Pérez planteó, a través de su cuenta Facebook, sus preferencias hacia grupos por la despenalización del aborto en América Latina, como la Campaña Latina por el Derecho al Aborto. Diego García rechazó abiertamente el reconocimiento pleno del derecho a la vida del niño no nacido, en contradicción con la misma Convención Americana, que explícitamente lo reconoce. Tales planteamientos no son una posición legal, pero evidencian sus prejuicios ideológicos.
Contenido moral. Cuando la libertad se equipara con una autonomía desprovista de todo dique de contención moral, se derrumban los fundamentos sobre los que se construyen conceptos sociales como dignidad humana. Identificado el ser humano desde el prisma de una autonomía absoluta, se llega al sinsentido contrario. Esto es, de que aquel ser humano sin esa capacidad de autonomía –por ejemplo quienes no se valen por sí mismos como sucede con las personas ya concebidas pero no nacidas– no tienen derechos por sí mismos. Por eso, en los países donde la ideología de género permeó, las mujeres que portan a sus hijos en su vientre, disponen de esas vidas a su arbitrio. Ese supino egocentrismo ha llevado al hemisferio occidental a permitir una serie de prácticas en las que el menor se convierte en un mero objeto mercantil. Los niños, simples medios para satisfacer deseos.
Ejemplo de ello es la posibilidad de autorizar a hombres solteros que compran óvulos y encargan el trabajo de gestación a una tercera mujer, mediante espurios contratos de maternidad sustituta. La madre sustituta recibe el óvulo fecundado o dona el óvulo que será fertilizado con el semen del contratante. El contratante se limita a vender, ya sea su semen si es hombre, o su vientre u óvulo si mujer, evadiendo así todo el sentido ético que conlleva el ser progenitor de una creatura. Un brutal atentado contra el derecho del menor a su propia identidad y a disfrutar un hogar y una familia. O bien el caso ensayado en Francia –y objeto de indudable polémica– mediante el cual, las señoras que deseaban librarse del embarazo los “encargaban”, alquilando vientres por contratos de arrendamiento de úteros.
La persona como medio. La madre que ha sustituido, convertida en un “bien comercial” y la vida del menor, en un simple objeto de comercio. Igualmente perjudicial la práctica de la inseminación artificial de mujeres solteras, o la inseminación mediante bancos de gametos, donde el “donador-vendedor” aportante puede haber muerto ya al momento de la implantación. Todas estas técnicas conculcan el derecho del menor al contexto de relaciones familiares del que es derechohabiente. Tal y como Andrew Varga sostiene, son técnicas que “reducen al hombre a un simple medio para satisfacer caprichos de personas particulares”.
A este posmoderno y contra-constitucional escenario, corresponden los bancos anónimos de gametos –bancos de óvulos y esperma– que son una lapidaria embestida contra el derecho a la identidad del menor, el cual pierde irremisiblemente su derecho a conocer su origen. A este tipo de prácticas se suma el de la criocongelación de embriones, mediante el cual se suspende el derecho a la vida. Se encuentra el método de transferencia embrionaria donde resulta la liquidación de una estela de embriones, léase seres humanos en su primera etapa de vida. Pero de tal ralea de mercadeo humano tenemos aún más. Originalmente un procedimiento desarrollado con la loable intención de prevenir enfermedades cromosómicas en los Estados Unidos, lo han degenerado en una actividad mercantil más. Se denomina diagnóstico genético preimplantacional, el cual implica la selección caprichosa del sexo y que los mercaderes de la tecnología eugenésica ofrecen a los padres para seleccionar sexos. EE. UU. es uno de los escasos países que permite esta técnica selectiva.
Clínicas en EE. UU. Y a diferencia de lo que sucede en países como China, donde las niñas son abortadas desde el vientre de su madre, los estadounidenses, según la prestigiosa publicación Diario Médico , han triplicado la selección de niñas frente a la de niños. Desde los años noventa, clínicas que acomodan la genética a los caprichos particulares, han visto la oportunidad de captar millonarias ganancias con el falaz argumento del “equilibrio familiar”. Pero, lejos de representar un equilibrio, tal abusiva selección con tendencia a uno solo de los sexos, genera ingresos aproximados $100 millones al año.
El costo promedio del procedimiento en mención, en las clínicas más reconocidas, es de aproximadamente 18.000 dólares y se estiman en 5.000 la cantidad anual de tales procedimientos. La estadística sobre dichas selecciones sexuales –una encuesta del 2006 realizada por la John Hopkins University– registraba que el 42% de las clínicas de fecundación mercadeaban el procedimiento. Otras, como la red de institutos de fecundación de Jeffrey Steinberg, han hecho de este cuestionable procedimiento su principal negocio. Hoy son múltiples las clínicas en los Estados Unidos que están promoviendo agresivas campañas de mercadeo para impulsar la demanda de estos servicios.
“Mercadeo genético”. El informe de Diario Médico cita el caso de un matrimonio que, tras un proceso fallido, llegó a pagar 40.000 dólares para garantizar una niña. A raíz de este fenómeno de “mercadeo genético”, la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, preocupada, ha denunciado la circunstancia de que tal selección genética de niñas está conduciendo a que mujeres sanas se sometan a procedimientos médicos innecesarios. Marcy Darnovsky, director del Centro de Genética y Sociedad de Berkeley, ha denunciado tal procedimiento como un caso de “eugenesia de alta tecnología”. A este cúmulo de violaciones de la dignidad humana en Occidente, se le suman otras aviesas intenciones, que han obligado a promover el proyecto de convención internacional contra toda forma de clonación humana.
Fernando Zamora Castellanos es doctor en Derecho Constitucional, Convenio Universidad Complutense de Madrid-ULACIT. Abogado constitucionalista.
