Cuando en marzo del 2014 la Asamblea Legislativa aprobó la ley de creación de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, lo resaltamos como un hecho relevante para el país por su trascendencia en materia de desarrollo humano, protección social y derechos de las mujeres.
La nueva legislación renovaría la política social costarricense y se constituía en un avance al reconocer el cuidado de las personas dependientes como una responsabilidad social, no individual de las familias, según sus condiciones y posibilidades.
La promesa de la ley de ampliar la provisión de servicios de cuidado apuntaba no solo a incrementar el bienestar y la protección de la niñez y la población adulta mayor, sino también las oportunidades de las mujeres. Con nuevos centros, muchas de ellas dejaría vigilados a sus hijos para salir a trabajar, generar ingresos y alejarse de la pobreza.
Ganaba el país al incrementar su competitividad potenciando la fuerza laboral femenina que ha crecido con mayor dinamismo en los últimos años.
Mala noticia. En días pasados, sin embargo, leímos con estupor y tristeza la noticia de que muchos centros de la Red de Cuido, pese a estar construidos, equipados y contar con presupuesto asignado no están funcionado.
Las justificaciones iban y venían entre los distintos actores (Gobierno central, municipios, ministerios). El lector se pregunta: ¿Quién es el responsable de la puesta en marcha de estos centros? La respuesta parece ser: ¡Fuenteovejuna!
No obstante, la importancia de la red es de tal magnitud que la respuesta es inaceptable. A diferencia de lo que ocurre en la obra de Lope de Vega, la responsabilidad no debe diluirse.
Hay instituciones que deben asegurarle al país su funcionamiento. El IMAS ejerce una función rectora y tiene claridad de que la mejor estrategia para combatir la pobreza es darles a los hogares con jefatura femenina y biparentales de doble proveedor la oportunidad de acudir a estos centros para que cuiden a sus hijos y para poder así generar mayores ingresos a la familia.
El Inamu, cuya apuesta es fortalecer la autonomía de las mujeres, como lo establece la Política Nacional de Género, el PANI y el Ministerio de Salud, que tienen entre sus prioridades el bienestar de la niñez, son también responsables.
Las municipalidades, para las cuales ampliar el desarrollo humano en los territorios es su misión, también tiene parte en el descuido.
No dudamos que las voluntades existen, pero no bastan. Una coordinación interinstitucional oportuna se impone para generar resultados a corto plazo, tal como varias experiencias en la misma red lo han demostrado.
En un contexto fiscal restrictivo como el actual, el riesgo de no ser eficientes es muy alto y se corre el peligro de generar retrocesos históricos que a la larga nos pueden salir a todos más caros.
Isabel Román es socióloga.