EscucharEn estos días, los comentarios sobre el Consejo Económico y Social (CES) han vuelto a cobrar vigencia, traídos y llevados ahora por vientos favorables a la gobernabilidad. Pero más allá de abogar por la posibilidad inmediata de poner en marcha un organismo de este tipo, conviene recordar los servicios que estos consejos prestaron a las sociedades en diversos países, las razones por las que se tuvo que pensar en adaptar ese tipo de experiencias a Costa Rica, y las características de lo que llegó a ser una propuesta consensuada entre los muy variados actores de la sociedad civil organizada, en una fecha ya un tanto lejana, el año 2005.
CES. Los consejos económicos y sociales surgen como una respuesta a la necesidad de acercar el oído de las instituciones –nacionales e internacionales– a las palabras de la sociedad civil y de la gente, no necesariamente organizada con fines políticos electorales, o para ejercer el gobierno. Pueden tener múltiples composiciones, funciones y atribuciones. Naciones Unidas tiene el suyo como plataforma para los asuntos sociales y económicos y mecanismo de consulta social; OIT ha gozado de los beneficios de la consulta y decisiones tripartitas (Gobiernos, sindicatos, empleadores), muchos otros países (en algunos casos organizados subnacionalmente) han construido sus propios consejos, con fines deliberativos, de consulta de alguna legislación para lo que elaboran dictámenes, o de seguimiento de la situación para lo que generan informes.
No intervienen, ni sustituyen la coordinación entre instituciones, ni son organismos para la planificación. No surgen en tiempos en que son innecesarios, sino cuando es indispensable abrir más espacios para la deliberación social y para aportarle a esa deliberación fundamento y atención. Particular importancia tuvo el CES español y el holandés en las consideraciones que se hicieron en Costa Rica hace algunos años, entre otras razones por la cercanía, solidaridad e interés mostrado por esos consejos. El CES de España (vea http://www.ces.es ) fue lugar de encuentro y forja de la paz social en tiempos de la construcción democrática, en una época en que resultaban los entendimientos difíciles pero a su vez, eran indispensables.
Diálogo casi imposible y necesario. Sin ser exclusivo, el proceso de Concertación Nacional costarricense de 1998 dañó la posibilidad de diálogo. Hubo resultados: reglas, compromiso, espíritu de cuerpo en las comisiones de trabajo, ciento cincuenta acuerdos de consenso y apenas un puñado de desacuerdos. De ser apreciado y visto con esperanza por muchos, pasará a la historia como carente de transparencia y de eficacia; resultó una oportunidad malograda que, más temprano que tarde, lamentamos.
Fue absurdo como táctica pues se reunió a todos los posibles adversarios para proceder a engañarlos: la sorpresa momentánea se convirtió rápidamente en reforzamiento de la hostilidad y en elemento de cohesión de todos los contrarios. Los riesgos y costos políticos de realizar tretas, en esa ocasión, fueron muy amplios, graves y duraderos, hasta el día de hoy. Un defecto central fue su convocatoria sin alguna institucionalidad que la amparara, sujeta a tan solo una voluntad presidencial. Su resultado central fue sumar, acrecentar la desconfianza social.
Digo que sumó pues vivimos en una sociedad que se transforma aceleradamente, que fue muy exitosa para encontrar fórmulas de desarrollo humano, pero que está frenada y “huele a quemado”. Aspectos fundamentales, ampliamente discutidos en la décadas anteriores en relación con la senda que debía seguir la nación en el futuro, siguen pendientes. La creciente desigualdad y la carencia de entregas de políticas públicas y resultados de calidad de vida ya cobró su primera víctima: el recuento de daños muestra malestar ciudadano y profunda desconfianza en la política, los políticos, las instituciones.
Cierta fórmula de liderazgo obtuvo algunos de sus propósitos específicos, y produjo algunos efectos en situaciones de polarización social, pero reforzó a la vuelta de la esquina una mayor dificultad para la acción pública. Esas alternativas de gestión de conflicto resultaron bastante más ineficientes que el acuerdo basado en el diálogo, al punto que hoy nuestra sociedad duda de tener un destino común como nación. No fue un resultado en el que unos ganan y otros pierden, sino en el que todos pierden, comenzando por el sistema político.
Si bien la marca concertación está seriamente dañada, la urgencia de lograr acuerdos para remover los obstáculos que afectan el bienestar de toda la población nos convenza de no abandonar la idea concertadora. Después de todo, el principal obstáculo para ese bienestar es actualmente político, y la construcción de un nuevo escenario pasa por crear confianza al institucionalizar el diálogo social. También por jugar limpio.
