Basta un día para que un ciudadano experimente la proeza que significa transportarse a su lugar de trabajo, para que un empresario experimente el enorme costo que significa desarrollar su actividad bajo una infraestructura obsoleta, para que un médico experimente la impotencia de no poder brindar su servicio en las instalaciones de calidad que los pacientes merecen, para que un estudiante experimente la desilusión de ver sus sueños de superación chocar contra instalaciones que no se adaptan a las nuevas realidades, para que un policía penitenciario experimente la tensión que implica administrar recintos obsoletos y sobrepoblados o para que un niño costarricense experimente la tristeza de ver los ríos de su país convertidos en cloacas por la falta de plantas de tratamiento. Sencillamente, basta un día para constatar el reto que TODOS afrontamos de modernizar nuestra infraestructura económica (transporte, energía y telecomunicaciones) y social (agua potable, alcantarillado, salud, educación). Y es que una tarea de estas dimensiones requiere del mayor compromiso y responsabilidad por parte de todos los sectores de la sociedad.
Clase política. El sector político posee el deber de fiscalizar los proyectos que realiza el Gobierno de turno pero a su vez tiene la obligación de dejar de lado de la crítica destructiva, las posturas demagógicas y la intransigencia ideológica para dar paso a propuestas serias y sostenibles. Y es que con tan solo analizar el presupuesto del Conavi para el 2012, es evidente que el impuesto a los combustibles (US$155 millones) y el impuesto a la propiedad de vehículos (US$90 millones) no aportan en conjunto ni un 10% de los US$2.500 millones anuales que el Plan Nacional de Transportes 2011-2035 estima se deben invertir para cerrar la brecha en el tema de transporte. Asimismo, en el campo de la infraestructura social, el AyA (2011, Rendición de Cuentas 2011), el MEP (2011, Proyecto de Ley Expediente 18.258) y la Caja Costarricense de Seguro Social (2011, Portafolio Institucional de Proyectos de Inversión Infraestructuras y Tecnologías 2012-2016) estiman en conjunto requerimientos de inversión por más de US$3.500 millones. En este sentido, la clase política debe asumir la responsabilidad de ejecutar las reformas institucionales que promuevan la aplicación de las mejores prácticas en planificación y regulación, permitan una ejecución expedita de las obras y garanticen el uso eficiente de los recursos públicos a lo largo del ciclo de vida de los proyectos. Asimismo, las reformas deben incorporar como eje central los principios de transparencia y rendición de cuentas, con el fin de reconstruir y consolidar la confianza tanto de los ciudadanos como de las instituciones públicas y empresas privadas vinculadas al sector de las infraestructuras.
Medios de comunicación. El rol transcendental de la prensa en la investigación, fiscalización y generación de opinión en torno a los problemas nacionales, le ha permitido –con todo mérito– ganarse la confianza de la población y convertirse en uno de los pilares de nuestra democracia. No obstante, dicha posición conlleva la responsabilidad de informar de manera precisa y objetiva, elemento donde existe un amplio espacio de mejora en lo referente al tema de infraestructura. A manera de ejemplo, recientemente un importante telenoticiero publicó la nota titulada “La corrupción hace que las carreteras de primer mundo sean solo un sueño para Costa Rica”. En él, además de otras afirmaciones, señala que un tren urbano moderno tendría un costo de apenas US$5,2 millones. Sin embargo, dicho monto no sería suficiente ni siquiera para cubrir la inversión inicial de 1 km de un sistema de tren ligero. Tal y como lo indica el Banco Mundial y Public-Private Infrastructure Advisory Facility (2010, pp. 29-41) en su publicación “Private Sector Participation in Light Rail-Light Metro Transit Initiatives”, el costo de un sistema superficial de tren ligero-metro ligero (LRMT por sus siglas en inglés) puede variar entre US$16 millones y US$38 millones por kilómetro (a precios del año 2007) dependiendo de las particularidades del proyecto. En este sentido, los medios de comunicación son fundamentales en la fiscalización de los proyectos y en la exigencia de una exhaustiva rendición de cuentas por parte de los tomadores de decisiones. Sin embargo, se debe tener el cuidado y la rigurosidad necesarios para evitar que el afán de crear impacto en las notas periodísticas se transforme en un peligroso proceso sistemático de desinformación hacia la ciudadanía.
Ciudadanía. Los ciudadanos hacemos bien en alzar la voz en aquellos casos donde se hace evidente el uso ineficiente o inadecuado de los recursos públicos y en exigir a nuestros gobernantes la solución de problemas de una manera ágil, eficaz y transparente. Pero un tema es la responsabilidad de la clase política y otro es el deber que como ciudadanos tenemos de aceptar que el disfrute de infraestructura de primer nivel implica un esfuerzo importante esfuerzo económico para TODOS.
En este sentido, es nuestro deber informarnos y no dejarnos llevar por propuestas simplistas como aquellas que nos dicen que solamente hace falta voluntad política pues hay recursos suficientes con la recaudación del derecho de circulación y el impuesto sobre los combustibles.
Simplemente, no es posible pensar en infraestructura de primera mientras sigamos viviendo en el espejismo donde todos los servicios de infraestructura son gratuitos y mientras la desinformación y la tentación del mínimo esfuerzo nos lleven a apegarnos a planteamientos cargados de demagogia y cortoplacismo.
Es hora de que los costarricenses tengamos claro que la solución al problema de infraestructura, además del Gobierno, pasa por el esfuerzo de cada uno de nosotros.
El reto es responsabilidad de TODOS.
Federico Villalobos Carballo Economista, especialista en Alianzas Público -privadas
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