Opinión

Ilegalidad y pobreza

Actualizado el 19 de mayo de 2015 a las 12:00 am

Sobran instituciones y funcionarios para ayudar a los más necesitados

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Ilegalidad y pobreza

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El plan anunciado por el Gobierno, el 26 de marzo, llamado Puente al Desarrollo, para luchar contra la pobreza, me gusta a pesar de que siempre he sostenido que nombrar a un presidente ejecutivo con recargo de ministro sin cartera es, en cualquier campo, ilegal, así como administrativa y políticamente disfuncional. Sobre todo, en un ámbito donde la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo, la de Fodesaf, la de Niñez y Adolescencia, la del IMAS inclusive y, sobre todo, la Ley General de la Administración Pública no dan lugar a confusión sobre quién debe dirigir, en el estricto sentido, este ramo.

Pero si los propios ministros de Trabajo han renunciado a serlo de Seguridad Social –y la Contraloría, la Defensoría, el Ministerio Público y la oposición se hacen de la vista gorda–, ¿para qué entorpecer yo una acción gubernativa encaminada a ordenar esta actividad en los términos en que hemos clamado por años que puede hacerse? Si el esfuerzo pega, ganarán los pobres y el país también.

El 2 de noviembre del 2002, del entonces presidente Pacheco, recibí una nota para agradecer una serie de observaciones y recomendaciones para el mejoramiento social “tan importante para el bienestar y desarrollo de los costarricenses”.

Se refería a un trabajo de lucha contra la pobreza que un economista y el suscrito elaboramos por solicitud del entonces rector de la Universidad de Costa Rica, Gabriel Macaya, con un conjunto de fundamentadas e integrales prospecciones que le ganarían la lucha a este flagelo, y que coinciden en casi todo con el plan anunciado ahora por el presidente del IMAS.

Por desgracia, tales recomendaciones nunca fueron ejecutadas, pues en el difuso Consejo Social de entonces hubo recelos y confusión, mas nunca voluntad y liderazgo políticos superiores para confrontarlos.

Retomar las ideas. Me parece noticia importante que doce años después una administración emprenda un empeño integral como el que entonces propuso la UCR, lo cual habría sin duda ya disminuido notoriamente la pobreza, pues resulta más que históricamente evidente que el mero mercado y la generación de empleo no son ninguna “vía rápida” para sacar a los pobres extremos de su inaceptable injusta situación.

Hay multimillonarios recursos y sobran instituciones y funcionarios para intentarlo en serio, ya. Ha faltado la visión, el liderazgo y la disciplina requeridos, pero, sobre todo, una transparencia más allá del falso autobombo que tantos políticos y personajes aquí proclaman de la boca para afuera.

Sigue sin convencerme que el liderazgo político esté en manos del IMAS y creo un error que el PANI no sea el protagonista de impulsar y asegurar la mejor atención integral de la familia. Tampoco tengo claro cómo entran los actuales beneficios de becas en relación con los aún insuficientes ¢75.000 por familia, ni cómo replantearán, en este mismo contexto, los comedores escolares que por una mal entendida igualdad han hecho obesos a niños que no requieren tales comidas y empobrecido la dieta de quienes sí las requieren.

Espero que se haya valorado con sentido pragmático que si se cambia de repente el ius variandis de los cientos de viejos funcionarios que se las han agenciado para acabar haciendo labores de oficina cuando debieron haber sido precisamente de campo, estos recurrirían en tropel a la Sala IV y hasta ahí llegaría el ímpetu del Gobierno y las esperanzas de los pobres.

Sí esperamos que, por fin, se canalicen los 44 o tantos beneficios disponibles simultáneamente a las familias en pobreza extrema, y que ello se haga mediante un sistema de registro de beneficiarios obligatorio para tantas instituciones, que igual propusimos desde el 2001 a través del PNUD. Hay que tomar en cuenta un componente de vivienda, así como de capacitación con financiamiento posterior para que luego pueda cada familia nadar por cuenta propia.

Oportunidad. Aun en este contexto de craso desvío o desperdicio de recursos humanos y de ausencia del verdadero e insustituible Poder Ejecutivo, se augura que el plan puede funcionar si se da una eficaz labor articulada entre los ministros rectores del sector social; si el ministro sin cartera ejerce la potestad de dirección –mientras nadie lo recurra–, que la Ley General de Administración Pública confiere para domeñar a tantos otros jerarcas y a burócratas enajenados política y laboralmente por el PUSC y el PLN, y que, además, han sido tradicionalmente rejegos a someterse al rigor de una política única e integral de Gobierno; si se enfrenta a los muchos grupos sociales flagrantemente mañosos; si se saca provecho de los mecanismos participativos aquí y en las regiones que la Ley 5525 de 1974 pone en sus manos; y si legisladores, medios y organismos fiscalizadores finalmente aprenden a exigir cuentas al Poder Ejecutivo como deben y no a lo loco.

De mi parte, les deseo suerte a los verdaderos necesitados del plan. Al Gobierno, le pido voluntad, disciplina y coherencia, vislumbradas en el documento de la UCR del 2002. Mi hipótesis es que si alguien asume el liderazgo sociopolítico y administrativo superior sólidamente sustentado en la ley y el presidente no le falla o baja el piso por alguna circunstancia antojadiza, obtendrá logros sin precedentes.

Si, además, la oposición nos toma en serio, se desaletarga y ejerce control político, solo sobre el presidente del IMAS en su carácter de ministro sin cartera, pues de esta manera se constituye en Poder Ejecutivo junto con el presidente en este campo de actividad, cosa que nunca se ha hecho, pero que se debe y se pueder, aun en materia presupuestaria de tantos entes autónomos involucrados, será aún mejor. Toco, por supuesto, madera.

El autor es politólogo.

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