EscucharEn respuesta a declaraciones infundadas de la expresidenta Laura Chinchilla, Grupo Nación publicó una cronología para demostrar que la directriz presidencial limitando la conciliación de disputas fiscales se dictó para castigar a este diario por informaciones conducentes a la renuncia del ministro de Hacienda, Fernando Herrero, y de su esposa, Florisabel Rodríguez, en aquel momento asesora presidencial.
La expresidenta había afirmado que La Nación desató una “inexplicable” línea informativa en contra de su gobierno “coincidiendo con la emisión de esa directriz y con la reticencia a conciliar el caso”, que ella atribuye al entonces director general de Tributación Directa y al viceministro de Hacienda.
La cronología de los hechos, tal como sucedieron, demuestra exactamente lo contrario. En síntesis, el orden de los acontecimientos es el siguiente:
2 de abril 2012: Herrero y Rodríguez renuncian a raíz de investigaciones periodísticas de La Nación sobre la omisión de actualizar el valor de dos propiedades, una de las cuales se alquilaba a la Fuerza Pública con base en una valoración seis veces mayor al precio registrado.
12 de abril 2012: La presidenta Chinchilla firma una directriz para limitar la conciliación establecida por ley.
18 de abril 2012: El viceministro de Hacienda, Rowland Espinoza, firma una carta dirigida al Ministerio Público para notificarle la decisión de no conciliar con Grupo Nación sobre un posible arreglo del diferendo tributario surgido hace más de una década. Espinoza es miembro del equipo de consultores de Procesos, Investigación y Asesorías CA S.A., perteneciente a Rodríguez. La firma fue protagonista de uno de los escándalos de la Administración Chinchilla, a raíz de una contratación con Recope.
19 de abril 2012: La directriz se publica en La Gaceta un día después de haber sido aplicada al caso de Grupo Nación, demostrando inusitada impaciencia.
25 de abril 2012: El Diario Extra informa de la comunicación del Gobierno al Ministerio Público. Ese mismo día, el abogado de Grupo Nación se presenta en la Fiscalía para consultar sobre la comunicación, pero no estaba en el expediente ni entre los documentos por foliar. Desde Hacienda se había hecho llegar el documento a la prensa antes de presentarlo, siquiera, al Ministerio Público.
27 de abril del 2012: El documento por fin llega a manos de la autoridad judicial.
30 de abril del 2012: El documento se pone en conocimiento del abogado de Grupo Nación, cinco días después de haberlo publicado la prensa.
En una contrarréplica publicada ayer en estas páginas, la expresidenta evita referirse a esa cronología y, simplemente, corre las fechas para intentar desvincular hechos claramente vinculados según la relación antes descrita. Además, vuelve a faltar a la verdad.
Ahora resulta que la “inexplicable” línea informativa no se desató “coincidiendo” con la directriz y la “reticencia” a conciliar, sino en noviembre del 2011, poco después de que el viceministro Espinoza “deniega la posibilidad de un arreglo conciliatorio”, como “lo había hecho” su predecesora. Ya no hay “reticencia”, sino una decisión firme y honesta, adoptada seis meses antes de la directriz. Así se salva, además, que las principales publicaciones de La Nación sobre los problemas tributarios del Gabinete fueran anteriores a la directriz, no “coincidiendo” con ella.
El argumento en nada altera la cronología. Tampoco la explica, salvo que estemos dispuestos a creer en una coincidencia al revés: una súbita inspiración, coincidiendo con las renuncias del ministro y la asesora, lleva a la mandataria a emitir una directriz que deja sin efecto una ley, aunque la Presidencia no tiene esa potestad. La inspiración, que le aconseja proscribir una norma aplicada en todo el mundo como medida de sana administración tributaria, llega luego de cuatro años de doña Laura en la Vicepresidencia y dos en la Presidencia. Llevado por el arrebato de la inspiración, el viceministro aplica la directriz antes de publicarla, coincidiendo, desafortunadamente, con la renuncia de su amigo.
Pero resulta que el viceministro nunca denegó “la posibilidad de un arreglo”. El “pronunciamiento” citado por la presidenta y fechado el 21 de octubre del 2011 se refiere exclusivamente a la propuesta de conciliación presentada por Grupo Nación en ese momento, y no “deniega”, en términos generales y definitivos, “la posibilidad de un arreglo conciliatorio”.
Aún más, el “pronunciamiento” del 2011 admite “que, mediante los cheques N0005171 y N0005172, se efectuó el pago total de los impuestos generados por la venta de las máquinas rotativas…”, como lo ha dicho en reiteradas ocasiones el procurador penal. El viceministro objeta, sin embargo, que el pago se hiciera a nombre de un tercero y, por eso, se opone a la propuesta concreta de ese momento, aunque el procurador se había manifestado de acuerdo en aceptarla. Tampoco la viceministra del Gobierno anterior denegó “la posibilidad de un arreglo conciliatorio” y, en todo caso, aquella Administración nunca se quejó de una “inexplicable” línea informativa desatada por ese hecho.
La antecesora del viceministro Espinoza se manifestó, también, en desacuerdo con la propuesta concreta, no con “la posibilidad de un arreglo conciliatorio”. En todo caso, tanta correspondencia solo demuestra la existencia de continuas conversaciones, propuestas, acuerdos y desacuerdos, como sucede en cualquier proceso de conciliación.
La existencia de esas conversaciones la confirma también doña Laura cuando relata que “en diversas ocasiones funcionarios de la Administración recibimos a representantes del Grupo Nación…”. Según la presidenta, esas visitas siempre concluyeron con la reiteración de “nuestro respeto a las instancias técnicas y judiciales involucradas en el proceso. Es así como, en abril del 2012, el Ministerio de Hacienda vuelve a reiterar su negativa a conciliar en este caso”.
La realidad es otra. En abril del 2012, el Ministerio de Hacienda descarta, por primera vez, toda posibilidad de conciliar citando la directriz de la mandataria, derogada por el actual Gobierno precisamente porque “impone a la Procuraduría General de la República límites y reglas, vía directriz, en cuanto a la potestad de conciliar o aceptar una reparación integral del daño en los delitos de evasión fiscal, por lo que dicha directriz resulta inconstitucional, pues con ella no solo contraría las competencias atribuidas por el legislador a la Procuraduría General de la República, sino que, además, se excede en las atribuciones constitucionales otorgadas a la Presidencia…”.
Ese es el “respeto a las instancias técnicas y judiciales” esgrimido por doña Laura para defender la directriz hecha a la medida de una empresa cuya línea informativa le resultó molesta. Desafortunadamente, no hay prueba de lo conversado con la Administración en procura de un acuerdo, pero basta apelar a la lógica y el sentido común para comprender que no habría habido “diversas” reuniones si, desde la primera, los funcionarios de la Administración hubieran contestado con un “no” firme y honesto. Las conversaciones versaron sobre la posibilidad de un acuerdo, aun en el marco de la directriz ilegal, porque en ella se contemplan excepciones. Los funcionarios se mostraron anuentes a considerarlo. De lo contrario, una visita habría bastado.
La cronología y el primer comunicado de doña Laura no dejan lugar a dudas. En él, la expresidenta se opone a la derogatoria de su directriz con exclusivas referencias a los medios de comunicación y, obsesivamente, a Grupo Nación. El exministro Herrero se suma argumentando que la conciliación “es indeseable, en especial en el caso de medios de comunicación”. Hemos recibido, pues, un trato especialísimo y repugnante para el Estado de derecho.
Pero, si de correr las fechas se trata, es preciso recordar los motivos de disgusto de la Administración antes de noviembre del 2011. Para entonces, su Gobierno ya había izado la bandera en isla Calero para luego dejarla en manos de las tropas nicaragüenses, cuya invasión estuvo precedida de equívocos intercambios de correspondencia. La Nación había informado, también, de cómo la Admi-nistración dejó a los diputados en el aire luego de respaldar su intención de aumentarse el salario, y del pago de $500.000 por un video de campaña a un familiar de la mandataria. Los ministros de Ciencia y Tecnología, Deportes, Presidencia y Seguridad ya habían renunciado, algunos en medio de críticas, y La Nación había señalado la demagogia detrás del plan para traspasar recursos y competencias a las municipalidades. Fue la época en que el ministro encargado se ufanó de haberle metido un “gol” a la mandataria.
Después de noviembre del 2011, los desaciertos se multiplicaron. Son muchos para hacer un inventario, pero informamos de ellos con mesura y sujeción a los hechos más relevantes, como ocurrió con el célebre avión a Perú, cuando no nos detuvimos a dar detalles sobre otros invitados a la fiesta. Pero, también después de noviembre del 2011 y luego de emitida la famosa directriz, La Nación apoyó el curso seguido en el diferendo con Nicaragua, aplaudió los logros en seguridad ciudadana, las mejoras en educación y siguió defendiendo el paquete tributario, entre muchos otros ejemplos.
El compromiso con el periodismo nos impide perseguir a nuestros perseguidores.
