Opinión

Gobierno Nacional para el periodo 2018-2022

Actualizado el 04 de abril de 2016 a las 12:00 am

Costa Rica no está en crisis, pero no podemos sentarnos en los laureles

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Gobierno Nacional para el periodo 2018-2022

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Para enfrentar las serias consecuencias económicas (déficit fiscal, crisis cambiaria, alto desempleo) de la Gran Recesión que estalló en octubre de 1929 en Wall Street, los partidos políticos británicos acordaron crear un gobierno de unidad nacional en 1931. El National Government, tal como se denominó, continuó, con vaivenes, hasta 1945, sirviendo de herramienta política para en democracia enfrentar no solo las secuelas de la crisis económica sino también la guerra contra la dictadura nazi.

Tanto la situación económica como la guerra facturaron con enormes sacrificios a la población. Pero al final, los sucesivos gobiernos nacionales (liderados desde diferentes partidos por MacDonald, Baldwin, Chamberlain y Churchill) lograron sacar el país adelante.

Costa Rica no está en crisis, pero no podemos sentarnos en los laureles. Los déficits en el comercio exterior y en las finanzas públicas, el alto nivel de desempleo, los índices de pobreza y desigualdad, la evasión tributaria, el crecimiento desbordado en la proporción del gasto estatal destinado a remuneraciones y, sobre todo, la incapacidad del sector público para ejecutar de manera eficiente los presupuestos destinados a infraestructura y al combate a la pobreza son problemas cada vez más preocupantes. Si no se atienden, la crisis –o al menos el estancamiento– será inevitable.

Para enfrentar estos y otros importantes desafíos y para dar el salto al desarrollo se requiere un sistema político capaz de tomar y ejecutar decisiones.

Pero precisamente aquí yace el problema medular de Costa Rica. La ineficiencia en el Poder Ejecutivo y en el Legislativo es colosal, excepto cuando se trata de decisiones triviales o simbólicas o de la ejecución de los presupuestos destinados a viajes, consultorías, salarios de lujo, propaganda, etc.

Ante la incapacidad para enfrentar los desafíos sustantivos del país, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo, el tiempo, la energía y el diálogo político reiteradamente son fagocitados por temas solo marginalmente vinculados a la destrucción de los obstáculos y a la construcción de las herramientas para el desarrollo, respectivamente. Lucramos de logros históricos cada vez más incapaces de dar respuestas y cada vez más urgidos de reformas sustantivas.

Existen numerosos diagnósticos sobre cuáles son esas reformas, pero mientras no recompongamos la capacidad para tomar y ejecutar decisiones, no pasaremos de estudiar y actualizar diagnósticos.

Tenemos que lograr eficiencia en la toma y ejecución de decisiones, pero en el marco de la democracia. Si no avanzamos en esta dirección, si permitimos que se profundice un sentimiento de “fatiga democrática” no podemos descartar que se materialice la aventura populista soñada por algunos o el delirio de otros por el “hombre fuerte”.

Está demostrado que lograr acuerdos sobre transformaciones de fuste una vez que un partido está en el poder es prácticamente imposible. El acuerdo Calderón-Mora-Sanabria que permitió la gran reforma social es una de las pocas excepciones.

Por ello he sugerido a los partidos políticos que se pongan de acuerdo para conformar, en los próximos meses, las bases de un Gobierno Nacional para el período 2018-2022 (como mínimo), con el fin de que impulse las transformaciones sustantivas más urgentes.

Cinco temas. Creo que los temas a trabajar por un Gobierno Nacional deben enfatizar el funcionamiento, no la ideología, del sector público; su productividad, no sus funciones. Los temas deben desagregarse en objetivos y en las herramientas para materializarlos, especificadas al nivel de acción, decreto o ley, según sea el caso.

A manera de ejemplo, los partidos podrían comprometerse a acordar cambios sustantivos en los siguientes cinco temas: Eficiencia en la ejecución de presupuestos de inversión pública; eficiencia en la ejecución de presupuestos destinados a combatir la pobreza; remuneraciones en el sector público; evasión tributaria; y ética en la función pública.

Los partidos se comprometerían a incorporar en sus programas de gobierno y en sus manifiestos de campaña el detalle de las transformaciones y los períodos de implementación. También se comprometerían a que todo aspirante a diputado impulsará y otorgará máxima prioridad a las herramientas que requieran de cambios legales.

El proceso de negociación debe llevarse a cabo durante lo que resta del 2016 y debe culminar en el primer trimestre del 2017. Esto es necesario para que todo aspirante a Zapote y a Cuesta de Moras asuma el compromiso con los términos, contenidos y condiciones del Gobierno Nacional, antes de que se emita el primer voto, ya sea en convenciones nacionales o en las asambleas de los partidos.

Los partidos participarán individualmente en el proceso electoral y el gobierno lo presidirá el candidato o la candidata del partido que gane las elecciones, pero en la selección de los jerarcas de ministerios y otras instituciones participarán todos los partidos que sean parte del acuerdo, en proporción a los votos obtenidos

Punto de partida. Como primer paso, al Gobierno Nacional se debe invitar a los jerarcas de todos los partidos políticos. He enviado una carta a los que hoy tienen representación legislativa, con el fin de determinar cuáles estiman que esta es la ruta correcta. En la carta sugiero el 31 de julio como fecha límite para expresar interés en el proceso.

Para seguir adelante se debe lograr el concurso de suficientes partidos como para garantizar que se contará al menos con 38 diputados (mayoría calificada) de los que resulten electos para el período 2018-2022. Si no hay certeza de superar ese umbral, será difícil cristalizar las reformas, por lo que no valdrían la pena los esfuerzos para continuar por la ruta de un Gobierno Nacional.

Esperaría que todos los partidos se interesen en participar y sean parte de la revolución eficientista que le urge al sector público costarricense.

Si se genera una ola de interés en la población, no tengo ninguna duda de que más partidos y más políticos buscarán ser parte del proceso. En esas condiciones se puede ampliar la agenda de acuerdos sustantivos a mucho más de cinco temas.

El segundo paso –la convocatoria a los partidos que muestren interés y la coordinación del proceso– debe darlo gente de fuera de la política, y, sobre todo, personas sin aspiraciones a ningún cargo público. Lo mejor es que convoquen rectores o exrectores, el Estado de la Nación, algún líder sindical respetado, la Defensoría o el conjunto de este tipo de personas.

A quien asuma la responsabilidad de liderar el proceso entregaré las respuestas que reciba a la carta que he enviado a los partidos.

Podemos optar por seguir por la ruta de la ineficiencia, sumergidos en luchas partidarias, autoengañándonos con “victorias” a veces pírricas para el país y agrandados por acuerdos sobre lo baladí; podemos seguir marchando por trillos intimidados aun por pequeños montículos, lo cual significaría que Costa Rica no supere su linaje de promesa incumplida. O podemos unirnos para perforar la gran roca y obtener victorias que abran el sendero para que en unas tres décadas lleguemos a ser la Escandinavia de América.

Puede ser que un Gobierno Nacional configurado de acuerdo a lo aquí esbozado no baste, pero estoy seguro de que tampoco será un obstáculo para encontrar ese sendero.

El autor es diputado del PAC.

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