EscucharPRINCETON – “Me voy a quitar la vida hoy alrededor del mediodía. Es hora”. Con estas palabras, publicadas en la web, Gillian Bennett, una neozelandesa de 85 años residente en Canadá, comenzó a explicar su decisión de poner fin a su vida. Bennett sabía desde hacía tres años que sufría de demencia. En agosto, la demencia había progresado a tal punto que, según ella misma lo dijo: “Prácticamente me he perdido”.
“Quiero terminar con esto”, escribió Bennett, “antes de que llegue el día en que ya no pueda evaluar mi situación o hacer algo para poner fin a mi vida”. Su marido, Jonathan Bennett, un profesor de filosofía retirado, y sus hijos respaldaron su decisión, pero ella se negó a que la ayudaran de alguna manera en su suicidio, ya que eso los habría expuesto al riesgo de una sentencia de 14 años de prisión. Por lo tanto, tenía que dar los pasos finales mientras todavía estuviera en condiciones de hacerlo.
Para la mayoría de nosotros, afortunadamente, la vida es valiosa. Queremos seguir viviendo porque tenemos cosas que anhelamos hacer o porque, en términos generales, la vida nos parece placentera, interesante o estimulante. A veces queremos seguir viviendo porque hay cosas que queremos alcanzar o gente cercana a la que queremos ayudar. Bennett era bisabuela y, si todo hubiera andado bien, habría querido ver crecer a la próxima generación.
La demencia progresiva de Bennett la privaba de todas estas razones para querer seguir viviendo. Eso hace difícil negar que su decisión fuera racional y ética a la vez. Al suicidarse, no estaba renunciando a nada que quisiera, o pudiera razonablemente valorar. “Todo lo que pierdo es una cantidad indefinida de años de ser un vegetal en un ambiente hospitalario, comiéndome el dinero del país, pero sin tener ni la más mínima idea de quién soy”.
La decisión de Bennett también fue ética porque, como sugiere la referencia al “dinero del país”, no estaba pensando solo en ella. Los detractores de la eutanasia voluntaria legal o del suicidio asistido por un médico suelen decir que, si se modificara la ley, los pacientes se sentirían presionados a terminar con sus vidas para evitar ser una carga para los demás.
La baronesa Mary Warnock, la filósofa moral que presidió la comisión del Gobierno británico responsable del Informe Warnock, de 1984, que estableció el marco para la legislación pionera de su país en materia de fertilización in vitro e investigación embrionaria, no está de acuerdo. Ella sugiere que no tiene nada malo sentir que uno debería morir por el bien de los demás, así como por el suyo propio.
En una entrevista publicada en el 2008, en la revista Life and Work ( Vida y trabajo ) de la Iglesia de Escocia, Warnock respaldó el derecho de quienes sufren de una manera intolerable a poner fin a sus vidas. “Si alguien absolutamente, desesperadamente, quiere morir porque es una carga para su familia o para el Estado”, sostuvo, “entonces creo que se le debería permitir morir”.
Como el servicio de salud pública de Canadá ofrece atención a la gente con demencia que no puede cuidarse por sí sola, Bennett sabía que no sería una carga para su familia; de todos modos, le preocupaba la carga que le impondría a las arcas públicas. En un hospital podría sobrevivir otros diez años en un estado vegetal, a un costo que estimaba, en términos conservadores, en alrededor de entre $50.000 y $70.000 por año.
Como Bennett no se beneficiaría de seguir viva, lo consideraba un despilfarro. También le preocupaban los trabajadores de la salud que tendrían que ocuparse de ella: “Las enfermeras, que siempre creyeron que se habían embarcado en una carrera que tenía un significado importante, se encuentran eternamente cambiando pañales e informando sobre los cambios físicos de una cáscara vacía”. Esa situación sería, según sus propias palabras, “absurda, antieconómica e injusta”.
Algunos objetarán la descripción de una persona con demencia avanzada como una “cáscara vacía”. Pero, habiendo visto cómo esta enfermedad se apoderó de mi madre y de mi tía –las dos, mujeres dinámicas e inteligentes que terminaron reducidas a yacer, inconscientes, en una cama durante meses o (en el caso de mi tía) años–, a mí me parece absolutamente certera. Más allá de un cierto estado de demencia, la persona que conocíamos ya no está.
Si la persona no quisiera vivir en esa condición, ¿qué sentido tendría mantener el cuerpo? En cualquier sistema de atención médica, los recursos son limitados y deberían utilizarse para una atención que es deseada por el paciente o de la cual el paciente se beneficiará.
Para la gente que no quiere seguir viviendo cuando la mente ya la abandonó, decidir cuándo morir es difícil. En 1990, Janet Adkins, que padecía del mal de Alzheimer, viajó a Michigan a poner fin a su vida con la colaboración del doctor Jack Kevorkian, quien fue ampliamente criticado por ayudarla a morir, ya que, en el momento de su muerte, la mujer todavía estaba lo suficientemente bien como para jugar al tenis. Ella eligió morir de todas maneras, porque podría haber perdido el control sobre su decisión, si la hubiera demorado.
Bennett, en su declaración elocuente, soñaba con el día en que la ley le permitiera a un médico actuar no solo con base en un “testamento en vida” anterior que prohíba cualquier tratamiento que prolongue la vida, sino también que exija una dosis letal cuando el paciente se vuelve discapacitado en un grado específico. Ese cambio eliminaría la ansiedad que tienen algunos pacientes con demencia progresiva de que vivirán demasiado tiempo y se perderán la oportunidad de terminar con sus vidas. La legislación que Bennett sugiere le permitiría a la gente en su estado vivir todo el tiempo que quisiera, pero no más que eso.
Peter Singer es profesor de Bioética en la Universidad de Princeton y profesor laureado en la Universidad de Melbourne. © Project Syndicate.
