EscucharDiecisiete mil leyes es lo que ha aprobado el Congreso a la fecha, sin que nos preocupáramos, hasta hoy, por un estudio serio sobre la pertinencia de toda esta normativa. Esto motivó a la Asamblea Legislativa a suscribir, hace un año, un convenio con el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica para así poder empezar un proyecto que tardó en llegar casi toda nuestra vida democrática.
Este trabajo ya empezó y ha rendido sus primeros frutos; de tal forma, se logró entregar al presidente de la Asamblea Legislativa el primer proyecto de ley, donde se deroga un primer paquete de normas caídas en desuso, contradictorias y obsoletas (ciento noventa y seis en total). Se inicia un largo camino por recorrer, pero que es necesario en aras de garantizar la seguridad jurídica.
Como bien lo ha definido nuestra Sala Constitucional en su jurisprudencia, la seguridad jurídica “es la situación del individuo como sujeto activo y pasivo de relaciones sociales, que sabiendo o pudiendo saber cuáles son las normas jurídicas vigentes, tiene fundamentales expectativas de que ellas se cumplan”.
En nuestro ordenamiento todavía siguen existiendo normas antiquísimas, como la declaratoria de guerra contra el Imperio alemán, contra el japonés, así como otorgarle una pensión a la mamá de Juan Santamaría, por citar algunos de los ejemplos más extremos que remarcan la imperiosa necesidad del trabajo de depuración que se ha realizado.
Como se establece en la exposición de motivos del proyecto, si no existe un proceso constante y ordenado de eliminación de leyes que ya han cumplido su función histórica, se socava gravemente el principio de seguridad jurídica pues tanto la Administración como el administrado no sabrán con certeza cuál es la norma que deberá aplicarse para dirimir una situación concreta, en virtud de la existencia de leyes que parecen regular la misma situación, aunque en diferentes estadios históricos.
Este esfuerzo también se enmarca dentro de la responsabilidad que le atañe a todo colegio profesional, dentro de su competencia, retomando y reforzando la idea de su papel en la sociedad, sirviendo como un instrumento de ayuda para todos y todas los habitantes de la República. Pero esta tarea titánica, que apenas comienza, no debe quedar ahí sino que este primer paso debe ser parte de una estrategia continua y sistematizada entre el Congreso y el Colegio. De lo contrario, de nada habría valido el esfuerzo realizado.
En ese sentido, deberá dársele a la Comisión de Depuración de Leyes, un lugar permanente dentro de la Asamblea Legislativa, cuyo trabajo servirá como antecedente y referencia para cualquier aprobación de normativa.
El Colegio ya mantiene en su seno esta Comisión Permanente, que es alimentada con treinta y cinco comisiones de trabajo en todas las materias del derecho (civil, penal, comercial, familia, notariado, ambiental, etc.), siendo integradas por profesionales de altísimo nivel profesional y académico, quienes entregan su trabajo ad honórem para los/las costarricenses. Ahora, como segunda etapa, continuará un trabajo arduo, consistente en el análisis de la normativa para hacer una depuración en cada materia, de acuerdo con el criterio objetivo de cada uno de los expertos.
Le toca ahora a la Asamblea Legislativa cumplir con su parte, aprobando este primer proyecto que, dada su trascendencia, esperamos pueda ser convocado en sesiones extraordinarias por el Poder Ejecutivo.
Gary Amador Badilla Presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica
