Depredando al INS

Siendo este un Estado de derecho, es nuestro deber acatar las resoluciones de los tribunales de justicia y no correr a hacer una ley para revertir esa decisión. Nos interesaba conocer el nivel de apoyo que tiene entre los agentes el proyecto y, con ocasión de una negociación favorable para los señores agentes, se les pidió que manifestaran por escrito si estaban en contra del proyecto, como condición para concretar esa negociación. Algunos lo hicieron, otros no. ¡Por ello nos denuncia ahora el diputado Céspedes!

Motivados por la voracidad.

Usar la excusa de ayudar a la CCSS no es de recibo para que unos pocos quieran revertir el fallo de los tribunales. No es la CCSS la razón de fondo de esta pretensión, sino la voracidad de algunos. Los agentes que quieran dejar de ser empresarios independientes y abandonar el sistema de comisiones, con el que trabajan hoy y pasar a trabajar como asalariados, pueden hacerlo. Hasta hoy nadie lo ha hecho. Deben tener claro que se les hará contrato laboral de conformidad con el Código de Trabajo, jamás al amparo de la Convención del INS. Todos los que quieran, en esas condiciones, pueden ya suscribir el contrato laboral.

El INS ya no es un monopolio. Si queremos que sobreviva no podemos seguir cargándole excesivos sobrecostos convencionales, por la sencilla razón de que las empresas competidoras contratan sus fuerzas laborales conforme al Código de Trabajo, lo cual hace una gran diferencia en los costos de operación.

La Asamblea Legislativa deberá decidir si quiere o no que el Instituto Nacional de Seguros subsista o desaparezca. Obligar al INS, por ley, a contratar a los agentes al amparo de la convención colectiva implica quebrar la institución, pues el costo de las pólizas del INS sería mayor que el de los competidores. Es obvio que esto dejaría al INS en clara desigualdad en comparación con las empresas de la competencia, que pueden contratar sin convención colectiva, abusiva en extremo. Por ejemplo, el 63% de la población del Instituto Nacional de Seguros tiene cuarenta y dos días de vacaciones. Se van hoy y vuelven dentro de cuarenta y dos días. Ni en Alemania...

Eso persigue el proyecto de ley, solo para proteger a un puñado de agentes, muchos con grandes ingresos. En la liquidación laboral de 1994 a 2000, el señor presidente de la Asociación de Agentes recibió del INS ¢513 millones, a valor presente. Otro de los señores agentes cobró lo que hoy serían ¢1.659 millones, calculados por los actuarios del Instituto. ¿Eso es lo que quieren de nuevo? La indemnización total pagada por el INS a todos los agentes montó a ¢76.367 millones, traída a valor presente. Sumas multimillonarias que nacen, precisamente, al amparo de la convención colectiva.

Eso es lo que pretende convertir en ley el Sr. diputado Walter Céspedes. No sin mi clara oposición, mientras yo sea el jerarca de la institución. Causa asombro ver, codo a codo en la defensa del proyecto Céspedes, al sindicato del INS. ¡Cosas veredes, Sancho amigo!

Me parece bien que la gente que trabaje gane dinero. Me parece bien que los agentes que se esfuerzan ganen mucho. ¿Por qué quieren convertirse en asalariados, con salarios correspondientes a sus comisiones, que para algunos son más de $400.000 al año y con convención? Fácil: para aplicarle a esas sumas la convención colectiva y que las indemnizaciones alcancen otra vez sumas astronómicas y tener cuarenta y dos días de vacaciones.

Lo que no me parece nada bien es que algunos pretendan seguir depredando al INS en la misma medida en que se hizo en el período1998-2002, mientras el partido de don Walter estaba en el poder y el mismo don Walter era diputado de Gobierno. Ahora me denuncia por mi férrea posición contra sus desmedidas pretensiones. ¿Por qué don Walter, entonces diputado, no denunció igualmente a la más alta autoridad del INS y de la Presidencia de la República, que depredaron al INS por miles de millones, como nunca antes nadie en la historia lo había hecho? ¿Habrá sido por ética?

Convenciones abusivas. Las prebendas de la Convención no son conquistas sociales; son un producto perverso de la flojera y el facilismo de administradores públicos malos e incapaces. No puede llamarse conquista social a lo que solo favorece a la milésima parte de la población trabajadora. Conquistas sociales son las de carácter universal que sí favorecen a todos los ciudadanos por igual, tales como el Código de Trabajo y la Caja Costarricense de Seguro Social. Jamás lo pueden ser convenciones en extremo abusivas, que contribuyen al encarecimiento generalizado de bienes y servicios en el país.

No es justo que ciudadanos que no disfrutan de esas prebendas convencionales, que son la inmensa mayoría en Costa Rica, sigan cargando en sus espaldas los costos de más y más prebendas, que solo favorecen a pequeños grupos de interés. No sería justo que esta Asamblea Legislativa propiciase legislación en contra de los intereses de las grandes mayorías, para favorecer a unos pocos, entre los cuales hay empresarios connotados, dentro de los señores agentes. Los respeto y me encanta que sean empresarios con patrimonios multimillonarios, pero no respeto su afán depredador a costa del INS y de la Hacienda Pública. Muchos de ellos forman parte de un estrato superior de ingresos, que más del noventa y nueve por ciento de los ciudadanos se desearía.

Esto es lo que pretende en el fondo el proyecto Céspedes disfrazado con la piel de oveja de la defensa de la CCSS. Pienso que aprobar este proyecto sería burlarse de esa masa mayoritaria de trabajadores que recibe de cesantía un ocho treinta y tres, minorado en lo que se aplica a los pilares de la Ley del Trabajador. Eso es lo que recibe el trabajador normal en este país. Si a todos los costarricenses les pudiéramos aplicar los parámetros de la Convención del INS, bienvenido, pero el país no tiene una economía para aguantarlo. Por tanto, lo que no es para todos, no es de recibo.