Hace casi 17 años se decidió como prioridades poner las compras públicas y el cobro de impuestos en línea y dotar de correo electrónico gratis a todos los ciudadanos.
Las compras en línea reducirían el gasto (había evidencia de sobra del efecto de la transparencia en los procesos de adquisiciones, tanto públicos como privados), los impuestos en línea aumentarían los ingresos y el correo electrónico era el primer servicio digital que se quería universalizar (Gmail no existía).
El primer esfuerzo para poner las compras públicas en línea (e-procurement) lo hizo el Ministerio de Hacienda, con el desarrollo de CompraRed, el cual fue desarrollado localmente, porque México ofreció regalar uno cuyo costo de implementación costaba varios millones de dólares, pero nunca fue lo suficiente transparente para generar menores precios.
Este sistema era básicamente un caballo de hierro: las ofertas se hacían en papel y luego se enviaba una copia digital (foto), no cubría todo el proceso de compra (terminaba con la adjudicación), no utilizaba un código único y estandarizado de productos, por lo cual no podía garantizarse que todos los proveedores interesados se enteraran de las compras. Obviamente, no creció el número de oferentes, ni se redujeron los precios, tampoco se redujo el costo de los procesos de compra.
Llegada de Mer-Link. Ante la falta de beneficios en este primer esfuerzo, el gobierno aceptó la donación del sistema de compras de Corea e invirtió cerca de $13 millones (aportados por el ICE) para adaptar y poner en funcionamiento Mer-Link, el cual entra en operación, oficialmente, en octubre del 2013.
En enero del 2014 se emitió un decreto ejecutivo para hacer de Mer-Link el sistema único del Gobierno Central. Pero bastante antes, había iniciado la pugna entre Mer-Link y CompraRed, difícil de comprender, pero con una inversión de tiempo y esfuerzo que ha logrado mantener a CompraRed funcionando hasta el día de hoy.
El nuevo gobierno, a mediados del 2014, detuvo Mer-Link. El 15 de enero del 2015 emitió un decreto anulando el de un año antes y definiendo a Sicop como el nuevo sistema único de compras públicas (supuestamente unificando Mer-Link y CompraRed, pero en realidad solo le cambió el nombre a Mer-Link), este decreto también fija diciembre del 2016 como fecha máxima para terminar la implementación del sistema único.
El 16 de enero del 2015 la Contraloría instruyó al Ministerio de Hacienda para que este fuera el sistema único de compras que funcionara en todas las instituciones del Gobierno Central en junio del 2016.
Pero como los decretos ejecutivos solo tienen poder sobre el Gobierno Central, la Asamblea Legislativa, en setiembre del 2016, promulgó la Ley 9395, donde modifica la 9474 –Ley de Contratación Administrativa–, de manera que todas las entidades del sector público deban utilizar el sistema único de compras públicas, y fija el plazo en un año, o sea, para setiembre del 2017 todo el sector público debería estar haciendo sus compras con el mismo sistema.
Contradicción. En abril de este año, Hacienda emitió otro decreto que pretende reglamentar la ley 9395, pero la contradice, pues no solo incumple el plazo de puesta en funcionamiento definido en la ley, sino también decreta la posibilidad de excepciones por medio de las cuales es posible hacer compras con expediente de papel para siempre.
La noticia del reglamento de la Ley 9395 convenció a muchos de que este gobierno terminará sin haber eliminado a CompraRed y sin haber incluido a las grandes instituciones que se han resistido a la transparencia de Sicop (Mer-Link).
A los pocos días, Hacienda lo confirma, al afirmar que la Ley 9395 no cubre a las instituciones que cuentan con normativa especial de contratación administrativa, y que, por lo tanto, no las pueden obligar a utilizar el sistema único.
Esto, a pesar de que la Ley 9474 en su artículo 1 establece : “Esta ley regirá la actividad de contratación desplegada por los órganos del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, el sector descentralizado territorial e institucional, los entes públicos no estatales y las empresas públicas”.
Resistencia. Desconozco si fueron las declaraciones de Hacienda las que incitaron a la Gerencia Administrativa de una gran institución a consultarle a su División Jurídica si estaban obligados a utilizar el sistema único de compras, o si sería al revés, que la consulta dio origen a las declaraciones, pero en cualquier caso estamos ante una clara resistencia a la transparencia.
Me parece también increíble que sea necesario promulgar leyes y decretos para obligar a los entes del Estado a utilizar un sistema capaz de brindar transparencia a las compras públicas. En el pasado algunas de estas entidades que se resisten han, incluso, esgrimido el argumento del costo de utilizar el sistema, lo cual es un sinsentido ya que el sistema genera ahorros cuantiosos.
Nadie habla abiertamente en contra de la transparencia, pero las acciones hablan más duro que las palabras.
El sistema único de compras públicas es una de la herramientas más importantes de la transparencia a la que está obligada el sector público, la base de datos que producen todos los procesos de compra será sumamente valiosa cuando esté completa, con todos los procesos de todas las instituciones, todas las ofertas de todos los posibles proveedores, todas las adjudicaciones y todos los resultados de todos los proyectos.
Con esa base de datos se deberá crear un “observatorio” en línea que permita a todos los ciudadanos producir y compartir todas las estadísticas que nunca se nos había ocurrido producir, así como las que siempre hemos querido y nunca hemos podido.
No es mucho pedir que el proceso de regulación del sistema único de compras sea también transparente, que se respeten las fechas establecidas, se deje de posponer la transparencia y se apaguen de una vez los sistemas opacos todavía en operación en varios lugares.
El autor es ingeniero, presidente del Club de Tecnología y organizador del TEDxPuraVida.