Desde la promulgación de la Ley N.° 7727: Resolución Alterna de Conflictos (RAC) y Promoción de la Paz Social, el Ministerio de Justicia, por medio de la Dirección Nacional de Resolución de Conflictos (DINARAC), viene invirtiendo recursos en el establecimiento de las Casas de Justicia, con las cuales se procura crear ideología que pretende promover una cultura de paz que permita reactivar los valores familiares y lograr relaciones asertivas, proponiéndose el reto de fomentarlos en los diferentes componentes sociales.
Estos centros de atención de conflictos están conformados por gestores y mediadores que reciben una ardua y conveniente capacitación, donde se inculcan las técnicas más efectivas para resolver problemas urbanos de una forma más sencilla y accesible, al descongestionar las vías judiciales tradicionales.
Una visión simplista llevaría a concluir que el esfuerzo realizado es demasiado grande para los resultados obtenidos, pero este argumento es falso cuando se penetra con profundidad en el proceso. Ahí se puede concluir con convicción que el modelo es efectivo aunque de resultados silenciosos.
Existen varias aristas por considerar dentro de los beneficios: la institucionalidad judicial ve disminuido su flujo de procesos que se resuelven de una forma más práctica por esta vía; aquí es donde el Estado obtiene la retribución por los recursos invertidos por medio del Ministerio de Justicia, ya que el sistema no se remunera de ninguna otra forma; los servicios son gratuitos, y los mediadores, que son debidamente formados, realizan su labor con base en el voluntariado.
Sin embargo, más que una visión en términos monetarios, la reducción de la sumatoria de las controversias particulares incide, positivamente, en la creación de bienestar social o el mejoramiento de la calidad de vida que trasciende, finalmente, en una actitud positiva para enfrentar los retos que impone el paso de los años. Es necesaria la sinergia positiva para llevar al país en vías de desarrollo.
Avances y limitaciones. La satisfacción obtenida por medio de todo el sistema es, además, expansiva: los mediadores reciben algún tipo de retribución curricular académica, como es el caso de algunas sedes. Otros, la satisfacción de aportar al mejoramiento de las condiciones sociales de los ciudadanos. Muchas de las situaciones de gravedad superflua todavía se ventilan en tribunales, lo que crea un desequilibrio frente a la capacidad de enfrentarlos.
Es indispensable desahogar el sistema judicial mediante este tipo de alternativas; sin embargo, el problema principal que enfrenta el modelo es de difusión.
Los medios de comunicación no han hecho su parte, dejando ante la óptica de todos los actores, miembros de nuestra sociedad, que realmente solo es relevante la difusión de la crisis y no los esfuerzos por superarla.
Es labor conjunta optar por la segunda propuesta; las herramientas y la capacidad demostrada según nuestros índices de alfabetismo y la institucionalidad que los aplica, lo permiten.
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