Ante la falta de propuestas para el país, los gobiernos de turno siempre buscan llenar el vacío firmando el siguiente TLC, privilegiando el glamour de firmar el nuevo tratado, en vez de la diligencia de administrar los ya firmados. La nueva propuesta de la administración Chinchilla Miranda es firmar otro tratado comercial, pero ahora con un bloque conocido como TPP por sus siglas en inglés (Trans Pacific Partnership). Está formado por países con los que en su mayoría ya tenemos suscritos TLC, como EE. UU., México, Canadá, Chile, Perú y Singapur. El TPP está tan lejos de nuestra idiosincrasia que asusta ver la forma en que nuestros gobernantes lo promueven como la pomada canaria y como si fuéramos ignorantes.
En materia de propiedad intelectual, el TPP es el CAFTA con esteroides. Busca ampliar, aún más, los monopolios privados en áreas críticas para la salud y agricultura. Se negocia en absoluto secretismo desde hace varios años, y sus textos fueron redactados por las corporaciones y sus cámaras de lobby para su propio beneficio. Lo poco que públicamente se conoce son los textos que se han filtrado. Veamos qué impone el TPP más allá del CAFTA.
Patentes. Recordemos que las patentes otorgan monopolios por veinte años, así que estas obligaciones tienen un alto costo económico y social. El TPP es el primer TLC que obligaría a sus signatarios a patentar plantas, animales, métodos quirúrgicos, métodos de diagnóstico y métodos de tratamiento para seres humanos y animales. También obliga a los Estados miembros a patentar nuevos usos y formas de productos farmacéuticos y agroquímicos viejos, aun cuando no presenten absolutamente ninguna mejora en la eficacia del producto.
El TPP obliga a los Estados miembros a extender los monopolios de patentes más allá de los veinte años por atrasos en el otorgamiento de la patente por parte del Registro Nacional de la Propiedad Industrial. Si bien es cierto este requisito también está en el CAFTA, el TPP acorta el plazo mínimo para que una patente califique para ser extendida. Por lo tanto, más patentes tramitadas en Costa Rica serán extendidas.
Las patentes de medicamentos también se extenderían por causas adicionales, como atrasos en la aprobación de registro ante el Ministerio de Salud. De nuevo, estas extensiones de monopolio también están en el CAFTA, pero, al implementarse, la ampliación se limitó a un máximo de 18 meses adicionales. En el TPP este tope máximo sería de cinco años. Dado el sunami de patentes farmacéuticas y agroquímicas de poco valor inventivo que se están solicitando en Costa Rica por corporaciones transnacionales, prácticamente todas las patentes serán de 25 años.
Un punto sumamente peligroso es que el TPP prohibiría el procedimiento de oposición a una patente previo a su otorgamiento. Hoy, Costa Rica cuenta con un periodo donde terceros pueden oponerse a una patente en trámite previo a su otorgamiento. En este periodo empresas o personas pueden presentarle información al Registro de la Propiedad Industrial que evidencie la falta de novedad de una supuesta innovación descrita en una patente, con la cual el Registro evita el error de otorgar un monopolio indebido de hasta 25 años. Al prohibir el TPP la oposición previa al otorgamiento de la patente, solo quedaría el proceso judicial después del otorgamiento de esta y ese proceso puede durar más que la vida de la patente.
Protección de datos de prueba. Mediante la protección de los datos presentados al Ministerio de Salud para el registro de medicamentos o al Ministerio de Agricultura para el registro de agroquímicos, también se otorgan o extienden monopolios.
Por ejemplo, si una empresa farmacéutica presenta datos para registrar un nuevo uso de un medicamento viejo, se le otorga un uso exclusivo por tres años, aunque ya haya expirado la patente o el plazo de protección de los datos originales. Esta monopolización de productos viejos es algo nuevo en el TPP. El TPP también diferencia productos farmacéuticos químicos de productos farmacéuticos biológicos. Parece que estos segundos productos se van a monopolizar por muchos más años que los farmacéuticos químicos. Se habla de 12 años para la protección de esos datos, cuando en el CAFTA son cinco años.
Otra gran diferencia entre el TPP y el CAFTA es la definición de “producto nuevo” utilizado para delimitar qué está sujeto a estos monopolios. El CAFTA define “producto nuevo” de la misma manera para medicamentos como para agroquímicos. Se entiende como producto nuevo uno que no contiene una entidad química previamente aprobada. El TPP diferencia las definiciones de “producto nuevo” entre medicamentos y agroquímicos. La de medicamentos se mantiene como la del CAFTA, pero se define “producto agroquímico nuevo” como uno que contiene una entidad química que no ha sido previamente aprobada. Bajo esta fina distinción se podrán proteger cientos o miles de simples mezclas de agroquímicos viejos si al menos una entidad química de la mezcla es nueva. Esto viene a rescatar a las transnacionales agroquímicas que dejaron de innovar en el laboratorio y ahora innovan en legislación para extender sus añorados monopolios de productos viejos.
Otra gran imposición del TPP es que amarraría las manos del Estado costarricense para regular precios de medicamentos. Ante la crisis de la Caja Costarricense de Seguro Social, se ha iniciado una discusión en Costa Rica sobre la potestad del Estado para regular los precios de los medicamentos, los cuales parecen no tener límite de precio. El costo de un medicamento puede llegar hasta los $300.000 por año (sí, leyeron correctamente) para pacientes que se los tienen que tomar toda su vida. El TPP contiene un anexo sobre “Transparencia y Justicia Procedimental para Tecnologías de la Salud” con cuatro páginas de cláusulas que limitan el accionar (sic) del Estado en la regulación de precios de medicinas y maximizan el accionar de las “pobres” transnacionales farmacéuticas para neutralizar cualquier intento de regular precios.
En resumen, con el TPP podemos esperar más monopolios, monopolios más largos y monopolios en materia que antes no era protegible. Le dará control sobre nuestra salud y nuestra agricultura a las transnacionales titulares de estas patentes.
Esto no es capitalismo, ni mucho menos emprendedurismo. Esto es “corporativismo”, que pondría al Estado costarricense al servicio de las grandes corporaciones, eliminando el bien común.
Pueden leer los textos filtrados sobre propiedad intelectual en el Facebook, en Observatorio Ciudadano de la Caja .