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Alcances de la mesa de diálogo del IVM

Actualizado el 11 de julio de 2017 a las 10:00 pm

La mesa debe tamizar y discriminar cualquier ocurrencia que pueda dañar al IVM

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Alcances de la mesa de diálogo del IVM

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. (Adrian Soto)

La mesa de diálogo instaurada en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) tiene como objetivo recomendar a la Junta Directiva de la institución propuestas que, tomando como insumo de partida los escenarios del estudio actuarial de la Universidad de Costa Rica (UCR), permitan fortalecer la sostenibilidad a mediano y largo plazo del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

La legitimidad administrativa y jurídica de la mesa, y sus propuestas, existe en tanto se respete el alcance instituido por la Junta Directiva. Ese fue el mandato aceptado por cada uno de los miembros de la mesa al ser juramentados por la presidencia ejecutiva de la CCSS.

No obstante, existen anhelos de obviar o suplantar la autoridad constitucional y exclusiva de la Junta Directiva de la CCSS en la toma de decisiones finales sobre los seguros sociales. Si se quiere respetar el buen derecho, la mesa no debe, ni puede, ir más allá de lo indicado.

Lo anterior es necesario para comprender por qué el incremento de un punto porcentual no ha sido tema de discusión en la mesa. La cotización obrera claramente ha sido categorizada como una medida a corto plazo, pues responde a la conclusión n.° 1 del informe actuarial de la UCR, que indica que “el IVM se encuentra en un proceso de transición demográfica y financiera, caracterizado por una reducción del radio de soporte, un aumento en los costos sobre los salarios y un debilitamiento del cociente de reserva (…). El tercer indicador se redujo de 3,61 gastos anuales en el 2005 a 2,44 gastos anuales en el 2015, lo cual representa un deterioro del 32%”.

Ese incremento –que más que una reducción de salario debe bien entenderse como un ahorro colectivo depositado en el IVM– evita que en los próximos cuatro años se usen intereses de la reserva para el pago de pensiones, y permite que esos rendimientos se capitalicen integralmente.

Se atiende así la recomendación puntual de la UCR que, además de solicitar medidas urgentes a la Junta Directiva, claramente planteó como regla mínima “mantener el cociente de reserva alrededor de 2,5 veces los gastos anuales”.

Tarea. Lo que si corresponde a la mesa es tamizar y discriminar, mediante el diálogo y la evidencia, las propuestas jurídica y financieramente viables de cualquier ocurrencia que por inocente que parezca pueda terminar dañando la seguridad social y a sus asegurados.

Así, por ejemplo, en recientes declaraciones, el ministro de Trabajo, Alfredo Hasbum, propuso tomar recursos del Seguro de Salud (Régimen de Enfermedad y Maternidad) de la CCSS. Tal iniciativa es omisa de toda buena práctica de administración separada de fondos de la seguridad social, lo cual ha sido muy criticado en el pasado, incluso por los mismos grupos sindicales que hoy participan del diálogo.

No han pasado 10 años desde que se vivió la llamada crisis financiera del Seguro de Salud, y los órganos de fiscalización, supervisión y control no pueden permitir que la sanidad que se ha alcanzado en sus finanzas sea minada, descobijando imprudentemente a un santo para tapar a otro.

El desconocimiento que algunos actores manifiestan sobre la planificación estratégica de la CCSS, sobre sus programas de inversión plurianuales y la creación de fondos previsionales pondrían en inminente riesgo la capacidad del Seguro de Salud para responder a los problemas del perfil epidemiológico de la población, con los recursos que hoy –por falta de profundidad en el análisis– se valoran como “excedentes libres” en ese desafortunado planteamiento.

Proyecto. Más pertinencia y provecho tendría que el MTSS levante la bandera de impulsar, desde la mesa de diálogo y en las próximas sesiones extraordinarias, el borrador de proyecto de ley que había trabajado desde la Casa Presidencial, con apoyo técnico de la CCSS, para hacer realidad la contribución de las empresas del Estado prevista en el artículo 78 de la Ley de Protección del Trabajador (LPT), lo cual el ICE, el INS y algunos bancos públicos han eludido mediante reformas normativas posteriores o maniobras jurídicas poco coherentes con una visión unitaria de Estado y de desarrollo.

Si la actual administración y los diputados oficialistas presentaran e impulsaran ese proyecto de ley, complementario en su espíritu con un proyecto presentado por el diputado Gerardo Vargas junto con otros legisladores, podrían convocarse de inmediato voluntades y los votos suficientes del Partido Unidad Social Cristiana, de Liberación Nacional y del Frente Amplio, ente otras bancadas, para dar así una solución a la consecución de recursos parafiscales no asociados a las contribuciones tripartitas.

El autor es especialista en política social, excoordinador del equipo asesor de la Presidencia Ejecutiva de la CCSS 2014-2017.

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