EscucharTienen razón las principales potencias occidentales y los representantes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) al sentirse satisfechos por las elecciones en Afganistán, el pasado jueves. El desafío de la población a la violencia que campea en la mayor parte del país, y la valiente determinación de millones de personas que acudieron a las urnas para escoger a su Presidente durante los próximos cinco años, es tan esperanzadora como ejemplar.
En esos comicios, en los que también se eligieron 54 “consejos provinciales”, se presentaron 30 candidatos a la Presidencia; fueron abiertos, aproximadamente, 7.000 centros de votación a lo largo del territorio afgano (con áreas separadas para hombres y mujeres); hubo que utilizar 3.000 burros para transportar material electoral, y 17 millones de personas estaban registradas para votar. Se estima que la participación rondó entre el 40 y 50 por ciento, considerable dada la precaria situación de seguridad del país, pero muy por debajo del 70 por ciento de votantes que acudió a la elección previa, en el 2004, en las que resultó triunfador, por amplio margen, el presidente Amid Karzai.
Los resultados preliminares se espera que sean anunciados durante la primera quincena de setiembre; los definitivos, el 17. Si ninguno de los candidatos obtiene, al menos, el 50 por ciento de los votos válidos, habrá una nueva ronda, dos semanas después del anuncio. Tanto Karzai, que se presentó a reelección, como Abdulá Abdulá, ex ministro de Relaciones Exteriores y su principal contendor, reclaman la victoria.
Uno de los principales grupos de observadores, la Fundación para las Elecciones Libres y Honestas en Afganistán, anunció que se produjeron múltiples irregularidades electorales e, incluso, fraudes en regiones en que predominan los grupos étnicos de los que proceden Karzai (los pastunes) y Abdulá (los tayikos). Pero, a pesar de esto, las consideró como adecuadas y justas; es decir, legítimas.
El proceso, por tanto, ha sido exitoso, a pesar de sus imperfecciones. Nuevamente se ha puesto de manifiesto que la democracia es un valor universal, y que la expresión de la voluntad política mediante el voto supera cualquier otra pretensión de legitimidad para ejercer el Gobierno.
Sin embargo, así como hay razones para la esperanza y la complacencia, también las hay para la inquietud. Las elecciones y la determinación democrática de los afganos son un componente fundamental de la solución para la compleja situación del país. Pero de poco valdrían si el Gobierno que emerja de ellas no logra asumir, con adecuada responsabilidad, honestidad y eficacia, los retos que le corresponden, tanto en pacificación como en desarrollo. Porque de poco valdrán decenas de miles de militares de la OTAN si el Estado no funciona en lo básico.
Por desgracia, durante los ocho años que ha estado en el poder –tres como resultado directo de la intervención estadounidense y cinco tras la primera elección popular–, el desempeño de Karzai ha sido, por decir lo menos, desalentador.
Los $32.000 millones en ayuda externa recibidos desde entonces han tenido limitado efecto. La corrupción ha penetrado amplios sectores de la Administración. La influencia de los llamados “señores de la guerra” (jefes tribales) y de los poderosos narcotraficantes ha crecido a niveles inquietantes. Dos tercios del país carecen de mínima presencia del Estado. La infiltración de combatientes talibanes desde Paquistán no ha cesado, y no es sino hasta hace pocas semanas que la OTAN y, especialmente, Estados Unidos, han planteado un nuevo esquema de lucha antiinsurgente.
Por todo lo anterior, el desempeño del nuevo Gobierno será clave. Sea Karzai o Abdulá el ganador, se requerirán cambios esenciales para avanzar hacia mejoras sustanciales. Los millones de afganos que desafiaron las balas al acudir a las urnas lo merecen.
