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EDITORIAL

El problema del desempleo

Actualizado el 02 de febrero de 2015 a las 12:00 am

En el último trimestre del 2014, la tasa de desempleo abierto ascendió a un 10% de la fuerza laboral

La situación fiscal impide aumentar la planilla del Gobierno Central y sus instituciones para generar fuentes de empleo

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A pesar de las promesas formuladas al inicio de la presente Administración, no ha habido forma de disminuir la tasa de desempleo abierto. Al contrario, mientras que en el segundo semestre del año anterior fue del 9,1% de la fuerza laboral (8,3%, al final del 2013), en el último trimestre del 2014 ascendió a un 10% de la fuerza laboral. ¿Por qué no han sido capaces las autoridades de enfrentar con éxito uno de los problemas más serios que enfrenta la sociedad costarricense?

Según el último sondeo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la tasa de desempleo es mayor en la zona rural que en la zona urbana; también, entre las mujeres que entre los hombres, y entre los jóvenes que entre los adultos. Y, si al desempleo abierto general se le adiciona el subempleo (hombres y mujeres que no logran trabajar 40 horas por semana), y la denominada tasa de presión laboral (suma de desempleados más personas empleadas, total o parcialmente, con deseos o necesidad de cambiar de trabajo), la situación se complica aún más.

El subempleo alcanzó un 13,4% de la fuerza laboral, y la tasa correspondiente a la presión general, un 19,7%. Son cifras que, lógicamente, inquietan a la población, según los sondeos más recientes, incluyendo la última entrega de la Encuesta Sociopolítica, de noviembre del 2014, del Centro de Investigación y Estudios Políticos, y de la Escuela de Ciencias Políticas. El 21% de los encuestados señaló el desempleo como el problema más grave del país.

La respuesta convencional para enfrentar el problema es incrementar la tasa de crecimiento de la producción, pues ahí estriba la generación de empleo. Históricamente, cuando la economía se expande a tasas superiores al 5% real o, mejor aún, al 6% anual de manera sostenida, las posibilidades de aumentar las fuentes de trabajo en forma permanente se incrementan, reduciéndose concomitantemente el desempleo. Pero las perspectivas de crecimiento real de la economía nacional no son halagüeñas para el presente y próximo año, pues apenas rondan un 3,6% anual.

El crecimiento mundial tampoco contribuirá significativamente a la expansión de nuestras exportaciones y, con ellas, las oportunidades de trabajo. Más bien, el Fondo Monetario Internacional (FMI) acaba de revisar a la baja el crecimiento global para el presente año, situándolo en un 3,5% en términos reales (comparado con la previsión de un 3,8% real efectuada en octubre pasado). El despido de empleados de la transnacional Coca-Cola Company en todo el mundo, que probablemente salpicará a Costa Rica, es apenas un ejemplo de los muchos que se han registrado, como la salida de Intel y el cierre parcial de sus operaciones.

Todo lo anterior impone al Gobierno la necesidad de buscar otras fuentes y formas de impulsar el crecimiento y el empleo, sobre todo en los sectores y zonas más deprimidos. El problema no es sencillo de resolver y hay conciencia de que tampoco se pueden hacer milagros. Pero eso no implica que las autoridades deban permanecer indiferentes ni abstenerse de buscar soluciones eficaces.

La precaria situación fiscal impide aumentar la planilla del Gobierno Central y sus instituciones para generar fuentes de empleo permanentes, como en el 2008. Pero sí se podría reducir el gasto corriente para aumentar la inversión pública (aspecto que no se hizo suficientemente en el 2008) y estimular la producción, si hubiera suficiente voluntad política.

El año pasado, el Gobierno Central incrementó el gasto en inversión pública alrededor de un 17%, según la liquidación del presupuesto del 2014. Fue un esfuerzo positivo, pero insuficiente, habida cuenta del bajo nivel del que se partió. Este año probablemente rondará ese moderado nivel y se contará con algunos recursos externos, pero también será insuficiente. Entonces, el esfuerzo de crecimiento y empleo tendrá que provenir del sector privado. Y ahí, de nuevo, la situación se torna muy compleja.

Según diversos sondeos publicados en este medio, los planes de expandir la inversión y el empleo en el sector privado son muy limitados. El índice mensual de actividad económica que calcula el Banco Central ha venido perdiendo dinamismo en los últimos siete meses, señal de que la economía no despegará significativamente, aunque podría repuntar un poco por la reducción del precio de los combustibles.

En los sondeos de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep), la mayoría de los encuestados (61%) respondió que no pensaba amentar las fuentes de trabajo, y algunos de ellos (28%), más bien, habían reducido empleos en el pasado reciente. La Cámara de Agricultura informó de que, en los últimos dos años, se perdieron 26.000 empleos, y el panorama podría ser similar en el primer trimestre de este año. No en vano, la Uccaep decidió solicitar al Gobierno declarar de emergencia nacional la generación de empleo.

¿Qué pretenden los empresarios con una declaratoria de semejante naturaleza? Pareciera que la intención no es solicitar el uso de potestades discrecionales por parte del Poder Ejecutivo para emprender acciones por decreto, ajenas a los procedimientos convencionales previstos en leyes ordinarias, sino, más bien, alertar al Gobierno de lo que, en su opinión, está sucediendo en el sector productivo privado, y recomendar acciones que se han venido postergando por muchos meses.

Algunas de estas acciones tienen que ver con el abaratamiento de las tarifas eléctricas solicitado previamente, la apertura en los topes de la generación privada de energía y otros costos asociados a la producción que frenan las inversiones y la creación de nuevos emprendimientos empresariales, acelerar la contratación de proyectos de construcción en el ámbito público, restablecer el equilibrio macroeconómico, sobre todo en el ámbito fiscal, y, en general, crear un ambiente de mayor seguridad y confianza para la inversión. Creemos que tienen razón. El Gobierno debería valorar muy en serio lo solicitado por los empresarios. Al fin y al cabo, ellos son los que más pueden contribuir al crecimiento de la producción y generación de empleo.

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