Opinión

EDITORIAL

La política en los tribunales

Actualizado el 20 de julio de 2013 a las 12:05 am

La judicialización de la política, sobre todo en la jurisdicción penal, aleja del servicio público a ciudadanos capaces y conduce a la parálisis

El Estado no debe desatar investigaciones penales sin elementos suficientes para fundar un juicio de probabilidad sobre la comisión del ilícito

Opinión

La política en los tribunales

Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico.

El fallecido presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Luis Paulino Mora, inauguró el año judicial 2011 pronunciando un importante discurso que clamaba contra la judicialización de la política. El Poder Judicial, sostuvo el Magistrado, se ve arrastrado hasta un indeseable protagonismo en el campo político cuando los conflictos de esa naturaleza, y también los sociales, “terminan siendo resueltos por los jueces en distintas instancias, algunas veces penales, pero mayoritariamente constitucionales y contencioso-administrativas”.

El Dr. Mora también enfatizó la tendencia a crear o ampliar derechos sin tomar en cuenta la capacidad del Estado para satisfacerlos. Los conflictos desatados por el seguro incumplimiento contribuyen a engrosar la tarea de los jueces.

“Lo que no se obtiene en la arena política o por medio de las luchas sectoriales, termina siendo discutido y reclamado en estrados judiciales. Esto causa un protagonismo inusual –inédito históricamente– del sistema de justicia costarricense en el balance de poderes, si reparamos en que estas características se presentan apenas en los últimos 20 años de nuestros casi dos siglos de existencia como país”.

Esa, sin embargo, no es la única consecuencia. La judicialización de la política, sobre todo en la jurisdicción penal, aleja del servicio público a ciudadanos capaces, no dispuestos a arriesgar su buen nombre y el impacto económico y emocional de un proceso prolongado, a menudo más allá de la permanencia en el cargo.

El recurso de los tribunales también entraba la ejecutoria en la función pública al punto de conducir a la parálisis. Mejor que decidir es no arriesgarse. Los allanamientos y secuestros de documentos sustraen de los archivos materiales indispensables para proseguir importantes trámites y la sola intervención del Ministerio Público certifica, en la mente de amplios sectores de la población, la existencia de un delito. Así sufren la gobernabilidad y la credibilidad de los funcionarios, aunque al final no haya delito.

Por supuesto, el Estado no puede renunciar a perseguir los quebrantamientos de la ley, pero tampoco debe desatar investigaciones sin claridad en la notitia criminis ni elementos suficientes para fundar un juicio de probabilidad sobre la comisión del ilícito. No puede tratarse de una expedición de pesca, conducida por si acaso o para eliminar sospechas infundadas.

PUBLICIDAD

La culpa de la peligrosa evolución fechada por don Luis Paulino como propia de los últimos veinte años está bien repartida. Los partidos políticos y sus representantes en la Asamblea Legislativa saben que la denuncia penal, independientemente de sus méritos, produce puntos para el denunciante. Muchos diputados han intentado cultivar por esa vía la imagen de inflexibles defensores del interés público y adalides de la lucha contra la corrupción. La denuncia, sin embargo, casi nunca se dirige contra miembros del propio partido, salvo la existencia de un problema personal o una rencilla política.

La prensa también tiene una importante cuota de responsabilidad. Está demasiado ávida de dar cuenta de los hechos denunciados, sin detenerse a sopesar sus méritos y, con frecuencia, confundiendo la hipótesis del denunciante con hechos comprobados. Ningún periodista ignora, tampoco, la caja de resonancia que se obtiene para determinada noticia con solo preguntar al Ministerio Público sin investigará. La respuesta es con demasiada frecuencia un “si”, porque lo contrario no da buena impresión. Con eso, se consigue un nuevo titular: “Ministerio Público investigará…” y se le abonan créditos a lo inicialmente informado.

No está mal exigir a las autoridades investigar cuando se muestran renuentes y mucho menos es sano dejar de denunciar, pero abusar de lo uno o de lo otro es un flaco servicio a la institucionalidad democrática.

El Ministerio Público, por su parte, abre expedientes y desata allanamientos con demasiada prontitud, mucha más que la empleada para cerrarlos. No siempre hay claridad sobre el delito investigado o suficiencia de elementos de juicio para sustentar la hipótesis de su comisión.

El Dr. Luis Paulino Mora, antes de ser miembro de la Sala IV fue, sobre todo, un penalista, maestro de varias generaciones en esa rama del derecho. Su referencia en el discurso de apertura del año judicial a las instancias penales, amén de las constitucionales y contencioso-administrativas, no puede ser entendida como gratuita. La clase política y la prensa deben meditar sobre ella. El Ministerio Público también, y además tenerla presente cuando surja el próximo escándalo político para ver si, en efecto, merece tratamiento penal.

  • Comparta este artículo
Opinión

La política en los tribunales

Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico.

Ver comentarios
Regresar a la nota