EscucharLa lucha contra la pobreza es frustrante. Costa Rica es uno de los países latinoamericanos más empeñados en erradicar el flagelo. Invertimos el 20% del producto interno bruto (PIB) en gasto social, pero poco más de la quinta parte de la población sigue en la miseria. Todas las mediciones indican la suficiencia de los recursos para poner fin al problema. Sin embargo, el 7,2% de la población está en condiciones de necesidad extrema y cuando se les suman los pobres, el total llega al 21,7%.
Los recursos destinados a mejorar la calidad de vida de la población marginada crecen año con año y el problema se mantiene, con altibajos celebrados o lamentados como si se tratara de variaciones significativas. La frontera del 20% se ha mantenido infranqueable por tanto tiempo que una rara caída al 19% es motivo de salvas y proclamas del camino encontrado. En poco tiempo, la celebración queda atrás y la encuesta de hogares señala un nuevo retroceso.
Las explicaciones son múltiples. El más reciente informe del Estado de la Nación señala, una vez más, la mejor conocida. Solo en los programas del Instituto Mixto de Ayuda Social hay 28.000 “colados”, es decir, beneficiarios cuyas condiciones económicas los alejan de la línea de pobreza. Si las listas de asistencia se depuraran, dice el estudio, los recursos alcanzarían para atender al 70% de los pobres o al 94% de los hogares sumidos en la pobreza extrema.
Los 28.000 “colados” representan la quinta parte de los beneficiarios. Lo mismo sucede en otros programas asistenciales. La quinta parte de los beneficiarios de las becas del programa Avancemos no las utilizan para permanecer en el sistema educativo y casi la tercera parte (32%) de los usuarios de comedores escolares no deberían recibir el beneficio. Si los recursos se utilizaran bien, el programa podría atender a la totalidad de la población necesitada y avanzaríamos en la extensión del beneficio a la época de vacaciones, cuando los niños sufren privaciones alimentarias.
Hay, sin embargo, un segundo grupo de “colados” entre los beneficiarios del gasto social. Tienen acceso a los recursos sin cometer irregularidad alguna. Su participación se ha convertido en un derecho, consagrado por leyes y reglamentos aprobados sin consideración para la justicia social y la administración racional de los recursos estatales.
A los beneficiarios de este segundo grupo de “colados” tampoco se les puede culpar por aprovechar las ventajas ofrecidas. Se trata de estudiantes universitarios cuyos padres no tuvieron problema para pagar colegios privados, pero cursan la educación superior a cambio de sumas simbólicas, o de pensionados que no cotizaron para recibir jubilaciones muy superiores a las concedidas por la Caja Costarricense de Seguro Social, entre otros.
La voracidad de la burocracia, la descoordinación institucional y la duplicación de funciones también consumen cuantiosos recursos destinados a combatir la pobreza. Los estudiosos han detectado 34 programas importantes, confiados a la administración de 22 instituciones. Semejante dispersión alienta el desperdicio y crea espacios para el abuso.
Costa Rica podría ser un país sin pobres. Los recursos necesarios para erradicar el flagelo están disponibles. Los aportamos los contribuyentes sin protestar, pero la barrera del 20% no cede. Ningún gobierno de los últimos tiempos ha dejado de reconocerlo. Todos han formulado promesas de depuración de las listas de beneficiarios, racionalización de programas, reforma de estructuras y renovación de estrategias. Ninguno lo ha logrado. Es hora de enfrentar el problema con claridad de objetivos y la firmeza necesaria ante los grupos de interés afectados, estén alojados en el aparato estatal o en el sector privado.
