El problema del agua apremia. Es hora de hablar de crisis, sin exageración alguna. La imprevisión nos ha traído hasta este punto y sería imperdonable insistir en ella. Cuatro cantones de la Gran Área Metropolitana (GAM) sufrirán racionamiento en los próximos meses, si la naturaleza no se apiada de ellos y se comporta de conformidad con los pronósticos de los meteorólogos.
Alajuelita, Vázquez de Coronado, las zonas altas de Escazú y Desamparados podrían sufrir desabastecimiento entre cuatro y ocho horas diarias en los próximos meses. El racionamiento es la única forma de enfrentar la escasez en esta época seca, magnificada por el fenómeno de El Niño.
Unas 131.000 personas sufrirán el grave inconveniente, 120.000 de ellas con interrupciones del servicio de entre cuatro y seis horas y otras 11.000, en Alajuelita, con el desabastecimiento más severo, hasta de ocho horas. Además, 360.000 habitantes de la GAM podrían enfrentar un racionamiento menos severo, inferior a cuatro horas diarias. El impacto en la calidad de vida y la economía es enorme.
El racionamiento ya es una realidad para Puriscal y Atenas, cuyos pobladores no cuentan con el suministro por plazos mayores a las ocho horas, y en algunos barrios de Atenas solo hay agua tres horas al día. En Guanacaste el problema es, quizá, mayor. Tamarindo, en Santa Cruz, destaca entre los distritos en crisis, pero el faltante está muy extendido en toda la provincia, particularmente en las costas, donde se concentra la mayor parte de la actividad hotelera. Varias empresas turísticas se han visto en la necesidad de racionar el agua a sus clientes.
La sequía ha sido particularmente grave en Guanacaste, donde muchos pozos se aproximan al agotamiento. El problema no es pasajero ni consecuencia exclusiva del fenómeno de El Niño. También está relacionado con el uso del suelo, la mala planificación y el limitado desarrollo de la infraestructura necesaria para garantizar el abastecimiento.
El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) procura perforar nuevos pozos, instalar tuberías y hacer conciencia entre los ciudadanos y empresarios sobre la necesidad de evitar el desperdicio. Pero el AyA no cuenta con recursos equiparables a la magnitud del reto y, a fin de cuentas, solo controla el 60% del suministro nacional. Las Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (Asadas) y 28 acueductos municipales son responsables del 40% restante y se manejan con criterios dispares.
Hay más de 1.500 Asadas, con limitadísimas capacidades logísticas y financieras. Según cálculos de expertos, solo un 10% de ellas mantienen un servicio adecuado y apenas seis de cada diez funcionan a derecho, con el necesario convenio de delegación del AyA en regla. En la actualidad, el AyA se esfuerza por conocer el verdadero estado de la red de suministro, proteger las nacientes y establecer políticas de uso racional del agua.
El propósito final es introducir la coordinación y el orden en el disperso elenco de protagonistas para lograr acciones conjuntas y políticas uniformes. Amén de las Asadas, los acueductos municipales y el propio AyA, otras instituciones como el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara) y la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) tienen injerencia en las decisiones. Un proyecto de ley, criticado por el AyA y el Minae, daría también protagonismo a las cooperativas.
El desabastecimiento de la actualidad y, sobre todo, las necesidades futuras, exigen acciones conjuntas orientadas por políticas claras y permanentes. Verdaderas políticas de Estado, ajenas al cambio de quienes ejercen el poder y con alcance nacional. Las previsibles presiones del desarrollo y el cambio climático llaman a la acción inmediata.