EscucharPareciera una jugarreta o una forma de presión más, pero no lo es. Sin embargo, el bloqueo del tren, organizado por un grupo de padres de familia en Santa Rosa de Santo Domingo de Heredia, tiene características propias que no deben pasar inadvertidas. La principal de ellas es la conversión de un esfuerzo sostenido, de parte de los funcionarios públicos, y de un anhelo popular –la restauración del servicio del tren– en instrumento de presión para lograr objetivos ajenos a la realización de este proyecto.
Se trata, entonces, de la explotación de cualquier medio, reñido con las normas legales y morales vigentes, para satisfacer un beneficio personal o social. En este caso concreto, el propósito de los vecinos no podía ser más loable: el reacondicionamiento de la Escuela Rubén Darío y la eliminación de condiciones sanitarias inaceptables, al punto que fue clausurada por el Ministerio de Salud, para que los alumnos pudieran trabajar en un ambiente sano y más cómodo. Sin embargo, no hay relación alguna entre este objetivo social y los medios utilizados.
¿De quién es la responsabilidad? De las autoridades educativas, mediatamente, pero también de los dirigentes comunales, pues si una escuela se cierra por orden del Ministerio de Salud, medió un tiempo considerable entre las primeras muestras de decaimiento del edificio y su clausura. Es decir, hubo tiempo suficiente para actuar razonablemente. Es censurable, asimismo, desde todo punto de vista, recurrir a un acto extremo, como el bloqueo de un tren, con el consiguiente perjuicio para millares de personas, para lograr una solución parcial que, además, ya estaba en camino. Cabe preguntarse también, en estas circunstancias, cuál es el papel de los regidores, del alcalde, de los diputados o de los delegados presidenciales que tienen suficiente valimiento y conexiones para acudir sin tardanza en ayuda de los vecinos. Ante una institución educativa que amenaza ruina o cuyo estado conspira contra la marcha del curso lectivo, hay que pasar de las palabras a los hechos sin tardanza.
Llama la atención, asimismo, que la primera providencia de los dirigentes comunales y de los padres de familia haya sido impedir el paso del tren que hacía el recorrido entre San José y Heredia, y de otros trenes programados, precisamente en una hora pico, al concluirse las labores en instituciones públicas y empresas privadas. No procedieron así por mala fe ni para causar un daño conscientemente, sino como la cosa más natural del mundo y, a la vez, la más eficaz para sus propósitos. Tampoco fue invención de ellos, sino la continuación de la estrategia del bloqueo, arraigada profundamente en nuestro país, y la que logra, de inmediato, la realización de los fines propuestos. Recordemos que, hace pocos meses, un grupo de personas impidió el desembarque en Puntarenas de los turistas de un crucero. En la cúspide de esta (in)cultura nacional, se encuentra el bloqueo de los muelles de Limón, no importa las pérdidas económicas causadas, para no citar, por deportivo, el paso de tortuga de taxistas y de piratas en las vías urbanas más concurridas cuando les viene en gana.
Esta estrategia continuará. Todos estamos expuestos a estas sorpresas, en las que no cuentan para nada los derechos de las personas afectadas, sean enfermos, productores, trabajadores, conductores, alumnos, padres de familia… mientras impere la más amplia impunidad. Estos bloqueos son promovidos por cabecillas o dirigentes identificados. Mientras los promotores de estos actos de violencia disfruten de un fuero especial para quebrantar las normas y la convivencia social, este juego pernicioso continuará.
