El gobierno ha dado un paso en la dirección equivocada al abandonar, el viernes, la cumbre presidencial del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) celebrada en San Salvador, y anunciar que suspende su participación en las instancias políticas de la entidad. La medida fue tomada, según la comunicación oficial emitida por nuestra Cancillería, “ante la negativa de tres países (Belice, Guatemala y Nicaragua) a procurar una solución al tránsito masivo de cubanos migrantes”.
La crisis generada por la presencia en el país de al menos 6.000 ciudadanos cubanos es seria y real. Costa Rica se ha visto envuelta en ella a su pesar, sin tener ninguna responsabilidad en sus causas, y se ha conducido con gran sentido humanitario. Por ello, nuestro gobierno tiene razón al exigir que se aborde con estrategias regionales y al anunciar que no otorgará más visas de tránsito temporales y deportará a su país de origen a cualquier otro migrante que ingrese ilegalmente.
Sin embargo, el retiro de las instancias políticas del SICA no contribuye en nada a una posible –y en extremo difícil– solución; al contrario, la complicará, al entorpecer aún más la ya de por sí difícil coordinación de posiciones en el seno del Sistema. Peor aún, nuestra ausencia nos pondrá al margen de instancias de decisión clave para la región, en las cuales necesitamos estar por razones que van mucho más allá de esta coyuntura. A esto se añade que, al culpar a tres países –Nicaragua, Guatemala y Belice– por la imposibilidad de resolver el problema, estamos desviando la atención de sus causas y posibles soluciones fundamentales, que están fuera de Centroamérica y corresponden, esencialmente, a Cuba y Estados Unidos.
Tal como hemos mencionado en otros editoriales sobre el tema, la magnitud del flujo migratorio salió a la superficie luego de que, el 12 de noviembre, nuestras autoridades desarticularon una banda de coyotes dedicada al tráfico humano, que actuaba con sorprendente eficacia, y cuyas actividades solo pueden explicarse por sobornos en todos los países, incluido el nuestro. Esa operación policial fue eficaz y resultaba necesaria. Sin embargo, el gobierno no contaba con un plan de contingencia a partir de ese momento para, ya sin coyotes, manejar el flujo de migrantes. Actuamos con sorprendente imprevisión y, como resultado, el problema se salió de las manos. No estábamos preparados para afrontar la presión de migrantes cubanos provenientes de Panamá, y tampoco habíamos coordinado cómo podría manejarse su curso más allá de Costa Rica.
Nicaragua rechazó el ingreso con matonismo y los peores métodos posibles, pero, en realidad, no tenía ninguna obligación de recibirlos, como tampoco la tiene ningún otro país centroamericano, México y ni siquiera Estados Unidos. Si bien este último, por legislación especial, acoge a todo cubano una vez que ingrese a su territorio, esto no implica que permita su ingreso ilegal.
Frente a todo lo anterior, pretender que los países al norte de Costa Rica se abrieran al tránsito de los cubanos sin visa estadounidense era, ni más ni menos, que oficializar un proceso migratorio ilegal. No podemos, entonces, culpar a tres de ellos por su rechazo a recibirlos y, menos aún, retirarnos de las instancias políticas del SICA porque una minoría de sus siete miembros actuara de tal modo.
La responsabilidad esencial y, por ende, la solución, corresponde a Cuba y Estados Unidos. Al primero, porque su paupérrima y asfixiante situación interna es un factor permanente de expulsión de ciudadanos. Al segundo, porque la legislación que acoge a los cubanos una vez dentro de su territorio es un foco de atracción sumamente poderoso. Todo esto ha sido potenciado por el temor de que, ante el proceso de normalización de relaciones cubano-estadounidenses, cesen las preferencias a los migrantes cubanos, que han decidido aprovechar masivamente la oportunidad antes de que desaparezca. Y la tercera variable crítica ha sido la enorme facilidad otorgada por Ecuador al ingreso, por vía aérea, de cubanos cuyo único propósito es seguir ilegalmente hacia el norte.
Hasta ahora, Estados Unidos no ha dado señal alguna de estar dispuesto a abrir un proceso ordenado y expedito de recepción de los miles de migrantes cubanos varados en Costa Rica y Panamá. Cuba, por su parte, rechaza toda responsabilidad hacia sus propios ciudadanos, y no dudamos que esté estimulando su salida masiva como válvula de escape interna y forma de presión sobre Washington. Solo que en el medio estamos nosotros.
Un SICA unido difícilmente podrá incidir en las políticas de Estados Unidos y Cuba, pero desunido es seguro que no logrará nada. Al abandonar algunas de sus instancias, hemos ahondado esta desunión. Además, en posteriores declaraciones a La Nación, el canciller, Manuel González, añadió otro elemento explosivo a la mezcla: su reclamo por las disfuncionalidades políticas y organizacionales del Sistema, algo real, pero inoportuno de plantear en este contexto. Y también declaró que Costa Rica seguirá teniendo “una profunda relación bilateral con países como Panamá, Honduras, El Salvador y República Dominicana”, lo cual sugiere que el trato hacia Guatemala, Belice y Nicaragua será diferente. Es algo comprensible en este último caso, pero totalmente errado en los dos primeros, por tratarse de firmes aliados nacionales, de los que no podemos darnos el lujo de alejarnos.
Todo indica que la crisis de los migrantes cubanos se mantendrá por muy largo tiempo. Es un hecho que su solución escapa a Centroamérica y nuestro país, y que solo podremos administrarla con la mayor eficacia y sentido humano posible. Para esto último, debemos gestionar una ayuda internacional vigorosa. Para conjurarla en sus causas, será indispensable presionar a Cuba, Estados Unidos y Ecuador. Mientras tanto, debemos actuar con gran prudencia, sin reacciones apresuradas y con un sentido estratégico. Las señales públicas indican que, hasta ahora, tal sentido no ha existido.