EDITORIAL

Reformas a la Banca de Desarrollo

Desde su concepción, el Sistema de Banca para el Desarrollo ha experimentado serios problemas de fondo y de carácter operativo

La pretensión de impulsar proyectos de dudosa viabilidad, sin garantías y con supervisión complaciente son los principales peligros del sistema

Últimas noticias

¿Se precipitó la Comisión Permanente Especial para la Banca de Desarrollo de la Asamblea Legislativa al dictaminar las reformas al proyecto Ley de Fortalecimiento de la Banca de Desarrollo? La respuesta parece ser afirmativa. Después del dictamen, han surgido una serie de dudas y cuestionamientos de diversos sectores, incluyendo los reguladores, que ponen en duda el trabajo de la Comisión, así como las acciones y omisiones relacionadas con el proyecto.

Desde su concepción, el Sistema de Banca para el Desarrollo ha experimentado serios problemas de fondo y de carácter operativo. Entre los primeros está la visión paternalista y proteccionista del desarrollo, extensiva, desde luego, a los sujetos a quienes la ley va dirigida la ley, sus actividades (algunas de dudosa productividad), los requisitos (o ausencia de ellos) para acceder a los créditos, y la débil salvaguarda de los recursos involucrados. Entre los problemas operativos está la poca utilización de los cuantiosos recursos disponibles, que apenas abarca un 8% del crédito total del Sistema Financiero. Además, no hay estudios cuantitativos disponibles para evaluar su verdadera contribución al crecimiento de la producción nacional ni al mejoramiento de otras variables relacionadas, como la pobreza, empleo y distribución del ingreso.

Según el artículo 43 de la ley constitutiva de la Banca para el Desarrollo No. 8634 del 10 de abril del 2008, al Banco Central le corresponde evaluar cada cuatro años los resultados, incluyendo el financiamiento a ciertos sectores de la población. Sin embargo, en vez de evaluarlos directamente, decidió esta vez subcontratar al Estado de la Nación para hacer el trabajo. El Banco Central debió haber dado su propia visión y efectuado la cuantificación del aporte real al crecimiento, las distorsiones que el fondeo de la Banca de Desarrollo introduce en el resto del Sistema Financiero, incluyendo la elevación del margen de intermediación financiera, y el encarecimiento del crédito para el resto de los usuarios.

Se recordará que como condición para permitir a los bancos privados acceder a las cuentas corrientes y de ahorro del público, se les exigió depositar en los bancos del Estado un porcentaje equivalente al 17% de los depósitos captados a plazos inferiores a 30 días, de manera que los bancos estatales pudieran utilizarlos en actividades de desarrollo. La ley actual impuso ciertos requisitos adicionales, algunos contradictorios, como exigir de los proyectos cierta rentabilidad para no dilapidar los recursos pero, a la vez, proteger la igualdad de género y favorecer a ciertos sectores de la población, prescindir de garantías para respaldar los créditos y –principalmente- imponer una “supervisión diferenciada” para diluir las normas prudenciales aplicables internacionalmente a toda entidad financiera (Basilea III).

Ahí está, creemos nosotros, uno de los principales yerros de la Banca de Desarrollo. Pretender impulsar proyectos de dudosa viabilidad, sin garantías para respaldar la operación, y forzar una “supervisión diferenciada” –léase, más débil y complaciente- a empresas financieras que utilizan fondos que no son propios, sino de los depositantes. Por esa razón, y para preservar la sanidad de los recursos para el desarrollo, el Banco Crédito Agrícola de Cartago, que fue el primer administrador de la Banca para el Desarrollo, no desembolsó una buena parte de los recursos disponibles. Si lo hubiera hecho sin las precauciones del caso, ya los fondos no existirían.

Cuando La Nación consultó a los jerarcas del Consejo Nacional de Supervisión Financiera (CONASSI) y la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) sobre el contenido de las reformas aprobadas por la Comisión, ambos expresaron seria preocupación. José Luis Arce afirmó que “es imposible que funcione el proyecto tal como se aprobó la semana anterior en la Comisión Especial de Banca para el Desarrollo de la Asamblea Legislativa, pues no resuelve el “peaje bancario”. Javier Cascante acotó que exigir una supervisión diferenciada y más débil pondría en peligro los recursos disponibles, que son cuantiosos.

¿Qué significa resolver el problema del “peaje bancario”. En uno de los informes del Estado de la Nación se sugiere sustituir el peaje actual por un impuesto sobre los bancos privados. Nosotros creemos que sería un nuevo error, pues se trasladarían los impuestos al usuario mediante tasas de interés activas más altas, o se penalizaría a los depositantes con tasas más bajas por sus ahorros (o una combinación de los dos), y continuaría elevado el margen de intermediación financiera, uno de los más elevados del mundo, en perjuicio del desarrollo del país.

La Ministra de Economía, Industria y Comercio, Mayi Antillón, sugirió introducir las reformas directamente en el Plenario Legislativo mediante las respectivas mociones. Creemos que también sería un error. Los cambios introducidos, y por introducir, son demasiado relevantes y muy grande su impacto sobre aspectos de fondo para tratarlos así, a la ligera.

Lo procedente es enviar el proyecto de nuevo a Comisión para hacer un análisis más exhaustivo y profundo de temas como la supervisión financiera, si conviene otorgar tasas de interés privilegiadas a los usuarios o, más bien, aprobar las reformas necesarias para reducir las tasas de interés en términos reales, sin afectar la inflación para todo el sistema financiero nacional. Esa sería, quizás, la mejor contribución al desarrollo del país.

Rellene los campos para enviar el contenido por coreo electrónico.

Enviar:

Noticia La Nación: Reformas a la Banca de Desarrollo