Hay 59 quirófanos en desuso en los hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social. Según datos de la institución, construirlos y equiparlos cuesta, en promedio, ¢250 millones por unidad. La suma ociosa es de ¢14.750.000.000 (catorce mil setecientos cincuenta millones de colones).
Es un monto tan extraordinario como el número de necesidades insatisfechas a causa de la parálisis de las salas de cirugía: 86.000 pacientes tienen más de tres meses en espera de una operación, en muchos casos para enfrentar dolencias graves, capaces de ponerle fin a la vida.
De las 137 salas de operaciones restantes, solo el 5% se aprovecha fuera de los horarios tradicionales. Es decir, después de las 4 p. m., apenas hay unos siete quirófanos en funcionamiento en todo el país. Si el desaprovechamiento de esta otra inversión se le suma al flagrante desperdicio de las salas completamente paralizadas, los números causan escalofríos y, de nuevo, hay 86.000 pacientes con más de tres meses en espera de una operación.
En buena parte, el problema estriba en la falta de anestesiólogos para atender las operaciones y, también, en la escasez de presupuesto para pagar horas extras. Pero hablamos de una institución cuyo crecimiento en el quinquenio del 2004 al 2010 puso en peligro su estabilidad financiera a fuerza de contrataciones masivas de personal que, por lo visto, llegó para quedarse.
En ese brevísimo periodo, la institución creó 10.956 nuevas plazas y su gasto en salarios creció en un 88%, en parte por los generosos aumentos concedidos mientras se incrementaba la planilla. Para aprovechar los quirófanos, la Caja necesita sumar 60 anestesiólogos a los 170 ya contratados. Una gota comparada con el crecimiento de la planilla en el quinquenio referido.
El pago de horas extras, otro elemento de la posible solución a la crisis actual, es, también, una gota cuando se lo compara con el exorbitante aumento de la planilla. La necesidad de estas erogaciones es cuestionable, pues puede ser más barato contratar a los especialistas requeridos, pero, en cualquier caso, el gasto adicional para aprovechar los quirófanos es risible comparado con el 88% de uno de los presupuestos salariales más altos del Estado. También es, desde luego, incomparable con el sufrimiento de los pacientes en lista de espera. La Caja creció donde no debía.
Es, por otra parte, una institución donde se cometió el error, a lo largo de 11 años, de liquidar a los empleados por despido, pensión o muerte, con un pago equivalente al 8,33% del salario por año laborado, aunque también se pagaba, a lo largo de la relación laboral, el 3% destinado por ley al Fondo de Capitalización Laboral (FCL). El ahorro anual estimado con la corrección del error es de ¢5.000 millones, pero las sumas pagadas hasta el momento del ajuste no pueden ser recuperadas.
En el 2008, la institución elevó el tope de la cesantía a 20 años, cuando la generalidad de los trabajadores tiene un límite de ocho. Una reducción escalonada del tope, hasta llevarlo a 12 años, en el 2015, representará otro ahorro multimillonario, suficiente para contratar decenas de especialistas que ya podrían estar en planilla, si la Junta Directiva no hubiera concedido el desmedido privilegio en el 2008.
El servicio de Radioterapia del Hospital México costó ¢7.500 millones, pero, en su ausencia, la Caja pagó $14,3 millones por los servicios de una empresa privada a lo largo de nueve años. Las sumas son equivalentes, con la diferencia de que ahora la Caja presta el servicio con sus propios recursos y lo podrá hacer durante años.
La inversión pudo haberse pagado, cuatro o cinco veces, con el ahorro proveniente de la dramática caída de las incapacidades tras la aplicación de un dictamen de la Procuraduría General de la República, según el cual los subsidios por enfermedad no pueden ser considerados salario y, en consecuencia, no entran en el cálculo del aguinaldo, salario escolar, pensiones y prestaciones. El dictamen data de enero del 2000, pero las autoridades de la Caja lo ignoraron durante 11 años.
La institución enfrenta la competencia de la medicina privada y del nuevo Hospital del Trauma del Instituto Nacional de Seguros por los servicios de anestesiólogos, cuya intervención también es necesaria para otros procedimientos y diagnósticos, fuera de la sala de operaciones. Pero la escasez era previsible, como en el caso de los patólogos, y la institución debió haberla incorporado a sus planes. En suma, si los quirófanos del país no operan a plenitud, las razones no hay que buscarlas en la escasez de recursos, sino en su despilfarro y en la mala planificación.