EscucharLas cuatro variables de nuestro titular son imposibles de separar al analizar las políticas económicas y sociales de la administración. En dos de ellas –producción y desempleo– la situación es preocupante; la tercera –inflación– es alentadora; y la política salarial es el residuo de las tres anteriores. Todos quisiéramos un mayor aumento salarial, pero las circunstancias no lo permiten.
La producción nacional va de pique. Desearíamos utilizar un término más optimista, pero sería faltar a la verdad. Medida por las variaciones en el índice mensual de actividad económica (tendencia ciclo) que calcula el Banco Central, la actividad económica cumplió en abril 12 meses continuos de desaceleración. En abril, apenas fue de un 1,13%, comparada con 4,13% en el mismo mes del 2014. Si continua a ese paso, el PIB quedará muy por debajo del 3,4% de crecimiento real originalmente estimado para este año. Esas son muy malas noticias para la generación de empleo.
La tasa de desempleo abierto refleja con toda crudeza los efectos adversos de esa desaceleración de la actividad económica. Según la última encuesta elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la tasa de desempleo abierto alcanzó un 10,1% de la fuerza laboral y el subempleo un 12,9%. Ambas tasas han permanecido elevadas en las últimas mediciones, y es otra mala noticia para aquilatar los salarios. Entre menos se recupere la economía nacional, menores posibilidades habrá de reducir el desempleo y mejorar salarios.
Afortunadamente, la inflación ha venido mostrando su lado amable. Medida por las variaciones en el índice de precios al consumidor (IPC), alcanzó una de las tasas más bajas de los últimos 38 años. En mayo, la variación fue negativa (-0,29%) y el acumulado en los últimos 12 meses apenas llegó al 0,97%. En lo que va del año, la inflación registró una variación de -0,35%, y las expectativas del Banco Central para el resto del año son muy favorables.
En ese contexto, especial referencia merece la variación en los precios de la canasta básica, que representa el conjunto de bienes seleccionados de acuerdo con su aporte calórico y frecuencia de consumo. Según el INEC, la tasa de variación ha venido decayendo en los últimos meses, lo cual afecta favorablemente a las personas más pobres, muchas de ellas carentes de empleo o en situación de subempleo. En mayo, el valor por mes y por persona ascendió a ¢45.778, un 3,4% más que el resultado del mismo mes del 2014 (variación interanual). Pero en febrero el incremento había sido del 9% respecto a febrero del 2014. Entre febrero y mayo, el costo bajó ¢1.110.
La desaceleración de la inflación y, en menor medida de la canasta básica alimentaria, junto con el bajo crecimiento de la producción y elevado desempleo, indujeron al Ministerio de Trabajo a decretar un conservador aumento salarial en el sector privado, de solamente un 0,94% para el segundo semestre de este año. Desde luego, diversas organizaciones laborales y sociales lo objetaron. La mayoría de los miembros que componen el Consejo de Salarios consideró, sin embargo, que un incremento mayor habría producido efectos no deseables en otras variables igualmente importantes desde el punto de vista económico y social.
Para valorar correctamente esa política salarial para el sector privado es necesario aquilatar las circunstancias económicas por las que atraviesa Costa Rica. Si la economía apenas crece y si el desempleo se mantiene tan elevado, sin dar muestras de ceder, un incremento salarial por encima de la inflación produciría el efecto de contraer aún más la variación de la producción y aumentar el desempleo. La prudencia mostrada por el Consejo es una buena noticia.
La política salarial, sin embargo, no se agota con la fijación para el sector privado. Falta una parte esencial: la política salarial del sector público para el mismo período. La posición del Gobierno, a la hora de someter el ajuste al Consejo, debería tomar en consideración las mismas variables mencionadas anteriormente pero, además, la precaria situación fiscal. Si se engolosina y concede aumentos desproporcionados, como el año pasado, la situación fiscal se podría complicar mucho. Es preciso recordar que en varias oportunidades las autoridades de Hacienda han manifestado su deseo de presentar un proyecto de presupuesto con cero crecimiento para el 2016.
Eso implica que cualquier incremento salarial para los empleados públicos debería posponerse para mejores épocas. Fiscalmente tendría mucho sentido y socialmente también. Los empleados públicos mantienen una posición de privilegio frente a sus contrapartes del sector privado, gracias a los pluses y aumentos generosos concedidos en años pasados. Los altos salarios del sector público son, sin duda, uno de los factores que más incide en la desigual distribución del ingreso. Es hora de empezar a corregir la situación.
