EscucharLa necesidad de concluir el desarrollo de un sistema unificado de compras del Estado es, a estas alturas, un tema de consenso. El 9 de abril del 2013, la presidenta, Laura Chinchilla, firmó una directriz para urgir la adopción de la plataforma Mer-Link y el diputado Ottón Solís, del Partido Acción Ciudadana, promueve un proyecto de ley para darle ese rango de obligatoriedad a la iniciativa.
Solís reconoce el acierto de la decisión presidencial y propone extender sus efectos. Ese grado de acuerdo dice mucho de los méritos del sistema, tanto como los resultados conseguidos por las instituciones donde la plataforma ya funciona. La Contraloría General de la República se suma al acuerdo. Desde junio del 2012 recomendó unificar los sistemas de compras públicas y reiteró su adhesión a la propuesta el lunes, cuando La Nación preguntó al respecto.
Con el sistema unificado, la cantidad de proveedores se multiplica y la competencia entre ellos se pone al servicio del comprador, es decir, del Estado. Las ofertas son transparentes. Cualquiera puede consultarlas y los competidores son los primeros fiscales de la justicia de la adjudicación, sin perjuicio de la vigilancia de los medios de comunicación, políticos interesados y ciudadanos en general.
La compra no puede inclinarse hacia determinado proveedor mediante la invitación formulada a unos pocos, sabiendo de antemano las ventajas competitivas del apadrinado frente a las demás empresas convocadas. Tampoco es posible adjudicar el contrato a quienes ofrecen condiciones menos ventajosas.
El sistema permite a las instituciones del Estado obtener economías de escala, simplifica los procesos, los hace más ágiles, reduce el costo de participar como oferente y facilita el acceso a los proveedores interesados en plantear ofertas. Todos ellos se registran con su línea de productos, y, cuando alguna entidad los necesita, formula una invitación generalizada.
En tres años, las compras mediante el sistema Mer-Link suman $189 millones y el ahorro alcanza $39 millones gracias a la disminución de los precios y la eliminación de gastos administrativos. El esfuerzo de la presidenta y de Alicia Avendaño, directora del programa de Gobierno Digital, atrajo la participación de 56 instituciones hasta la fecha. Faltan muchas, entre ellas grandes compradoras como la Caja Costarricense de Seguro Social y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
La Administración que hoy se inaugura en el Estadio Nacional declara el propósito de completar la obra, tan consistente con sus intenciones de promover la transparencia como con los votos de austeridad reiterados durante la campaña y una vez concluida la justa electoral.
En este caso, la mesa sí está servida. La Administración Chinchilla consiguió importantes avances, y la experiencia y dedicación de Alicia Avendaño, así como la de su equipo de colaboradores, constituye un acervo apto para acelerar los procesos pendientes, no todos en materia de compras. El Gobierno Digital ha demostrado su utilidad en otros campos, tanto para transparentar los procesos como para agilizarlos y brindar mejor servicio a la ciudadanía.
Mer-Link está disponible en el país desde hace unos tres años y medio. Su adopción ha sido un proceso dilatado, pero el nuevo Gobierno está lejos de partir de cero. Un informe elaborado a instancias de la Comisión del Sistema Nacional de Compras Públicas determinó su compatibilidad con la legislación vigente, en especial con la Ley General de la Contratación Administrativa y su reglamento.
También están superados los cuestionamientos sobre la estabilidad del sistema, y la práctica de las instituciones pioneras arroja resultados favorables, muy superiores a los rendidos por métodos tradicionales o, mejor dicho, anticuados y ayunos de transparencia. Hay avance, además, en las adaptaciones operativas requeridas para emplear el sistema, como el traslado de los códigos presupuestarios utilizados para contabilizar las transacciones. La adopción de la plataforma única de compras y otras ventajas del Gobierno Digital están a la vuelta de la esquina, quizá más cerca, si la voluntad política de la nueva Administración se concreta desde el principio.
