El plan de gobierno del Partido Liberación Nacional pone énfasis en el perfeccionamiento y extensión de los programas sociales. No ofrece incrementar la inversión, salvo el empleo de una parte de los recursos provenientes de la proyectada reforma tributaria, pero sí incrementar la eficacia del gasto.
Estudios de los últimos años han demostrado la capacidad del aparato burocrático para capturar el gasto social, de tal manera que solo una fracción llega a su destino. En momentos de creciente déficit fiscal, es poco realista pensar en la movilización de grandes recursos hacia las políticas asistenciales, pero la urgencia de las necesidades insatisfechas no es menos cierta.
Un gasto mejor dirigido puede ser más eficaz que el incremento de la inversión por las vías usuales. Sin embargo, ninguna política asistencial será suficiente, por sí sola, para resolver el problema de la pobreza, en particular la extrema. El plan carece de un planteamiento para el 7% de la población sumida en esa condición. En enero, dice la campaña liberacionista, se dará a conocer una política adicional y específica para ese sector.
Más allá del asistencialismo, la solución está en incorporar a los sectores marginados a los procesos de generación de riqueza abiertos con éxito por el país. El turismo, la inversión extranjera y el comercio internacional han traído prosperidad a importantes capas de la población, pero no todos están preparados para participar.
El documento ofrece, amén de esfuerzos para abrir nuevos mercados y atraer inversiones, renovar las políticas productivas y energéticas para generar inclusión social y riqueza, de la mano con el desarrollo de nuevas empresas, pero es parco en la descripción de las medidas concretas.
La disponibilidad de crédito, el estímulo al emprendimiento y la educación son factores claves para generar empleo con constancia y estabilidad. El proyecto de incrementar la construcción de obra pública para absorber mano de obra desocupada, como lo plantea el plan de gobierno, no ofrece la misma permanencia de los puestos de trabajo, una vez creados.
En el campo de la educación, el plan propone cambios orientados a lograr la incorporación de los graduados a la economía. Uno de ellos es el fortalecimiento de la educación técnica. Otro es la creación de un sistema diferenciado para quienes no piensan seguir estudios superiores. A esos estudiantes no se les exigiría hacer el examen de bachillerato y obtendrían directamente el título para salir a buscar trabajo.
Si bien la promoción de la educación técnica es un paso en la dirección correcta, preocupa el debilitamiento del bachillerato, aunque el fin sea dotar a los jóvenes de un título útil para conseguir empleo. Bajar los estándares es peligroso en un país de todas formas rezagado en importantes áreas de la formación académica.
El programa también centra su atención en la necesidad de consolidar las finanzas de la Caja Costarricense de Seguro Social y asegurar la sostenibilidad del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, de cuyo bienestar dependen las pensiones de la mayor parte de la población nacional.
El plan de gobierno acierta al incorporar los dos objetivos de la seguridad social, salud y pensiones, entre sus grandes prioridades. Son problemas urgentes cuya solución es indispensable para preservar la estabilidad social. Sin embargo, hay en el proyecto poco desarrollo de las medidas idóneas para conseguir tan importantes fines.
Lo mismo puede decirse de la intención de desarrollar infraestructura. El método, en parte, se define con claridad: recuperar el papel del Ministerio de Obras Públicas y Transportes como ejecutor y plantear los proyectos en el marco de una política de Estado capaz de resistir los vaivenes de la política electoral. El financiamiento queda menos claro, aunque es bien reconocida la imposibilidad de satisfacer las necesidades nacionales con recursos propios.
En suma, el plan del PLN compendia objetivos sensatos y fija las prioridades con acierto, pero es necesario definir lo medios con mayor claridad.