EscucharA instancia del diputado Mario Redondo, de Alianza Democrática Cristiana, la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa investigará el uso ilegítimo del presupuesto publicitario adjudicado a las instituciones públicas. Los legisladores están en receso, pero Redondo anunció el planteamiento de la moción y varios de sus compañeros de comisión expresaron su propósito de apoyarla.
Ottón Solís, del Partido Acción Ciudadana, felicitó a Redondo por la iniciativa y se preguntó si la pauta publicitaria, además de utilizarse para silenciar informaciones, sirve para premiar a medios dispuestos a ocultar los errores de la burocracia. Los datos necesarios para responder a la pregunta están por todas partes: en los departamentos de contabilidad de las instituciones, en los estudios del mercado de medios y en los medios mismos.
Rolando González, del Partido Liberación Nacional, manifestó su acuerdo con la moción y sugirió ampliar el alcance de la investigación a otras acciones contra la prensa. El fin es loable, pero nada debe distraer a la comisión de la oportunidad histórica de examinar y proponer soluciones para una de las graves falencias de nuestra democracia: la entrega de cuantiosos fondos públicos al Estado para que sean invertidos en desinformación y silencio.
La práctica es profundamente dañina para la democracia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha explicado con insistencia y claridad la doble dimensión de la libertad de expresión. Como derecho individual, implica la libertad de manifestar el pensamiento sin cortapisas. Como derecho colectivo, nos hace libres de recibir cualquier información y conocer el pensamiento ajeno. Sin esa facultad en manos del pueblo, no hay vida democrática.
Eso es lo que está en juego: la democracia y los derechos humanos. El resultado de la investigación puede cobrar dimensiones históricas. La práctica está muy extendida y su uso es de larga data. Es hora de ponerle fin. Financiar el desconocimiento de los asuntos de interés público con dinero del contribuyente es una crueldad repugnante. Las víctimas, es decir, la ciudadanía entera, pagan el costo de sufrir la lesión.
El libertario Otto Guevara también apoyará la moción, precisamente porque le parece “inaceptable que se utilice el presupuesto de publicidad para favorecer o castigar medios de comunicación”. En eso, el diputado se alinea perfectamente con el artículo 13 de la Declaración de principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley”.
El socialcristiano Johnny Leiva manifestó su acuerdo con la investigación para imponer transparencia en el uso de los recursos públicos. Tiene razón, y ese es otro aspecto del fenómeno. El artículo 3.° de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública establece el deber de probidad, claramente violado con el mal uso de los presupuestos publicitarios: “El funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la satisfacción del interés público. Este deber se manifestará, fundamentalmente, al identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la República; asimismo, al demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley; asegurarse de que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña y, finalmente, al administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente”.
Pero si bien los deberes de la buena administración caben en los alcances de la investigación, tampoco este aspecto del fenómeno debe desviar la atención del tema central para la vida democrática costarricense. El abuso de los recursos públicos, repugnante como es, palidece frente al atentado constante y silencioso contra derechos tan fundamentales para la democracia.
