EscucharEl mapa de América Latina puede ser interpretado como un inventario de los métodos existentes para limitar la libertad de expresión y agredir a quienes la ejercen en interés del debate democrático. Hay presiones económicas, venganzas políticas ejecutadas al amparo del poder, instrumentalización de la legalidad y los tribunales de justicia, así como violencia estatal y privada.
En países democráticos, como Brasil y México, la muerte de periodistas a manos del crimen organizado no es un fenómeno infrecuente. Cuatro perdieron la vida el año pasado en el gigante del sur y otros seis murieron en nuestro vecino del norte. Los esfuerzos gubernamentales por impedir la impunidad no siempre son exitosos. Según el informe del Comité para la Protección de Periodistas, basado en Nueva York, hay un centenar de homicidios no esclarecidos en la última década.
En México, seis medios fueron blanco de ataques armados en el 2012 y algunos han renunciado a informar sobre la delincuencia organizada. Las amenazas obligan a informadores a alejarse de sus hogares o tomar el camino del exilio.
El estudio global del Comité ubica a Cuba en el noveno puesto de países con mayor censura. La represión de la disidencia es constante, con periodos de mayor intensidad, y el recurso del encarcelamiento es utilizado cuando a juicio de las autoridades las circunstancias lo ameritan.
En Argentina, el Gobierno utiliza la pauta publicitaria estatal para premiar a sus amigos y castigar a sus críticos, como lo demuestra la publicación de apenas 47 anuncios el año pasado en medios del Grupo Clarín, el más importante conglomerado periodístico del país, frente a los millares de espacios publicitarios del Gobierno Federal en medios afines.
Las autoridades esgrimen el argumento de la pluralidad informativa para intentar arrebatar al Grupo Clarín buena parte de sus licencias de operación de medios audiovisuales, pero la influencia estatal ya se extiende a una cifra cercana al 80% de ellos.
La ley y la campaña de recuperación de las licencias parecen hechas a la medida del Grupo Clarín, no se aplican con paridad a los medios afines al Gobierno y hay poca duda de su relación con la línea informativa de la empresa, crítica del gobierno de la presidenta Cristina Fernández.
En Ecuador, el presidente Rafael Correa se dio el lujo de “perdonar” al periódico El Universo, a tres de sus directores y a un columnista por las supuestas injurias publicadas en su contra y acreditadas en un juicio repleto de anomalías. La exorbitante condena al pago de $40 millones y tres años de prisión para el periodista y los ejecutivos de la empresa es, en sí misma, un atroz ejemplo de intimidación a la prensa. Los castigos desproporcionados conducen a la autocensura, y el gesto supuestamente noble del mandatario solo sirvió para enfatizar su amenazante mensaje a la prensa ecuatoriana.
Otros países americanos merecen mención en el repaso a las violaciones a la libertad de expresión, pero el propósito no es agotar los casos, sino mostrar el grave retroceso de ese derecho humano fundamental en los años posteriores al esperanzador resurgir democrático del continente.
Precisamente en estas circunstancias, los Gobiernos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), encabezados por el presidente ecuatoriano en estrecha coordinación con las autoridades venezolanas y bolivianas, no cejan en el esfuerzo por debilitar el más eficaz mecanismo de protección a la libre expresión en el continente: la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, órgano de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La campaña en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA) para cortarle alas al relator y restarle al organismo capacidad de defender la libertad de expresión, se ha venido desarrollando por capítulos, el último de los cuales se escribió en la reunión de Cochabamba, Bolivia, sin éxito para los países del ALBA, en parte gracias a la defensa del Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos emprendida por Costa Rica, México y otras naciones de vocación democrática, en cuyas filas se echa de menos a Brasil y Colombia, ambos en plan de discreta complicidad con el ALBA. La intentona no murió en Cochabamba y será objeto de discusión en futuras reuniones. Es una ironía, ahora, más que nunca, visto el triste panorama continental.
La Unesco acaba de anunciar su intención de celebrar, este año, el Día Mundial de la Libertad de Prensa en nuestro país. Aquí se otorgará el premio “Guillermo Cano” y se celebrará un congreso sobre seguridad de los periodistas.
La distinción fue bien ganada y esperamos que nuestra Cancillería, en las próximas reuniones de la OEA, nos siga brindando el sano orgullo de descollar entre las naciones defensoras de la libertad.
