Ninguno de los 35 difuntos cuyos cuerpos esperan autopsia en la morgue falleció en circunstancias habituales. La Medicatura Forense esclarece las causas de la muerte cuando las circunstancias, casi siempre traumáticas, exigen mayor explicación. Los familiares de esos difuntos sufren un impacto emocional superior al derivado normalmente de la pérdida de un ser querido. Su dolor merece respeto.
En Costa Rica, donde las dirigencias sindicales hablan de solidaridad para exigirla, no para ofrecerla, el sufrimiento de padres, hijos, esposos y amigos se incrementó mucho más de lo necesario por una huelga con participación de los encargados de examinar los cuerpos. La Sala Constitucional no tardó en responder al recurso de amparo planteado por la Defensoría de los Habitantes para obligar a la morgue a entregar los restos, pero la orden de los magistrados cayó en el vacío.
Los técnicos de la Medicatura Forense se incapacitaron a consecuencia de las presiones recibidas de sus jefes, dicen los dirigentes sindicales. Esas presiones llegaron al punto de una advertencia sobre su posible detención por desobediencia a las órdenes de la Sala Constitucional, dijo Hernán Campos, secretario general del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Judiciales (Sitrajud).
Es decir, los empleados judiciales fueron incapaces de soportar la tensión de saber las consecuencias estipuladas por ley para todos los costarricenses que desobedezcan una orden judicial. Los empleados de la Corte deberían ser los primeros en saberlo, pero las causas de la huelga revelan la especial consideración que algunos funcionarios creen merecer.
El movimiento exige la aprobación de una reforma insustancial al privilegiado e insostenible régimen de pensiones de la Corte. El sistema está destinado a la quiebra si no se hacen los cambios necesarios. Los técnicos expresamente descartan la posibilidad de salvarlo mediante las insuficientes enmiendas propuestas por la Corte Suprema de Justicia y por sus empleados.
Si el régimen falla, la repercusión sobre las finanzas públicas, es decir, sobre los demás ciudadanos, en especial los más necesitados, será terrible y todo para que los empleados judiciales gocen de pensiones impensables para la inmensa mayoría afiliada al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social.
Pero si el país se resiste a hacer caso omiso de la técnica actuarial y del más elemental sentido de la justicia, la factura la pagarán los deudos de los fallecidos en circunstancias no esclarecidas y las personas necesitadas de otros servicios, entre ellas las víctimas de delitos, como doña Xinia Castro Morales, a quien no le recibieron la denuncia por el robo de su auto. Sabedora de la rapidez con que los ladrones desmantelan los autos, la ciudadana movió cielo y tierra hasta encontrarlo con ayuda de la Fuerza Pública en un garaje donde ya lo tenían montado sobre unos troncos para quitarle las llantas.
La angustia experimentada por los funcionarios judiciales a consecuencia de las presiones de sus superiores difícilmente pueda medirse contra el dolor de los deudos desesperados por dar sepultura a sus seres queridos, pero, en todo caso, las presiones no pueden atribuírsele a la más alta jerarquía del Poder Judicial. El magistrado Carlos Chinchilla, presidente de la Corte, descartó hablar de sanciones y procesos disciplinarios. Wálter Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial, se manifestó de acuerdo con esa idea y también insistió en el diálogo. ¿Pueden los funcionarios judiciales cometer arbitrariedades como las descritas sin sufrir las consecuencias? ¿Rebasan sus privilegios el ámbito de las pensiones?