EscucharLa Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, órgano de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha probado ser un baluarte en la defensa del derecho a difundir, recabar y recibir informaciones, ideas y opiniones en todo el continente. La intensa actividad desplegada por la Relatoría molesta a los Gobiernos y otros actores de la vida pública interesados en acallar la crítica, pero beneficia a los pueblos e individuos, sin discriminaciones de ninguna especie.
Precisamente por eso, el Gobierno ecuatoriano de Rafael Correa, acompañado por otros del mismo corte, emprendió una campaña en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA) para restringir el ámbito de acción del relator y hacer de la institución un organismo inocuo, incapaz de defender la libertad de expresión a cabalidad.
Son Gobiernos cuyas actuaciones internas no dejan duda de su hostilidad frente a la libre expresión. Promueven leyes restrictivas, diseñadas para privar a sus ciudadanos del derecho más elemental, y se valen de sistemas judiciales constituidos a su imagen y semejanza para perseguir a sus críticos.
Países como el nuestro, comprometidos con el pleno ejercicio de los derechos humanos, no deben hacerles el juego. Por eso sorprende el resultado de la sesión celebrada el 13 de diciembre por el grupo de trabajo creado por el Consejo Permanente de la OEA para analizar el funcionamiento de la CIDH y “el fortalecimiento del sistema interamericano”.
A última hora, Ecuador consiguió introducir en el documento final tres iniciativas destinadas a cortar las alas de la Relatoría. Primero, logró que el grupo de trabajo acogiera la propuesta de incorporar los reportes de todas las relatorías existentes en un capítulo único del informe anual de la CIDH.
Los proponentes de la medida saben que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es la única que desde hace una década pública un extenso informe anual para evaluar el respeto a esa libertad en todos los países del hemisferio. También saben que su Gobierno no saldrá bien librado en los futuros informes.
Las demás relatorías, como la especializada en la protección de los derechos indígenas o de las mujeres, publican breves reseñas de su actividad en el marco del informe general.
El “fortalecimiento” del sistema interamericano podría requerir de informes más exhaustivos en esas áreas, pero no de la pretendida restricción al reporte de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
Con idéntico propósito, la segunda propuesta ecuatoriana pugna por “asignar recursos adecuados, suficientes y balanceados” a todas las relatorías. Los proponentes conocen la inexistencia de una previsión de recursos adicionales para las demás relatorías. En consecuencia, el pretendido equilibrio financiero solo sería posible mediante la repartición de los fondos, de por sí insuficientes, asignados a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
Por último, Ecuador propone la adopción de un código de conducta aplicable a la gestión de las relatorías de la CIDH para asegurar la coordinación con los Estados miembros de la OEA. En el contexto de las demás propuestas de la diplomacia ecuatoriana, es impensable que el código se abstenga de imponer obstáculos a la actividad de la Relatoría Especial, impidiéndole emitir comunicados, cartas o recomendaciones con la celeridad necesaria para evitar la consumación de las violaciones a la libertad de expresión o el surgimiento de perjuicios irremediables.
Las propuestas del Gobierno del presidente Correa deben verse en el marco de su enfrentamiento con la prensa independiente ecuatoriana y la persecución judicial desatada contra ella. El Consejo Permanente de la OEA revisará las recomendaciones del grupo de trabajo en su próxima sesión, programada para este mes. Costa Rica tendrá entonces la oportunidad, en unión con otros países respetuosos de los derechos humanos, de asumir la defensa de la libertad de expresión en consonancia con sus mejores tradiciones y valores. Una omisión, en este caso, equivale a complicidad con las peores desviaciones inspiradas por el chavismo y las tendencias autoritarias cobijadas bajo el manto de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba).
