Opinión

EDITORIAL

¿Un Gobierno socialista en Costa Rica?

Actualizado el 13 de enero de 2014 a las 12:00 am

Tres países que profesan el socialismo –Venezuela, Argentina y Nicaragua– ofrecen lecciones de mucha utilidad

Los regímenes socialistas, por su ideología, tienden a inculpar de todos los males al modelo económico de apertura internacional y libre mercado interno

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Ante la posibilidad de que un partido político de corte socialista llegue al poder por la vía democrática en Costa Rica, es necesario examinar las experiencias y resultados económicos de tres países que profesan esa ideología: Venezuela, Argentina y Nicaragua. El socialismo de otros países como Chile y Brasil es mucho más moderado, muy semejante en sus regímenes institucionales y políticos a las demás naciones democráticas con economías de mercado. La diferencia es significativa y peligrosa.

En Venezuela , la situación económica se ha venido deteriorando aceleradamente en los últimos años. A pesar de tener recursos minerales abundantes, particularmente petróleo, y del copioso gasto público, la producción en términos reales solo creció un 1,2% en el 2013 y las perspectivas para este año señalan una variación aún menor, del 1%, según la Comisión Económica para la América Latina (Cepal). Una parte importante de los magros resultados productivos se debe al desaliento que ha tenido el sector privado ante las medidas represivas adoptadas por el gobierno socialista del presidente Maduro, sucesor del igualmente socialista Hugo Chávez.

La represión se extiende desde la persecución a la prensa para acallar los desmanes presidenciales, los absurdos controles de precios para ocultar el mal manejo monetario y la escasez a consecuencia de la baja producción, hasta los controles cambiarios y tipo de cambio artificial, junto a las restricciones para la venta de divisas a los importadores (que permitiría incrementar la oferta de bienes a la población). Hay también fuga de divisas por el temor de expropiaciones a los tenedores de los medios de producción.

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), “se proyecta que la economía registre una pronunciada desaceleración en el 2013, dado que la escasez de bienes y las restricciones de oferta han alcanzado un carácter generalizado, y la inflación se sitúa por encima del 45%”. Esa situación –agregamos nosotros– es sumamente grave y no va a desaparecer tan fácilmente, a menos de que cambie el régimen socialista a otro con inclinaciones más democráticas y de libre mercado.

Argentina , una nación más poderosa que Venezuela en recursos físicos y humanos, también ha venido girando hacia un socialismo populista, con resultados similarmente negativos. La tasa de crecimiento de la producción real caerá de un 4,5% en el 2013 a solamente un 2,6% en el 2014, según la Cepal, y la inflación real supera en mucho a la oficial. Por esa razón, el FMI ha puesto en tela de duda toda la información que emana del gobierno de Cristina Fernández, pues acude constantemente a maquillarla para evitar el descrédito de sus deficientes políticas económicas.

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La fuga de capitales y las menores entradas en divisas responden al manejo autoritario de la economía, incrementado desde que la presidenta decidió destituir al gobernador del Banco Central por negarse a financiar con las reservas del Banco los excesivos gastos gubernamentales. Las autoridades argentinas dejaron de proporcionar información veraz a las misiones del FMI, razón por la cual, desde hace seis años, no se realiza la consulta anual a la que estatutariamente están obligados los países miembros de esa institución.

Recientemente, la Junta Directiva del Fondo (Board of Directors) sancionó fuertemente al Gobierno argentino por manipular datos e, implícitamente, por el manejo desordenado de su política económica: “El progreso de Argentina en implementar las recomendaciones del Fondo ha sido insuficiente. Por esa razón, emitió una declaración de censura contra Argentina relacionada con el incumplimiento de las obligaciones emanadas del Convenio Constitutivo del FMI”. Una de las características del Gobierno argentino ha sido su constante desdén por las recomendaciones de organismos técnicos y especializados como el FMI –agregamos nosotros– y por sus constantes ataques al sector productivo privado.

Nicaragua. La situación de Nicaragua es ligeramente diferente. Sí ha cumplido con los estándares de información del FMI y algunas de las recomendaciones de política económica, y los índices son mejores que en Venezuela y Argentina. El crecimiento de la producción fue del 4,6% en el 2013 y el proyectado para el 2014 es de un 5%, ambos en términos reales. La inflación, por su parte, ronda el 7%, superior al promedio latinoamericano. Sus principales debilidades se ubican en el ámbito fiscal (altas tasas de expansión del gasto público) y el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos (ambos, íntimamente relacionados), cuyas estimaciones para el 2014 rondan el 13% del PIB.

Una parte importante de ese déficit (y del faltante fiscal) se financia con recursos de Venezuela y otras ayudas gubernamentales. Pero el riesgo es que esas ayudas, sobre todo las provenientes de Venezuela, mermen en los próximos años, dadas las condiciones económicas tan precarias del aliado socialista. Y eso nos lleva a considerar cuál sería el escenario de un gobierno socialista en Costa Rica.

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Costa Rica. La primera preocupación es que los regímenes socialistas, por su ideología, tienden a inculpar de todos los males al modelo económico de apertura internacional y libre mercado interno, sin calcular los riesgos inherentes a un cambio de modelo. Denunciar tratados de libre comercio o tratar de renegociar cláusulas importantes suscritas de buena fe tienden a minar la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros sobre la orientación de las políticas económicas. Además, tenderían a aumentar exorbitantemente los impuestos sobre la renta, en detrimento de la rentabilidad de la inversión. Eso provocaría, de inmediato, fugas de capital y menores flujos de divisas del exterior, en contra del mercado de divisas y el déficit comercial, y con un efecto que podría resulta devastador en el índice de precios al consumidor, dada la incidencia del tipo de cambio y los precios de los bienes transables en el IPC.

Mayores tasas de inflación y devaluación repercutirían en los costos de producción y, también, en los índices salariales de todos los trabajadores, especialmente los independientes. Se afectarían todas las empresas, en especial las pequeñas y medianas, muchas veces con dificultad para trasladar los ajustes de costos a los consumidores. Y, cuando lo hacen, también afectan de nuevo a los empleados por la inflación concomitante. En ese contexto, los Gobiernos socialistas, para tratar de combatir los incrementos de precios y tipo de cambio, recurren a controlar los valores de todos los bienes y servicios. Pero los empresarios, que conocen muy bien las causas del desequilibrio, reaccionarían disminuyendo la inversión y producción, y sacando capital del país para protegerse. Sería un escenario muy negativo desde cualquier punto de vista.

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