El último episodio en la larga cadena de contradicciones del Frente Amplio lo protagonizó la presidenta del partido y candidata a diputada por San José, Patricia Mora, quien hizo pública su aspiración de reformar la ley para exigir “parámetros éticos mayores” al periodismo y colocar el control del cumplimiento de esos parámetros en manos de “las instancias que el Frente Amplio se compromete a crear” para que “los periodistas cumplan el sagrado deber de educar” y dejen de mentir por acción u omisión.
Como los argumentos y propuestas están tan obviamente calcados de las fórmulas aplicadas para limitar la libertad de expresión en Venezuela, las declaraciones suscitaron críticas y preocupación. Entre los preocupados estuvo el aspirante presidencial José María Villalta, quien achacó lo dicho a la “falta de experiencia” de la candidata en su trato con la prensa. Villalta se distanció de la posición de Mora, la tildó de “confusa” y afirmó que no se corresponde con el programa de gobierno.
El cargo de inexperiencia dirigido por el joven candidato a la madura presidenta del partido es en sí mismo un hecho curioso, pero no queda claro si la inexperiencia de Mora se evidencia en su pensamiento sobre la libertad de expresión o en la candidez con que lo reveló a los periodistas.
La primera reacción de Mora, totalmente alineada con la frecuente práctica de su partido, fue decir que solo pretende someter el asunto a discusión. Sin embargo, en su respuesta a nuestro editorial sobre el tema, insiste en la compatibilidad de su planteamiento con el programa de gobierno, a contrapelo de lo dicho por el candidato presidencial.
La respuesta no hace referencia alguna a los “parámetros éticos mayores” que inicialmente propuso imponer a la prensa. Adelanta, eso sí, la idea de reformar la Constitución para convertir “el derecho a la comunicación en un derecho fundamental”.
Doña Patricia, miembro del Comité Ejecutivo firmante del emotivo documento donde el Frente Amplio proclamó que la vida ejemplar y sacrificio del comandante Chávez iluminarán su “lucha por el Socialismo del Siglo XXI”, ahora afirma con desdén: “No viene al caso siquiera entrar a discutir mi supuesto ‘apoyo’ a las medidas que está implementando el Gobierno de Venezuela en este ámbito”. Para probarlo, señala, con razón, que en ninguna parte de sus declaraciones originales mencionó a Venezuela.
El editorial, y es fácil constatarlo en La Nación electrónica, jamás le adjudicó el apoyo de doña Patricia a ninguna medida concreta adoptada en Venezuela. Sí dijo, y lo reiteramos hoy, que las medidas propuestas por la candidata a diputada son las mismas empleadas para coartar la libertad de expresión en Venezuela. También dijo, y lo reiteramos hoy, que las excusas esgrimidas son las mismas. Añadió, y lo reiteramos hoy, que en Venezuela las consecuencias de las medidas y justificaciones de doña Patricia son el amordazamiento de la prensa y la limitación de la información sobre temas que incomodan al Gobierno, como el desabastecimiento, la corrupción y la inseguridad ciudadana.
Las coincidencias son obvias y, para identificarlas, no hace falta que doña Patricia pronuncie la palabra “Venezuela”. Su respuesta al editorial más bien aporta nuevas similitudes con el tratamiento dispensado en Venezuela a la libertad de expresión. Tampoco al chavismo le satisfizo la formulación clásica de ese derecho en la tradición constitucional venezolana. Por eso promovió una reforma para convertir, como dice doña Patricia, “el derecho a la comunicación en un derecho fundamental”.
Así quedó estipulado en el artículo 58 de la Constitución Bolivariana. Es a partir de ese cambio que el Gobierno de Venezuela impone a la prensa el deber de difundir “información oportuna, veraz e imparcial”, es decir, con “parámetros éticos mayores”. La Administración venezolana, con constante invocación de la “participación ciudadana”, tan socorrida por doña Patricia, define cuáles informaciones cumplen esos requisitos y multa a los transgresores con penas astronómicas. Adivinará el lector que entre las informaciones carentes de “veracidad”, sentido de la “oportunidad” e “imparcialidad” según el Gobierno chavista, están las relacionadas con el desabastecimiento de productos básicos, la inseguridad ciudadana y la corrupción.
No hace falta que doña Patricia pronuncie la palabra “Venezuela” para identificar las similitudes, sobre todo cuando sus planteamientos han sido rechazados en todos los regímenes democráticos y solo son aceptados en los autoritarios. Si en verdad sus pretensiones no pasan del deseo de someter el tema a discusión, es preciso informarle, además, que el debate solo tiene sentido si contemplamos la posibilidad de apartarnos del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, como lo hizo recientemente Venezuela para coartar impunemente la libertad de expresión mediante los requisitos de oportunidad, veracidad e imparcialidad.
No habría otra salida, porque la Corte Interamericana tiene establecido, desde 1985, que los “condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad por parte de los Estados son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión reconocido en los instrumentos internacionales”. ¿Está doña Patricia dispuesta, como estuvieron los gobernantes venezolanos, a apartar a nuestro país del Sistema Interamericano y su caracterización de los derechos humanos? Si no, la discusión que propone carece de sentido, porque de antemano sabemos que el condicionamiento de la información a “parámetros éticos mayores”, convertidos en ley, es incompatible con la Convención Americana.
Nada de esto resta interés, por supuesto, a la duda sobre cuál de las dos lecturas del programa del Frente Amplio es la válida: la del candidato presidencial o la de la presidenta del partido.