EscucharSegún la Cámara Nacional de Radio (Canara), las emisoras clandestinas superan en número a las legales por 137 a 114. Las primeras no pagan impuestos, derechos o cargas sociales. Tampoco hacen los trámites exigidos por ley y simplemente invaden las frecuencias de las emisoras legales.
Algún sector ideológico cohonesta y promueve la flagrante violación de la ley con expresión de simpatías para el radiodifusor casero, pequeño y de supuesta inspiración comunitaria. En verdad, entre los radiodifusores clandestinos muchos están motivados por el ánimo de lucro, con todo y cartilla de tarifas publicitarias. Otros tienen fines políticos y muchos difunden ideas religiosos, no siempre desnudas de la intención de recabar fondos. Hay, también, emisoras ilegales operadas por extranjeros, dos de ellas por colombianos y dominicanos, sin que las autoridades tengan noticia de quienes se trata.
Entre las emisoras legales hay decenas de radios auténticamente comunitarias, cuyas frecuencias son invadidas con la misma indiferencia aplicada a las estaciones comerciales, cuya legitimidad no se cuestiona en Costa Rica. Entre las afectadas se cuentan, por ejemplo, las emisoras culturales del Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica (ICER).
Las frecuencias legalmente asignadas a personas físicas o jurídicas no pueden ser irrespetadas o, en la práctica, decomisadas por terceros, no importa la justificación que esgriman. La ley es una y existe para ser aplicada.
El Gobierno y la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) no pueden poner oídos sordos al reclamo de la Cámara y de los medios comunitarios afectados en todas las regiones del país. Las tecnologías de transmisión se han abaratado y la compra de aparatos producidos en Asia a bajo costo posibilita la apertura de un micrófono en cualquier sitio: una casa cural, un garaje o la sala de un pastor religioso. El recurso más valioso y limitado, la frecuencia, es el único obstáculo, pero eso no autoriza a usurparlo. El espectro radioeléctrico no debe ser una reedición del salvaje oeste donde se impone quien puede.
Es difícil determinar el número exacto de estaciones clandestinas. Muchas funcionan de forma intermitente, determinados días y horas, y se trasladan con toda facilidad de un lugar a otro. Por lo general, invaden el espacio entre dos frecuencias legales y causan a ambas problemas de transmisión. Una sola emisora clandestina, operada con el mínimo de inversión, puede distorsionar la señal de dos emisoras legales en una amplia zona geográfica.
La actividad clandestina también viola los derechos del Estado, propietario del espectro radioeléctrico y beneficiario del pago por su explotación, y del público interesado en recibir la señal de una emisora legal en regiones donde la interferencia de las radios clandestinas lo impide o degrada la calidad.
Sutel aun carece de los equipos necesarios para monitorear el espectro y detectar a los emisores clandestinos para ordenarles el cese de su actividad. Sin embargo, algunas emisoras ilegales operan abiertamente, sin preocupación alguna por el conocimiento público de su ubicación. Funcionan al abrigo de un nombre comercial, dan a conocer su dirección y número de teléfono y hasta difunden anuncios de entidades públicas.
El Estado cobra a las emisoras legales los derechos derivados del uso del espectro pero, a diferencia de cualquier otro proveedor, se sustrae del deber de garantizar el uso pacífico de lo pagado, aunque está en sus manos hacerlo. Por el contrario, contribuye a mantener el negocio clandestino con la inversión publicitaria financiada por los contribuyentes, incluidas las emisoras legales. Este absurdo exige intervención inmediata de las autoridades, so pena de confesar su más vergonzosa inoperancia.
