Opinión

EDITORIAL

La vergüenza del tráfico de órganos

Actualizado el 19 de junio de 2013 a las 03:30 pm

La ley contra la trata de personas está necesitada de una profunda revisión para ajustarla a las necesidades reveladas en días recientes.

Es preciso decidir sobre la mejor forma de regular el tema de los donantes no relacionados, si deben existir, y cuáles protocolos deben ser aplicados.

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El periódico mexicano El Universal dio a conocer la existencia del ilícito negocio del tráfico de órganos en Costa Rica. La noticia dio la vuelta al mundo y dejó una horrible mancha sobre la reputación del país. Sin embargo, la preocupación por la imagen internacional es lo de menos. El drama humano de costarricenses sometidos a procedimientos quirúrgicos para extraerles órganos a cambio de una compensación económica es un vejamen inaceptable.

La labor del periódico mexicano debe ser agradecida, no obstante la lesión causada al prestigio de Costa Rica y a la forma en que no gusta vernos a nosotros mismos. La denuncia periodística cobró cuerpo poco después de la publicación cuando el Ministerio Público confirmó la existencia de una investigación iniciada en diciembre. Las pesquisas condujeron a la detención del jefe de nefrología del Hospital Calderón Guardia y de una oficial de policía acusada de reclutar a los donantes.

El proceso judicial apenas comienza y la ley presume la inocencia de los detenidos, pero el país ya no puede presumir la inexistencia del negocio. Son muchas las denuncias, todavía más las sospechas y suficientes las advertencias formuladas desde hace cinco años por el cirujano de trasplantes Clive Montalberth-Smith. El médico señaló al Ministerio de Salud los peligros asociados con la práctica de permitir la donación de órganos de personas sin lazos de consanguinidad con el paciente necesitado del trasplante.

Una práctica tan inhumana debe ser desterrada para siempre, pero el país está lejos de contar con el instrumental jurídico necesario

Las advertencias también fluyeron de fuentes extranjeras. Según El Universal , el médico argentino Roberto Tanus, de la Sociedad de Trasplantes de América Latina y el Caribe, afirmó: “Costa Rica está señalada mundialmente como lugar de turismo de trasplantes. ¡Todos sabemos de qué estamos hablando! El turismo de trasplantes es el disfraz elegante para decir tráfico ilícito de órganos”.

La demanda de órganos, en particular riñones, existe en todas partes del mundo, pero por alguna razón las peticiones provienen con mayor frecuencia de Israel, según las investigaciones conducidas hasta ahora. El donante recibe hasta ¢10 millones y la operación puede efectuarse en el país o en el extranjero, donde reside el paciente.

Mássimo Manzi, director ejecutivo del Consejo para la Promoción Internacional de la Medicina en Costa Rica (Promed) señala que el país se adhirió recientemente a la Declaración de Estambul sobre el Tráfico de Órganos, cuyas disposiciones eliminan la figura del donante no relacionado con el receptor.

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Una práctica tan inhumana debe ser desterrada para siempre, pero el país está lejos de contar con el instrumental jurídico necesario. El Ministerio de Salud no puede pedir a las clínicas privadas información sobre el donante o el receptor y el caso investigado por la Fiscalía da cuenta de la necesidad de aumentar, además, los controles en los centros médicos de la Caja Costarricense de Seguro Social.

También es preciso decidir sobre la mejor forma de regular el tema de los donantes no relacionados, si deben existir, y cuáles protocolos deben ser aplicados para descartar motivaciones económicas detrás de la decisión de donar.

El carácter internacional del delito también plantea retos específicos, pues ni siquiera la prohibición de donantes no relacionados garantiza la erradicación de la trata de personas. Como en el caso de tantos delitos transnacionales, la Internet es una aliada del tráfico de órganos. Sirve para promoverlo, poner a las partes en contacto, ofrecer servicios relacionados y ejecutar las transacciones. El donante reclutado aquí puede viajar al país de residencia del paciente o ambos pueden reunirse en una tercera nación, donde la ley sea más permisiva.

La ley contra la trata de personas (9095) está necesitada de una profunda revisión para ajustarla a las necesidades puestas en evidencia, en los últimos días, por los reportajes periodísticos y las investigaciones de la Fiscalía.

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