EscucharLa pobreza se ha estancado en Costa Rica mientras que la desigualdad ha venido en aumento, a pesar de los esfuerzos de las instituciones gubernamentales y los múltiples recursos presupuestarios y humanos invertidos para combatirlas. ¿Estaremos perdiendo la batalla?
No necesariamente, pero tampoco estamos progresando al ritmo que todos quisiéramos. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Inec), el porcentaje de familias pobres se redujo efectivamente este año en un punto porcentual, pasando de un 21,6% a un 20,6% del total. Aunque la reducción es modesta y se halla dentro del margen de error, debe verse con buenos ojos pues, por lo menos, se ha controlado el deterioro y podría ser el inicio de un cambio de tendencia, como han sugerido las autoridades. Eso les debería servir de aliciente para aquilatar los factores que más inciden en la pobreza y examinar las carencias en las políticas para tratar de reducirla.
Muchos factores, desde luego, inciden en la reducción de la pobreza, pero hay tres que se destacan insistentemente en los estudios del Inec: el crecimiento de la producción (PIB) junto al ingreso disponible de los trabajadores, los niveles de empleo y desempleo, y la estabilidad del ingreso real medida por las variaciones en el índice de precios al consumidor (inflación). Cuanto más crezcan la producción y el empleo, y menores sean los aumentos en el índice de precios al consumidor, mayores serán las posibilidades de que más familias logren traspasar la línea de pobreza y satisfacer con holgura sus necesidades. Eso se llama progreso económico y social. Entonces, resulta evidente el interés que debe ponerse en la combinación de esos tres factores esenciales.
En el crecimiento y generación de empleo desempeña un papel importante la inversión privada y pública. Para estimular la primera, es más importante propiciar un clima de tranquilidad y confianza, acompañado de estabilidad económica y política, que descansar en incentivos fiscales y exoneraciones que erosionan la base tributaria. Para incrementar la segunda sí se requiere de un esfuerzo de planificación con el objeto de redireccionar los gastos presupuestarios en burocracia, como ahora, a programas de infraestructura en distintas áreas, ayuda focalizada a los más necesitados y educación. Pero, para eso, se requiere de una reforma fiscal y del Estado. No solo es necesario incrementar los recursos fiscales, sino revisar el gasto del Gobierno central y las instituciones públicas para sentar prioridades. Ese esfuerzo está pendiente. Sin él, las posibilidades de reducir la pobreza por la vía de incrementos en la producción y empleo son más difíciles.
En cambio, mayor progreso se ha hecho en Costa Rica en la lucha por reducir la inflación y mantener más estable el ingreso real de los trabajadores. Según cifras del Banco Central, la inflación interanual ha venido cediendo lentamente, pero de manera constante, desde un 5,82% en diciembre del 2010 hasta un 4,68% en octubre pasado. Y según el Inec, el costo de la canasta básica alimentaria, esencial en el cálculo de la pobreza, descendió 0,22 en los últimos 12 meses. Esas reducciones les han permitido a los hogares de menores ingresos disfrutar de más recursos reales disponibles para satisfacer sus necesidades.
El año pasado, por ejemplo, los ingresos de las personas con menores ingresos, ubicadas en el primer quintil de la estratificación, subieron en un 1,6%, comparado con el año anterior, y el desempleo se redujo levemente, de un 7,8% a un 7,7% de la fuerza laboral. Esos factores contribuyeron, sin duda, a reducir la pobreza en un punto porcentual. Pero lo más importante es que, de continuar por la vía del crecimiento y la estabilidad, la pobreza podría disminuir aún más. La responsabilidad social del Banco Central en esta batalla por disminuir la inflación es innegable.
Desafortunadamente, los esfuerzos por mejorar la distribución del ingreso en Costa Rica no han corrido igual suerte. El crecimiento de la producción y del empleo a veces resulta insuficiente para lograr mayor equidad. Se pueden generar muchos empleos mal pagados en el sector privado (industria, agricultura), si se comparan con los ingresos de los funcionarios públicos o los servicios privados. La desigualdad se ensancha cada vez más. Medida por el coeficiente de Gini, subió de 0,50 a 0,518 (cuanto más alto, mayor desigualdad), y eso es señal de que las políticas públicas no han podido compensar el impacto directo de ciertos cambios estructurales en la economía que jalan el carro del crecimiento y progreso de manera desigual.
Los cambios tecnológicos, por ejemplo, son más fácilmente absorbidos por los jóvenes y personas con mayor escolaridad, ubicados en zonas urbanas, lo cual aumenta las brechas de ingresos hasta dentro de las mismas familias. La apertura comercial desplaza a ciertos sectores productivos protegidos y favorece a otros, y la inmigración de trabajadores con bajos niveles de educación y preparación técnica se refleja en las estadísticas de la distribución que, junto a otros factores, exigen implementar políticas públicas para compensar los bajos ingresos de quienes se van rezagando en el proceso.
El fenómeno parece ser mundial, según se ha documentado en varios estudios recientes. Las políticas tradicionales de redistribución por la vía del mecanismo impuestos-gastos no ha dado los frutos requeridos por la deficiente composición de la legislación fiscal y prácticas vigentes, tantas veces señaladas en comentarios anteriores. Ese es otro de los grandes retos pendientes. Si los impuestos respondieran con mayor propiedad al principio tributario de cotizar conforme a la verdadera capacidad de pago; y, si los gastos se enfocaran prioritariamente a educación e infraestructura, mejorarían simultáneamente los índices de pobreza y los de distribución de la riqueza.
