Opinión

EDITORIAL

Desempleo, subempleo y empleo informal

Actualizado el 01 de junio de 2015 a las 12:00 am

Las tasas no se han estabilizado, como afirma el Ministerio de Trabajo, sino, más bien, han aumentado o se han estancado

El desempleo, subempleo y empleo informal no deben solucionarse incrementando los subsidios y exoneraciones, ni erosionando la base tributaria

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Las tasas de desempleo y subempleo de la fuerza laboral no se han estabilizado, como afirma el Ministerio de Trabajo, sino, más bien, han aumentado o se han estancado, y el empleo informal alcanzó números preocupantes. La tendencia parece inclinarse al alza, según declaraciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), y lo más inquietante es que las políticas gubernamentales no están proporcionando soluciones. Parece conveniente un cambio de estrategia y, quizás, relevo de responsabilidades.

Hace un año, la tasa de desempleo abierto era de un 9,7% de la fuerza laboral, según la encuesta continua del INEC. Hoy asciende a un 10,1%. Si se considera el número absoluto de personas con edad y deseos de trabajar, el desempleo afecta a 232.000 costarricenses. Sin embargo, si se constata que la fuerza laboral no ha aumentado, como se esperaría por el incremento normal de la población, el panorama se complica aún más.

La fuerza laboral nacional, compuesta por hombres y mujeres mayores de 15 años dispuestos a trabajar, también disminuyó frente a la registrada en el primer trimestre del 2014 (disminución de 1,8 puntos porcentuales). El número de ocupados tampoco ha variado significativamente. Eso implica que el desempleo sería mayor al 10,1% registrado si todas las personas en edad de trabajar, pero desincentivadas por la falta de trabajo, se incorporaran de nuevo a la fuerza laboral. Con una fuerza de trabajo potencialmente más grande, estando estancado el número de ocupados, el desempleo sería mayor. Esto se refleja en el índice de confianza del consumidor y contribuye a disminuir el gasto y crecimiento real.

También se registra un porcentaje relativamente alto de subempleo –personas que trabajan menos de la jornada completa pero están deseosas de trabajar más– el cual alcanzó un 12,9% de la fuerza laboral, cifra superior a la de la tasa de desempleo abierto (10,1%). Sin embargo, el mayor deterioro se registra en el empleo informal, que ha llegado a representar cifras muy elevadas y, también, una tendencia preocupante. Mientras que en el primer trimestre del 2012 representaba un 36% del total de los ocupados, en el primer trimestre de este año brincó a un 45% del total. Esto conlleva problemas económicos y sociales complejos.

Los informales no cotizan a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y, por tanto, carecen de los beneficios sociales que otorga esa institución. Sin embargo, el perjuicio es de doble vía, pues la entidad tampoco percibe esos ingresos y se acrecienta su problema financiero. Los informales tampoco contribuyen a la tributación directa sobre sus rentas, en detrimento de los ingresos fiscales, y sus posibilidades de acceder a la banca formal están muy limitadas, por lo que deben acudir a los acreedores informales, con tasas de interés más elevadas, para financiar sus necesidades de inversión y consumo.

Las políticas públicas para enfrentar la informalidad no son convincentes. Lo que el Ministerio de Trabajo ha propuesto se enmarca dentro de lo que ha sido tradicional: más exoneraciones y subsidios que son, precisamente, parte importante de la crisis fiscal actual. Se pretende reducir el porcentaje de las contribuciones a la CCSS que efectúen en el futuro las pequeñas y medianas empresas trasladadas a la formalidad y la creación de un régimen tributario diferenciado para las pequeñas y medianas empresas (mipymes). La primera medida tendría el efecto inmediato de deteriorar aún más las finanzas de la Caja, pues asumiría mayores cargas en la prestación de sus servicios a cambio de una menor cotización; la segunda también erosionaría la base fiscal e iría en contra del proyecto de ley oficial para eliminar o reducir exenciones y exoneraciones. Las dos tendrían en común el raído y poco creativo expediente de recurrir a las dádivas fiscales para resolver viejos problemas estructurales.

El crecimiento de la informalidad revela, en el fondo, la existencia de males mayores que aquejan al sistema productivo costarricense y afectan su productividad. El alto porcentaje de las cargas sociales, que para las empresas formales son impuestos directos y deberían por tanto reflejarse en la carga tributaria, son uno de ellos, al igual que los porcentajes de tributación sobre las utilidades. Si a los ojos del Gobierno este es el problema, en vez de exonerar a los informales, más bien debería reducir el porcentaje de ambos conceptos aplicable a todas las empresas para estimular la formalidad y, también, para mejorar la competitividad.

El desempleo, subempleo y empleo informal no deben solucionarse incrementando los subsidios y exoneraciones, ni erosionando la base tributaria. Tendrían el efecto inmediato de aumentar el déficit fiscal y despertarían la gran tentación de subir impuestos a las empresas que sí cotizan, desincentivando la formalidad. En las circunstancias actuales, en vez de subir impuestos cuyo impacto inmediato se reflejaría en menores gastos de consumo e inversión del sector privado y menor absorción de empleo, más bien deberían reducirse los gastos, particularmente los que demanda la burocracia estatal, para disminuir el déficit. Mientras las autoridades gubernamentales, en especial el Ministerio de Trabajo, no lo vean así, poco se podrá lograr para mejorar estas variables tan importantes.

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