Opinión

EDITORIAL

Descontrol de la seguridad privada

Actualizado el 28 de mayo de 2016 a las 12:00 am

Solo 605 compañías están inscritas y vigentes, 231 tienen la licencia vencida y las autoridades no logran localizar a otras 707

El llamado a poner orden no puede ser tomado a la ligera si se considera la existencia de 27.513 vigilantes privados inscritos, de los cuales 26.145 tienen permiso de portación de armas

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El 60% de las 1.543 empresas de vigilancia privada conocidas por las autoridades operan en la informalidad. Las firmas aparecen y se esfuman con facilidad. La existencia efímera no es un fenómeno exclusivo de los emprendimientos informales. También es frecuente entre las empresas con aspiraciones de acogerse a la legalidad.

Solo 605 compañías están inscritas y vigentes. Otras 231 tienen la licencia vencida y fueron advertidas de la obligación de hacer la renovación, a más tardar, el 15 de junio. Más de 500 aparecen en las listas de morosidad de la Caja Costarricense de Seguro Social. Pero la mayor preocupación se centra en las 707 empresas cuya localización se ha vuelto imposible para las autoridades.

Antes del 2013, esas 707 empresas inscribieron 7.070 armas ante el Ministerio de Seguridad Pública. A esta fecha, las compañías desaparecieron y también las armas. Los funcionarios de la Dirección de Servicios de Seguridad Privada se esfuerzan por encontrar a las empresas y sus encargados, pero no han tenido éxito. Por lo menos no se ubican en los sitios señalados en el registro, y si algunas todavía existen, habrían incumplido el requisito legal de comunicar el traslado del negocio a otro local.

En conjunto con la Dirección de Armamento, los encargados de regular a las empresas de vigilancia privada encontraron motivos suficientes para denunciar ante el Ministerio Público a los encargados de 280 de las 707 empresas desaparecidas. El resto podría sufrir la misma suerte cuando concluya el proceso de recabar información.

Entre las armas desaparecidas hay pistolas y revólveres de alto calibre, así como escopetas. La Policía teme la posibilidad de que ese armamento haya parado en manos de la delincuencia. En suma, la revisión de los registros de la industria de la seguridad arroja un panorama de enorme y preocupante desorden.

Eric Koberg Herrera, presidente de la Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad, no tiene reparos para sumarse a la crítica. Más del 60% de la venta de servicios de vigilancia en el país se contrata con emprendedores informarles, dice Koberg, según cuyo criterio es necesario aplicar la ley con más rigor.

El llamado a poner orden no puede ser tomado a la ligera si se considera la existencia de 27.513 vigilantes privados inscritos, de los cuales 26.145 tienen permiso de portación de armas. Es un verdadero ejército, muy superior en número a la Fuerza Pública. Si a los agentes inscritos se suman los informales, con toda seguridad los números serían sorprendentes. El Ministerio de Seguridad Pública calcula en 30.000 las armas en manos de las firmas de vigilancia privada.

El servicio es necesario, como lo demuestra la disposición de empresas y particulares a invertir en contratarlo. Las empresas dedicadas a la vigilancia y seguridad tienen un lugar en la sociedad costarricense. Complementan la labor de la Policía, siempre escasa de recursos. Sin la vigilancia privada, es razonable suponer un aumento de la delincuencia, pero es preciso formalizar la actividad. Solo así se logrará el grado de profesionalización deseable en una industria de tanto riesgo y responsabilidad.

La informalidad también afecta los derechos de los vigilantes. Según Koberg, además de incumplir las obligaciones con la seguridad social, las empresas informales imponen horarios de trabajo excesivos y salarios inferiores a los fijados por ley. En su momento, las autoridades alertaron de la incursión en la actividad de personas con antecedentes penales. Los peligros son muchos y justifican a plenitud los esfuerzos desplegados para retomar el control.

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