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EDITORIAL

Delegación presidencial

Actualizado el 10 de diciembre de 2015 a las 12:00 am

El gobierno justifica la enorme delegación que acompañará al presidente Solís en su visita a La Habana por el carácter “histórico” del encuentro

También lamenta la “irresponsable” filtración de la lista de viajeros que, según su criterio, causó una “distorsión” de la “justificada” visita a la Isla

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Costa Rica restableció relaciones diplomáticas con Cuba el 18 de marzo del 2009, durante el segundo gobierno de Oscar Arias. El 28 y 29 de enero del 2014, Laura Chinchilla fue la primera mandataria costarricense que visitó la isla desde la toma del poder por Fidel Castro. Si bien lo hizo para asumir la presidencia de la Celac, sostuvo un encuentro bilateral con el presidente Raúl Castro. La historia está escrita y lo que sigue es el desarrollo normal de las relaciones entre ambos países.

Sin embargo, el gobierno justifica la enorme delegación que acompañará al presidente Luis Guillermo Solís en su próxima visita a La Habana por el carácter “histórico” del encuentro. Para hacer historia, luego del restablecimiento de relaciones y el primer viaje presidencial a Cuba, el mandatario necesita la compañía de 31 funcionarios, con gastos sufragados por el Estado.

Se trata de la primera segunda visita. Quizá en eso resida su carácter histórico distintivo. También marcará un hito el tamaño de la delegación. El viaje es la “puntada final” del restablecimiento de relaciones, para emplear palabras del mandatario, pero es una puntada final histórica, porque no puede haber más puntadas finales después de la última.

La cumbre climática de París, verdaderamente histórica aunque sea por la modestia de sus resultados, mereció menos atención, pese al orgullo nacional de ver el nombre del país enaltecido en la estructura de la Torre Eiffel. La gira de promoción de inversiones realizada en mayo, en Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, requirió de la presencia de cinco altos funcionarios, no 16.

Pero no es posible criticar el gasto. El monto apenas se puede adivinar. Según declaraciones del ministro de Comunicación a radio Monumental, darán una “estimación” antes del viaje y “cuentas claras” cuando la delegación vuelva al país. Eso sí, el funcionario lamenta la “irresponsable” filtración de la lista de viajeros. La difusión de la lista causó una “distorsión” de la “justificada” visita a la isla, dijo el ministro, quien aseguró que de todas formas pensaban hacerla pública antes del viaje.

El enojo del ministro es más difícil de entender que la pregonada naturaleza histórica de la visita. El presidente viaja el domingo. Si hubiera dado a conocer la lista a la entrada del avión, lo habría hecho apenas cinco días después de la “irresponsable filtración” y, por razones no explicadas, se habría evitado la “distorsión”.

El ministro no explica en qué consiste la distorsión ni por qué es irresponsable dar a conocer información de evidente interés público cinco días antes de la fecha del viaje. No sabemos la fecha prevista por el gobierno para materializar su intención de difundir la lista, pero, si no pensaba hacerlo desde el aeropuerto, el lapso transcurrido entre la publicidad de la lista y la materialización de las buenas intenciones de transparencia habría sido todavía menor.

Cinco días más, o menos, no habrían acallado las críticas del exceso cometido por una administración llegada al poder con promesas de austeridad y enfrentada a una seria crisis de las finanzas públicas. Si la distorsión es producto de la crítica, la responsabilidad recae sobre el gobierno autor de la lista. La “casa de cristal” no tiene motivo para protestar por la publicación anticipada del documento. La transparencia prometida nunca se entendió como un ejercicio sujeto a calendario y conveniencia de la Casa Presidencial, sino como la voluntad de hacer pública la información que tiene esa naturaleza, salvo las contadas excepciones de ley.

El manejo de la comunicación gubernamental sobre el incidente, dicho sea de paso, no parece responder a los principios pregonados y ni siquiera a una estrategia de control del daño. Publicada la lista, el gobierno tarda en contestar y, cuando lo hace, dice no tener idea del costo. Luego, señala la supuesta irresponsabilidad y distorsión. No se refiere al costo, pero promete una “estimación” que dará más de qué hablar esta semana y, para asegurarse una nueva ronda de discusión, hará públicos los gastos definitivos una semana después de la visita. Si los revela completos, podría resignarse a contabilizar las pérdidas y pasar la página. De lo contrario, abrirá un nuevo capítulo del debate.

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