La política económica del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) no es uniforme, mantiene un pronunciado proteccionismo a favor de los productores de ciertos bienes esenciales de la canasta básica, como el arroz y la papa, en perjuicio de los consumidores, pero, simultáneamente, observa una política de libre importación de otros productos importantes, como el cemento, en beneficio de de los consumidores. ¿Cómo dirimir la contradicción?
El perjudicial proteccionismo en contra de los consumidores de arroz lo hemos criticado en varios editoriales anteriores. Ahora, se suma el relacionado con la producción y el consumo de la papa, igualmente cuestionable. La Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (Cacia) presentó una denuncia al MEIC en la que señala, al menos, tres perjuicios diferentes: no había suficiente producción para abastecer el mercado interno por problemas relacionados con la siembra del tubérculo, el precio en el mercado local era muy caro y se habían cerrado los únicos mercados extranjeros abiertos para la importación, que eran los de Estados Unidos y Canadá. El MEIC rechazó la solicitud sin analizar suficientemente las causas del problema.
Para los consumidores, el problema se centra en una política económica equivocada. Nadie puede importar libremente papas de otros países, pues dos factores se lo impiden. El primero son los elevados aranceles existentes para la importación, del 45% sobre el precio del exterior, que encarece los productos competitivos. Pero, además, está prohibida la importación, independientemente del tributo, mediante la imposición de barreras no arancelarias de carácter fitosanitario, que pueden ser más perjudiciales que las impositivas. Por el hecho de haberse encontrado un furgón contaminado con alguna enfermedad se condena la importación futura de países tan grandes y cuidadosos sanitariamente como Estados Unidos y Canadá, y se priva, así, a los consumidores costarricenses de la oportunidad de adquirir productos más baratos y de mejor calidad.
En muchos casos, las barreras fitosanitarias se convierten en una excusa para incrementar el proteccionismo, como parte de una filosofía populista. Y, sin embargo, a los productores nacionales se les deja en libertad de acomodar los precios para reflejar la escasez relativa del producto en el mercado local, caracterizada por una menor eficiencia y productividad.
En este contexto, las declaraciones del presidente de la Cámara Nacional de Productores de papa, Fabián Segura, están erradas. Dijo: “Las industrias grandes no quieren pagar precios justos a los productores, conforme a la condición actual del mercado”. ¿Qué es un precio justo? En economía, el único precio justo es el que resulta de la libre oferta y demanda en un mercado exento de restricciones y barreras a la importación. Es el que más favorece a los consumidores. Cualquier otro será sesgado a favor de ciertos grupos de interés, matizado con clientelismo político. Como bien manifestó uno de los industriales de la papa, Juan Carlos Salazar, “la demostración clara de que hay escasez son, precisamente, los elevados precios y la prohibición generalizada para la libre importación de terceros países”. Lo que corresponde, en consecuencia, es abrir el mercado y reducir aranceles para que los costarricenses puedan adquirir esos productos, y otros de la canasta básica, a mejores precios. El proteccionismo es una forma de empobrecer a los costarricenses de menores ingresos.
Contradictoriamente, el MEIC sí ha pensado bien en favor de los usuarios costarricenses en el caso del cemento importado del exterior, particularmente de China. Algunos industriales nacionales se oponían a la libre importación de productos provenientes de esa fuente aduciendo que no satisfacía estándares ni requisitos mínimos para la construcción. El MEIC, originalmente, los había acuerpado y prohibió la importación y comercialización del cemento chino. Pero, posteriormente, recapacitó. Mediante estudios del Laboratorio Nacional de Metrología y el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) se demostró que eran aptos para su utilización en Costa Rica, por lo que, finalmente, se abrió el mercado nacional. Como consecuencia de la mayor competencia, el cemento en cuestión será, al menos, un 20% más barato. Sin duda, un beneficio significativo en beneficio de los usuarios, quienes podrán emprender toda clase de edificaciones más baratas, incluidas viviendas de interés social. Fue una buena decisión del MEIC.
¿Por qué no se empleó la misma metodología y análisis económico para permitir la libre importación de arroz y papas? No se puede aducir el tamaño ni poderío económico de los productores nacionales como elemento determinante para romper el monopolio, pues algunos productores e industriales del arroz también son grandes para “merecer” la protección del Estado. El parámetro por considerar debe ser siempre el beneficio de los consumidores, quienes son más y mucho más menesterosos comparados con los productores.
Además, hay una cuestión de eficiencia en la producción nacional involucrada. Un país con recursos limitados como el nuestro no debería destinarlos a producir bienes que se podrían adquirir más baratos y de igual, o mejor, calidad del exterior. En buena teoría económica, la satisfacción de las necesidades de toda la población debe prevalecer sobre los intereses particulares. Mientras no se comprenda esta realidad, se seguirán adoptando decisiones contradictorias.