EscucharCosta Rica tiene capacidades apreciadas en el extranjero y poco aprovechadas en suelo patrio. Nuestro déficit de infraestructura no se discute. Es una verdad evidente, por todos aceptada. Sabemos dónde duele más y no es difícil establecer prioridades, pero muchas obras indispensables para acelerar el desarrollo están en planos o en la imaginación de quienes se han dado a pensar sobre tan importante materia.
La ampliación del canal de Panamá es una obra monumental, donde la participación de una empresa costarricense, Constructora Meco, hizo posible la excavación de cuatro kilómetros de la vía acuática, el levantamiento de cuatro represas y la construcción de cinco kilómetros de canal de acceso. Las obras están valoradas en cientos de millones de dólares.
La misma empresa tiene trece proyectos en Colombia, tres de ellos ejecutados mediante la modalidad de concesión de obra pública y cada uno valorado en $500 millones. Ampliará aeropuertos y construirá carreteras, entre otras obras cuya necesidad en Costa Rica es evidente desde hace muchos años.
Otras empresas nacionales tienen la capacidad de participar en proyectos ambiciosos, pero buscan ansiosas negocios en el extranjero para sostener su crecimiento. El problema no está en la capacidad de desarrollar grandes obras, como lo prueban las incursiones de empresas nacionales en otros países, sino en la falta de decisión política, especialmente para echar mano a recursos utilizados en todo el mundo y desaprovechados en Costa Rica.
El caso más notable es la concesión de obra pública, un medio para desarrollar infraestructura sin invertir recursos de los cuales carecemos, con la finalidad de solucionar necesidades que sí tenemos y ponen freno al desarrollo del país. No hace mucho, este diario publicó informaciones sobre zonas industriales afectadas por falta de vías de acceso o escasez de agua, entre otros factores.
Los requerimientos de la inversión empresarial también son necesidades de la población, cuya calidad de vida se ve afectada por el deficiente suministro de servicios esenciales y por las dificultades de la circulación en nuestras estrechas carreteras, cada vez más inundadas de vehículos y muchas de ellas pensadas para otro momento y otras escalas.
Colombia, país en rápido crecimiento, entiende bien el problema y utiliza diversos mecanismos de financiamiento para alentar el progreso. La constructora nacional no es la única contratada ni todos sus proyectos se ejecutan con el modelo de concesión, pero no hay reservas para aplicarlo.
Tenemos las empresas capaces y también el marco jurídico para emplear ese y otros mecanismos. Tampoco habría por qué eximir a las firmas costarricenses de la sana competencia de constructoras extranjeras, como bien lo ha comprendido Colombia pero, a pesar del tamaño de las necesidades, hay pocos proyectos que llamen a la competencia.
La situación fiscal del país impide el desarrollo de infraestructura con financiamiento público. Esa es una realidad incontrovertible. Las alianzas público-privadas son indispensables y, por lo pronto, actuamos como si no lo fueran. En torno a ellas se ha desarrollado una mitología infranqueable. No hay ninguna razón por la cual los proyectos desarrollados de esta forma necesariamente sean más caros o de menos calidad. Por el contrario, un contrato bien negociado puede dar óptimos resultados, pero debemos estar dispuestos a pagarlos. El momento de echar mano a este recurso llegará con el deterioro de la infraestructura existente y las presiones del desarrollo. La pena será el tiempo perdido y las oportunidades desperdiciadas.
