Centroamérica es una de las regiones más vulnerables del mundo ante la amenaza del cambio climático. La exposición al riesgo de desastres naturales, como huracanes, sequías e inundaciones, existente durante toda su historia y potenciada por el deterioro ambiental, la inestabilidad política y la desigualdad social, tenderá a intensificarse en la próxima década cuando la temperatura aumente en medio grado y se altere aún más el patrón de lluvias.
Si el futuro fuera hoy, y no se modificaran las tendencias actuales, el Istmo podría afrontar una situación catastrófica a finales del siglo. Una reducción de un 28% en la precipitación pluvial y un alza de cuatro grados en la temperatura, como se vaticina, en 90 años tendrían efectos devastadores sobre la producción agrícola, la generación eléctrica, la biodiversidad, los ecosistemas y el estilo de vida. Algunas de estas advertencias ya se hacen sentir con más calor y aguaceros intensos, lo cual nos indica que el cambio climático no es una teoría científica, sino una realidad.
El incremento de la fragilidad ístmica viene siendo advertido por organismos internacionales como el Banco Mundial, el BID y la Cepal, con el objetivo de que los países se adapten a un desafío de enormes proporciones. Pero, dada la magnitud de las cifras, representa un esfuerzo económico para el cual el mundo no está preparado todavía. Según el Segundo Diálogo Latinoamericano y del Caribe sobre las Finanzas del Clima, que se realizó en julio pasado, se calcula que el impacto continental ascenderá a unos $100.000 millones para el 2050.
Esta perspectiva, que, sin duda, presenta visos apocalípticos, no es inevitable, si se actúa a tiempo. Para Pablo Imbach, especialista del Catie: “En toda la franja tropical, Centroamérica es un punto caliente; se esperan magnitudes de cambios mayores con respecto al resto de los trópicos”. Precisamente por lo anterior, la implementación de una agenda ambiental común no puede esperar, ya que los efectos de las decisiones que se tomen ahora, ojalá adecuadas, se verán en el transcurso de una o dos generaciones.
El Estado de la Región, en su último informe, confirma que los Gobiernos no le han dado la importancia que merece el tema ambiental, y que algunos indicadores globales se siguen debilitando, como la alarmante pérdida de biodiversidad, la deforestación y las emisiones de dióxido de carbono. Las economías locales, con pocas excepciones, tampoco se preocupan por ser ecológicamente sustentables y amigables con el medio ambiente.
“Tarde o temprano, juntos o unilateralmente, vamos a tener que medir y reducir el contenido carbónico en nuestros productos y servicios. Con economías muy abiertas, dependientes de sus exportaciones, a Centroamérica ya le urge emprender un esfuerzo concertado de identificar, proteger y desarrollar sus potenciales ventajas comparativas”, declaró Julie Lennox, de la Cepal.
El cambio climático no implica la mera adopción de un plan de mitigación, sino de una nueva agenda de desarrollo. Por esa razón, el BID y otros organismos multilaterales hablan de un sistema de financiamiento alternativo que les permita a países como el nuestro acceder a recursos frescos y a transferencia tecnológica.
En el caso de Costa Rica, si bien se adoptó una estrategia nacional de cambio climático, se ha hecho muy poco para alcanzar el compromiso de carbono-neutralidad para el 2021, y factores coadyuvantes a este objetivo, como el uso de biocombustibles, la energía geotérmica, la migración hacia tecnologías no contaminantes y el futuro hidroeléctrico del país avanzan con lentitud o ni siquiera se han abordado.
El otro gran pendiente es nuestro grave rezago en infraestructura, que será mucho mayor si no hacemos algo de inmediato. La alta incidencia de huracanes, inundaciones, sequías y otros fenómenos naturales, en aumento en lo que falta del siglo, implica que la red de puentes, carreteras, represas y otras obras que se encuentran actualmente sin mantenimiento, o al final de su vida útil, deben ser “blindados” contra el clima, como dijo un funcionario del BID.