EscucharUna y otra vez, el país renuncia al desarrollo de infraestructura vial por temor a pagarla. No hay recursos para hacer las obras por cuenta del Estado y nadie va a construir una carretera sin recuperar la inversión y una ganancia razonable. La construcción depende, entonces, del peaje. Así se construyen autopistas en todo el mundo, pero, en Costa Rica, la prioridad es no pagar por el derecho de paso o, cuando mucho, pagar poquito, tan poquito que no es posible financiar la obra.
Las obras siempre son demasiado caras y los interesados en invertir para desarrollarlas son, a priori , juzgados como aprovechados y codiciosos oportunistas, empeñados en entregar los peores resultados posibles a cambio de las mayores ganancias imaginables.
La solución es no hacer nada. El tiempo se encarga de engrosar el tráfico vehicular y deteriorar la infraestructura existente. Así, el país avanza hacia atrás, con serias consecuencias para el desarrollo económico y el bienestar de la población. La ejecución de obras se gobierna por el prejuicio, el cortoplacismo y la absurda impresión de que el Estado puede hacerse cargo para mejorar la calidad y el costo, como si no hubiera abundante prueba en contrario, además de infranqueables barreras financieras.
La concesionaria de la autopista a Caldera no se ha sentado aún a discutir con el Gobierno su anteproyecto de ampliación, pero ya hay dirigentes convencidos de la falta de idoneidad de la empresa y la imposibilidad de pagar el aumento en los peajes de una vía que hace cinco años no existía y existe hoy, única y exclusivamente porque hubo una concesión y voluntad de sufragar el peaje.
Hay ruta alterna para llegar al Pacífico y es, además, prácticamente gratuita. No está en las mejores condiciones porque rehusamos pagar el peaje. Pero, al parecer, la tan criticada ruta 27 se ha hecho indispensable y los viajeros están dispuestos a pagar el polémico derecho de paso mientras no aumente para financiar la ampliación. Si el incremento se produce, todo indica que también lo pagaremos, con tal de no transitar por la maltrecha vía cuasi gratuita.
Podemos, sin embargo, consolarnos con el lamento de la falta de visión de quienes contrataron la carretera preferida sin considerar la necesidad de más carriles. Para ejercer ese derecho al berreo, es preciso olvidar que la construcción de más carriles habría obligado a fijar un peaje más alto desde el inicio. Tampoco conviene recordar las décadas de espera por la vía a Caldera, los ocho años transcurridos entre la construcción de los principales puentes y la apertura de la autopista, así como los $80 millones invertidos de más por el atraso de las obras a causa de nuestro incesante (y paralizante) debate.
Las contradicciones caen una sobre otra y suman una tragicomedia. El Gobierno ya anunció la ejecución de estudios para ampliar unos cuantos tramos de la vía a Caldera y mantener el peaje lo más barato posible. Es una solución parcial, que pronto será acusada de falta de visión. El análisis comenzará a mediados del año entrante y podemos dar por sentado el transcurso de mucho tiempo antes del inicio de la primera jornada de trabajo en el campo.
El desarrollo queda por cuenta de las generaciones futuras, cuando el agua les llegue al cuello y el país haya perdido incontables oportunidades de generar riqueza mediante las ventajas ofrecidas por una infraestructura adecuada. El tiempo no podrá ser recuperado. Es hora de plantearnos con seriedad si estamos dispuestos a seguir perdiéndolo, o si debemos rectificar para decidirnos a pagar, en las mejores condiciones posibles, por lo que nadie va a regalarnos.
