Opinión

EDITORIAL

Aumento salarial del sector público

Actualizado el 21 de julio de 2014 a las 12:00 am

Enfocar el ajuste salarial del sector público exclusivamente bajo el prisma de la ‘disponibilidad presupuestaria’ es erróneo, inconveniente y contrario a la realidad

Si se decretara un aumento del 4,14% a la base, el salario promedio del sector público se incrementaría en porcentajes que podrían fácilmente duplicar ese aumento

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Mientras a los trabajadores del sector privado se les concedió un aumento salarial del 2,35%, los sindicatos del sector público pretenden ajustes que van desde un 4,14% –casi el doble– hasta porcentajes que podrían triplicar lo percibido por sus homólogos privados. Lo que más preocupa, sin embargo, es que los dos viceministerios encargados de la negociación –Trabajo y Hacienda– ven las propuestas con buenos ojos, alegando que un ajuste del 4,14% “cae dentro de las disponibilidades presupuestarias”.

Enfocar el ajuste salarial del sector público exclusivamente bajo el prisma de la “disponibilidad presupuestaria” es erróneo, inconveniente y contrario a la realidad salarial de los servidores del Estado. Es erróneo porque la existencia de una partida de gastos en el presupuesto de egresos no significa que los recursos para pagarlos existan en el presupuesto de ingresos. No hay tal disponibilidad presupuestaria. En el caso del Gobierno central, hay un faltante de ingresos que ronda el 6% del producto interno bruto (PIB) en el 2014, con posibilidades de aumentar en el 2015, si no se adoptan medidas para evitarlo.

Además, los recursos ordinarios contemplados en el presupuesto actual son insuficientes para financiar gastos corrientes, como sueldos y salarios y otras remuneraciones, lo cual contraviene la legislación existente. Es otra de las razones por las que, en buena teoría legal y económica, no se puede hablar de ninguna “disponibilidad presupuestaria”.

Los aumentos salariales harían incrementar la deuda pública, que sobrepasa el 50% del PIB, e impondrían presión a las tasas de interés, afectando con ello el crecimiento de la producción y generación de empleo. Además, un incremento en el déficit fiscal impulsaría la demanda agregada y presionaría la inflación, en detrimento, precisamente, de todos los salarios, incluyendo los que ahora se pretende proteger.

El ajuste propuesto por los trabajadores, con el cual aparentemente simpatizan las autoridades, también ignora la realidad de los salarios que perciben los empleados públicos. Varios estudios comparativos publicados por este periódico señalan que, en promedio, los trabajadores del sector público perciben más del doble que los del sector privado con actividades similares. Hay varias razones, incluyendo el efecto de abusivas negociaciones salariales con los sindicatos y el efecto de ciertas cláusulas y normas que tienden a incrementar los salarios por los denominados “pluses salariales”, que disparan el aumento a la base sobre la cual se aplican. El caso de los médicos y otros profesionales es un ejemplo claro de lo que no se debe hacer en el sector público.

Si se decretara un aumento del 4,14% a la base, como pretende la más conservadora de las propuestas sindicales, el salario promedio se incrementaría en porcentajes que podrían fácilmente duplicar lo solicitado, creando un faltante aún mayor en las finanzas públicas y aumentando la disparidad entre lo que ganan los trabajadores de los sectores público y privado. También se incrementaría la brecha social, irónicamente, uno de los problemas que el Gobierno pretende enfrentar.

Tampoco hemos visto ningún esfuerzo de la Administración para racionalizar las remuneraciones de sus servidores. El Gobierno anterior presentó, al menos, una propuesta para empezar a enfrentar el problema, pero ha sido engavetada por las autoridades fiscales y de trabajo, y por los propios sindicatos del sector público. En ese contexto, caracterizado por la omisión, decretar generosos aumentos salariales a la base haría todavía más grande un problema que no se ha querido resolver.

La otra petición de los sindicatos del sector público va, incluso, más allá. Pretende incluir en la fórmula de cálculo de los ajustes salariales no solo la inflación pasada, sino la futura y, además, un cierto porcentaje no claramente definido sobre el incremento del PIB. Eso generaría, obviamente, una política de salarios crecientes en un sector laboral caracterizado por abusos notorios y que contribuye relativamente menos a la formación del PIB que el sector privado.

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