Patricia Mora, presidenta del Frente Amplio y aspirante a la Asamblea Legislativa en el primer puesto de San José, exige para Costa Rica un régimen de prensa como el vigente en los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba), en especial Venezuela.
Afirmarlo es correr el riesgo de ser acusado de participar de la “campaña del miedo”, un eslogan publicitario acuñado por el Frente Amplio para responder a las críticas, en especial las inspiradas por la comparación entre sus propuestas y las del Alba. Pero las similitudes existen y no conviene callarlas por miedo a ser acusado de complicidad en una “campaña del miedo”. En todo caso, el planteamiento de doña Patricia da miedo, por constituir una grave amenaza para la libertad de prensa, pilar fundamental del régimen democrático.
Según la presidenta del Frente Amplio, los medios de comunicación costarricenses mienten diciendo y callando. Por otra parte, “no siempre mantienen un equilibrio”. Ella resolverá el problema mediante una ley con parámetros éticos estrictos cuyo cumplimiento será confiado a la “participación ciudadana”. Es decir, algún organismo conformado por ciudadanos (cuya escogencia se manipula con facilidad desde las altas esferas del poder) dictará a los medios la “verdad”, la “ética” y los obligará a publicar determinados contenidos para que no mientan “callando”. Así, el Estado termina por imponer el temario y definir su tratamiento.
La intención autoritaria siempre aparece disfrazada con los propósitos más loables. En Venezuela, los oficialistas también invocaron la “verdad”, la “ética” y la “completitud” de las informaciones para cercenar la libertad de prensa. Añadieron los chavistas la protección de la niñez, la “democratización” e infinidad de otras buenas causas, pero, a la hora de la verdad, la verdad no puede ser dicha.
En ese país, donde es notoria la falta de productos de primera necesidad, incluido el papel higiénico, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) abrió un procedimiento sancionador contra la cadena Globovisión por un reportaje sobre el desabastecimiento de alimentos y otros bienes. El medio se expone a pagar una multa equivalente al 10% del ingreso bruto declarado durante el año fiscal anterior.
En Venezuela, uno de los países más violentos del mundo, donde el índice de homicidios causa asombro, también es peligroso informar sobre la delincuencia. La reciente arremetida del presidente Nicolás Maduro contra los medios de comunicación que se atreven a hacerlo lo demuestra. No hace mucho, la cobertura de un motín en el centro penitenciario El Rodeo le costó a Globovisión otra desproporcionada sanción por fomentar “ansiedad” en el público.
Al amparo de una ley como la anhelada por la candidata del Frente Amplio para Costa Rica, Maduro aseguró que los titulares aparecidos en medios del Bloque Dearmas crean zozobra y, por tanto, constituyen delito. En especial, se refirió al título “La gasolina la echan con gotero”, y dijo a una multitud: “Esto es delito, miren lo que sacaron hoy. Es delito, grave delito y no lo podemos aceptar, compatriotas”.
Ninguna información con repercusiones negativas sobre el Gobierno es considerada en Caracas “ética”, “veraz” o “completa”. Todas son “desestabilizadoras”, causantes de “zozobra” o “delictivas”. Las etiquetas cuentan con el respaldo de la ley y son validadas por el gobierno con “participación ciudadana”… de los ciudadanos que están de acuerdo con el Gobierno.
En nuestro país, ningún periodista teme informar sobre la delincuencia, la corrupción o el desabastecimiento. Ningún medio pretende ser fuente única de la verdad, la exactitud o la ética, pero la realidad se conoce a partir del contraste de diversos puntos de vista, difundidos en un clima de completa libertad de prensa.
Se esfuerza el Frente Amplio por asociarse a la izquierda democrática latinoamericana, como la de Brasil y Uruguay, pero en ninguno de esos países se ha planteado la erradicación de la prensa independiente con la excusa de la “veracidad” y la “ética”. En Venezuela, en cambio, el propósito se ha plasmado en leyes, con entusiasta impulso del chavismo, amo y señor de la más amplia red de medios de comunicación y dueño de formidables instrumentos represivos para intimidar a la prensa independiente.
Los planes de la candidata a diputada y presidenta del Frente Amplio infunden miedo. Esa sensación parece haber alcanzado al candidato presidencial José María Villalta, quien salió a desmentirla, achacó sus declaraciones a la “inexperiencia” y negó toda intención de cercenar la libertad de prensa.
La explicación no despeja las dudas. ¿Es la inexperiencia la culpable de que doña Patricia piense así o, más bien, se le debe achacar a la inexperiencia la candidez con que reveló un pensamiento tan reñido con nuestras tradiciones democráticas? La pregunta vale para un rosario, muy largo ya, de contradicciones del Frente Amplio.