La huelga de empleados judiciales exige reformar el régimen de pensiones de la Corte según el proyecto de ley planteado por sus futuros beneficiarios. No importan las advertencias actuariales sobre las debilidades del fondo y la imposibilidad de preservar sus privilegios. La pensión “justa” exigida mediante pancartas es, en realidad, un privilegio para disfrute exclusivo de los empleados judiciales.
La huelga no es contra el patrono. Pretende presionar a la Asamblea Legislativa para que haga caso omiso de la técnica y vote según el capricho de los participantes en el movimiento. Quizá convenga complacerlos, con algunas previsiones para impedir daños a terceros.
En primer lugar, la reforma debe excluir, definitivamente, la posibilidad de cargarle al presupuesto nacional un solo céntimo si el sistema falla en el futuro. Los afiliados del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) no pueden aspirar a más y es de elemental justicia nivelar la cancha.
Si el fondo del Poder Judicial no saliera adelante con las reformas propuestas por sus beneficiarios y cuestionadas por los técnicos, el IVM podría asignar a los jubilados una pensión del régimen no contributivo. Los huelguistas no deberían esperar más. Así lo dijo el nuevo presidente de la Corte cuando expresó la intención de no meter la mano en el bolsillo de los demás costarricenses para mantener el sistema de jubilaciones judiciales.
El Poder Judicial, como patrono, aporta al régimen mucho más de lo exigido a los demás empleadores. Ese beneficio, por discutible que sea, ya está consolidado. Sin embargo, no puede crecer. Ese compromiso debe ser explícito en la ley. No tendría gracia renunciar a la garantía del Estado y, al mismo tiempo, reservarse, la posibilidad de extraerle fondos mediante el aumento de la contribución patronal.
Por último, la reforma debe incluir un transitorio, cuya duración deben calcular los técnicos, para permitir el traslado voluntario de los empleados judiciales al IVM si lo estiman prudente. Así, nadie quedaría atrapado en el sistema contra su voluntad. Quienes deseen asumir los riesgos sin esperar nada de los demás podrán hacerlo.
El resto del país contemplará la evolución del sistema sin preocupaciones. Lo peor que podría pasar es que, en el futuro, los funcionarios judiciales reciban una pensioncita de la Caja, como lo hacen decenas de miles que no tienen otra opción. No habría necesidad de más huelgas y que cada palo aguante su vela.
Armando González es director de La Nación.
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