EscucharCada día inquieta más el alejamiento de la ciudadanía de la política. Más del 37 % de los costarricenses no han decidido si van a votar en las próximas elecciones. Nuestra democracia está moral y financieramente enferma. Nuestros líderes políticos no responden con capacidad a los graves problemas políticos, económicos y sociales.
Las protestas sociales contra los privilegios de unos pocos parecen no encontrar eco en la clase gobernante. El alto déficit fiscal empeora la situación macroeconómica. Los gastos del Gobierno de los últimos cuatro años se dispararon de $6,5 billones a $9 billones; un aumento de un 38 %.
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El servicio de la deuda pública, incluyendo intereses, es de $2,9 billones, el equivalente al 32 % del presupuesto. El servicio de la deuda pública, las pensiones y el MEP suman el 71 % de los ingresos del Gobierno.
Llevamos más de 15 años hablando de la importancia de una reforma fiscal integral y no logramos avanzar en ella. Todo lo contrario, el problema se agrava a pesar de las decenas de diagnósticos y proyectos. Todo parece indicar que la falta de acción y responsabilidad es parte ya de nuestra cultura política.
Hemos creado un Estado plagado de privilegios insostenibles. Todos los políticos hablan de nuevos impuestos y grandes obras de infraestructura, pero ninguno se centra en corregir los disparadores del gasto que, de no eliminarse, tampoco lograremos estabilidad económica, política y social a corto plazo.
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Pluses. El Gobierno paga más de 120 diferentes pluses salariales. Los pagos extras superan en más del 100 % el salario base de algunos empleados. Son $2,4 billones con pluses a sus 340.000 funcionarios, lo cual se financia con endeudamiento. El sistema de empleo público es muy complejo debido a la existencia de muchas leyes y convenciones que les dan soporte a los privilegios.
La creciente desigualdad es el reflejo, en gran parte, del régimen de empleo público. Solo el Ministerio de Educación Pública tiene más de 65 pluses; Seguridad Pública, 37; el MOPT, 24; Hacienda, 22; la Presidencia, 15; y el Ministerio de Trabajo, 11.
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Los pluses empeoran el problema porque la inflación está controlada entre un 2 % y un 3 % anual, pero los aumentos por anualidades, carrera profesional, dedicación exclusiva, prohibiciones, disponibilidad, zonaje y otros más superan entre el 7 % y el 10 % anual.
No podemos hablar de reducir la pobreza e invertir en infraestructura si no tenemos claro cómo vamos a ordenar el empleo público. ¿Podemos seguir en esta fiesta de granjerías? ¿Cuántas convenciones han sido negociadas pensando en el bien común y no cediendo a la presión de los interesados? ¿Acaso las anualidades son un derecho adquirido? ¿Por qué más del 90 % de los empleados obtienen excelentes calificaciones en el desempeño? ¿Acaso los partidos políticos están secuestrados por los sindicatos? ¿Dónde han estado en el pasado la responsabilidad fiscal y la visión del futuro?
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Es inconcebible que en Costa Rica existan en el Gobierno más de 14 regímenes de empleo. Tampoco parece justo que haya diferencias hasta de un 600 % para un mismo profesional que trabaja en una institución pública y otro en el Gobierno Central. Algo anda mal cuando los promedios de ingresos de los empleados de las empresas privadas son ¢390.000 al mes y los del sector público ¢850.000.
Entre el 2010 y el 2016, los salarios del sector público crecieron, en promedio, 10 veces más que los privados. Los pluses salariales deben ser ordenados y los gremios sindicales deben estar claros en que la situación actual no es sostenible financieramente. No se trata de reducir sueldos, sino de tener un salario único y recibir aumentos de acuerdo con la inflación.
Pensiones. Con la Ley 9380, que aumentó la contribución obligatoria, y la Ley 9383, que impuso una contribución solidaria a las pensiones de lujo del Gobierno y exdiputados, el Estado ahorró $15 millones anuales. No obstante, de estas leyes se excluyeron los regímenes más importantes, como son los del Poder Judicial y el Magisterio. Esta ley, que tanto se festejó, únicamente incluye a 441 personas que recibían pensiones entre ¢2,5 millones y ¢13,5 millones. Quedan más de 5.000 pensiones de lujo que, de haberse incluido en la ley, tendríamos un ahorro superior a los $200 millones de dólares anuales.
Tenemos cinco regímenes de pensiones: el IVM de la CCSS, el del Poder Judicial, el del Magisterio Nacional, el del INS (bomberos) y el Régimen no Contributivo con cargo al presupuesto nacional, administrado por los Ministerio de Trabajo y Hacienda. Cada régimen tiene distintas edades de retiro, cotizaciones, años de cálculo, aporte patronal, aporte del Estado, aporte del trabajador, montos de pensión y otros criterios diferentes.
Como puede verse, no hay unidad, ni solidaridad, ni igualdad ni universalidad. Es preocupante la falta de unidad y criterios justos a la hora de otorgar los beneficios. Esto sucede por la multiplicidad de instituciones con beneficios jubilatorios diferentes. De ahí la importancia de unificar los seguros sociales en la CCSS, pues las pensiones forman parte del régimen de seguros sociales de financiación tripartita.
Al igual que los trabajadores de las empresas privadas, los empleados del sector público deberían contribuir con el mismo porcentaje y tener las mismas condiciones. Si alguno quiere una mayor pensión, que invierta en los fondos de pensiones complementarios y voluntarias. Así todos los costarricenses tenemos una contribución básica de capitalización colectiva administrada por el IVM, una pensión complementaria obligatoria de capitalización individual y una pensión basada en su ahorro voluntario.
Los costarricenses así estaríamos en las mismas condiciones. El que quiera una mayor pensión que ahorre para ganársela. Todos los regímenes deben ser vigilados por la Supén para tener transparencia y cuidar los riesgos.
Falta orden. No podemos hablar de corregir las finanzas públicas mientras no ordenemos los disparadores del gasto público. Costa Rica está muy mal calificada por los riesgos financieros, y esto significa más costos. La realidad es que no ha existido voluntad política para corregir los graves disparadores del gasto público. Financiamos más del 50 % del gasto con mayor deuda, y seguimos expandiendo las transferencias a las universidades públicas sin exigirles calidad, austeridad, pertinencia y solidaridad.
Es relevante observar cómo todas las ofertas de los partidos es corregir los problemas de infraestructura, pero nadie habla de los disparadores del gasto público para no comprometerse. Toda esta maraña de privilegios y de centenares de instituciones para manejar un país de 4,9 millones ha generado una deuda creciente, graves diferencias sociales, un Estado ineficiente y una burocracia asfixiante.
Algo debemos hacer para replantear las prioridades y lograr mayor competitividad. No podemos seguir viviendo interminables presas que afectan nuestra salud, nuestra eficiencia, nuestras familias y horas de trabajo.
El presupuesto de infraestructura de menos de 1,5 % del PIB es ridículo e inoperante. Necesitamos invertir al menos entre un 5 % y un 6 % del PIB por unos 10 años si queremos crecer y generar más empleo. Hablemos claro y expongamos soluciones realistas. De otra forma, la brecha social ira creciendo y ninguna reforma fiscal será sostenible.
El autor es ingeniero.
