Con algo de escepticismo, el país recibió la noticia de la instalación de una mesa de diálogo, con representantes de los grupos interesados, para estudiar las finanzas del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social y proponer las reformas necesarias para garantizar su mantenimiento en el tiempo. Los integrantes de la mesa de diálogo tuvieron sesiones de trabajo durante varios meses y recién rindieron su informe final en un ambiente de gran consenso.
El tema es de alto contenido técnico y, en general, el ciudadano promedio, que es el favorecido o perjudicado por la buena o mala administración, no tiene a mano los elementos para interpretar los números y aquilatar el impacto de las políticas. El juicio sobre la bondad de la administración más corresponde a los expertos. Desafortunadamente, un importante número de ellos no considera que el informe final esté a la altura del encargo. Para el investigador Luis Rosero, por ejemplo, las medidas propuestas por la mesa de diálogo “no son siquiera un parche”. A su juicio, una verdadera reforma al IVM exige, entre otras medidas, elevar de manera significativa la edad de retiro (“Envejecimiento obliga a repensar salud y pensiones”, La Nación, 15 de noviembre, 2017).
Según Rosero, en Costa Rica “hay que olvidarse de las pensiones juveniles: el retiro debe ser a los 70 o 75 años”, pues “tener 70 años ahora es como tener 50 años cuando se creó la seguridad social, en los años 40”. En efecto, las estadísticas demográficas demuestran la extensión sistemática de la esperanza de vida del costarricense, no solo al nacer, sino a partir de los 60 años, que importa mucho en materia de pensiones. La salud promedio de la población también se ha elevado, de modo que un adulto de 72 años podría —y para Rosero: debería— continuar unos años más su vida productiva.