EscucharCon algo de escepticismo, el país recibió la noticia de la instalación de una mesa de diálogo, con representantes de los grupos interesados, para estudiar las finanzas del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social y proponer las reformas necesarias para garantizar su mantenimiento en el tiempo. Los integrantes de la mesa de diálogo tuvieron sesiones de trabajo durante varios meses y recién rindieron su informe final en un ambiente de gran consenso.
El tema es de alto contenido técnico y, en general, el ciudadano promedio, que es el favorecido o perjudicado por la buena o mala administración, no tiene a mano los elementos para interpretar los números y aquilatar el impacto de las políticas. El juicio sobre la bondad de la administración más corresponde a los expertos. Desafortunadamente, un importante número de ellos no considera que el informe final esté a la altura del encargo. Para el investigador Luis Rosero, por ejemplo, las medidas propuestas por la mesa de diálogo “no son siquiera un parche”. A su juicio, una verdadera reforma al IVM exige, entre otras medidas, elevar de manera significativa la edad de retiro (“Envejecimiento obliga a repensar salud y pensiones”, La Nación, 15 de noviembre, 2017).
Según Rosero, en Costa Rica “hay que olvidarse de las pensiones juveniles: el retiro debe ser a los 70 o 75 años”, pues “tener 70 años ahora es como tener 50 años cuando se creó la seguridad social, en los años 40”. En efecto, las estadísticas demográficas demuestran la extensión sistemática de la esperanza de vida del costarricense, no solo al nacer, sino a partir de los 60 años, que importa mucho en materia de pensiones. La salud promedio de la población también se ha elevado, de modo que un adulto de 72 años podría —y para Rosero: debería— continuar unos años más su vida productiva.
Desde el punto de vista actuarial, para el IVM la medida de posponer la edad de retiro tiene mucha mayor eficacia que elevar las contribuciones a cargo de los trabajadores, patronos y Estado. El aumento de las contribuciones a cargo de trabajadores y patronos aumenta la brecha entre los costos (salarios y cargas sociales) del patrono y lo recibido por los trabajadores. Eso estimula la informalidad y el desempleo. Elevar las cuotas del Estado, que hoy y por el futuro previsible opera con un alto déficit, solo contribuiría a magnificar sus penurias financieras, con las consecuencias conocidas.
En materia de pensiones, las reformas deben tener presentes horizontes de cuando menos 20 o 25 años, así como la dificultad de estar llamando al diálogo cada pocos años, lo cual produce fatiga ciudadana. Si las variables demográficas apuntan en la dirección señalada por Luis Rosero, las reformas deben considerar esa realidad. Eso debe pesar más, mucho más, que lograr consenso respecto de un precario conjunto de medidas.
Los cambios demográficos que condicionan la solidez del IVM tienen impactos financieros en el régimen de Enfermedad y Maternidad, también administrado por la CCSS, pues los adultos, que hoy viven más años, requieren de tratamientos más prolongados que los necesitados por la población joven. Esa atención debe financiarse, idealmente, con cargo a la población empleada.
Se trata de temas candentes y, si no son enfrentados con gran responsabilidad profesional y cívica, más temprano que tarde se traducirán en un enorme problema fiscal. Por eso instamos a las autoridades de la CCSS, encargadas de tomar la decisión final, a reconsiderar todas las aristas del problema de la sostenibilidad de ambos regímenes y adoptar las medidas requeridas técnicamente a largo plazo.
