Violencia del narco

El reporte advertía que, de acentuarse esta situación, era cuestión de tiempo para que los narcos empezaran a competir por territorios y se desatara una ola de violencia con características similares a la de México.

Dicho y hecho: nuestro país se ha convertido en un campo de batalla más en la inútil guerra contra las drogas. Según estadísticas del OIJ, mientras que en todo el 2013 hubo 96 homicidios por ajustes de cuentas, a setiembre del 2015 se contabilizaban 177 –un 41,7% de los asesinatos reportados–. Muchas de estas muertes llevan las marcas del crimen organizado: cuerpos mutilados, empleo de sicarios, etc.

La penetración del narco adquiere mayor complejidad conforme extiende sus tentáculos. Si bien se reporta que mandos medios de los carteles mexicanos se han establecido en el país, estos recurren al reclutamiento de nacionales para que se hagan cargo de las operaciones domésticas. De tal forma, surgen bandas criminales locales que empiezan a competir entre sí por rutas y territorios. Peor aún, los carteles acostumbran a pagar a sus intermediarios con droga, lo que crea condiciones para incentivar el consumo interno.

De madurar este mercado nacional, el crimen organizado ya no verá a nuestro territorio como un mero punto de tránsito y almacenaje, sino como un objetivo en sí mismo. Refiriéndose a los patrones de prevalencia de la cocaína en el hemisferio, un informe de este año de la OEA destaca que “Costa Rica no es el país de mayor consumo, pero sí el de mayor percepción de facilidad de acceso (a la droga)”. El estudio utiliza datos del 2010. El aumento vertiginoso en la narcoviolencia en los últimos años podría deberse en parte a la consolidación de un mercado interno que los criminales consideran valioso.

El Gobierno pretende consolarnos diciéndonos que todo se debe a sus esfuerzos exitosos por incautar droga y arrestar cabecillas, que han desatado una lucha sin cuartel entre bandas locales. Puede ser. Aun así, ¿cuál es el objetivo final? La capacidad comprobada del crimen organizado de reemplazar a sus tropas augura una espiral de violencia que podría dejar cicatrices profundas en la sociedad costarricense.

(*) Juan Carlos Hidalgo es analista sobre América Latina en el Cato Institute con sede en Washington. Cuenta con un BA en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional y una maestría en Comercio y Política Pública Internacional del George Mason University.