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Víctimas revictimizadas

Actualizado el 26 de enero de 2014 a las 12:00 am

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Víctimas revictimizadas

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Una de las estrategias utilizadas por los militares para ganar las batallas es el uso de diversos factores, entre ellos los psicológicos, para desmoralizar al oponente y quebrar su voluntad para resistir.

Este concepto me vino a la mente al leer las palabras de una joven víctima denunciante de abusos y violación, que, ante la perspectiva de tener que revivir las etapas de un nuevo proceso penal, simplemente desistió.

En este caso, la joven estudiante denunció haber sido víctima de uno de sus profesores, que fue condenado por un tribunal a más de 20 años de cárcel, condena que fue anulada por una instancia superior, y luego se ordenó su reenvío (nuevo debate) por errores en la fundamentación.

La historia de esta joven es la historia de muchas otras víctimas de delitos sexuales que desisten por el sufrimiento que les deparan las insensibilidades del proceso, la infame práctica de algunos abogados de manchar la honra de la víctima como defensa, y el terrible escarnio de una sociedad que no protege y, más bien, revictimiza a las víctimas.

Si bien el país ha avanzado en los protocolos de atención a las víctimas, lo cierto es que aún son insuficientes y, por eso, no es extraño que estas pierdan la voluntad de continuar. En palabras de la joven del caso en mención: “No quiero estar más en esto, recordándolo todo y reviviendo los hechos”.

En estos casos, la sociedad, como un todo, pierde. En el caso de los denunciados injustamente, estos pierden la oportunidad de que una instancia judicial declare su inocencia por haberla probado. Y, en el caso de quienes han cometido la atrocidad de un delito sexual, estos abusan de un sistema que coadyuva a quebrarles la voluntad a las víctimas, con el resultado infame de la impunidad.

Si la impunidad es grave bajo cualquier circunstancia, en el caso de los delitos sexuales nos expone a que personas vinculadas a la educación y formación de nuestros niños y jóvenes puedan continuar en sus funciones impunemente y anula la capacidad de las instituciones, como el MEP, para actuar.

Nos expone también a que, en cargos de elección popular llamados a proteger a nuestros niños, jóvenes, mujeres u hombres y adultos mayores (todas las poblaciones son vulnerables), se elijan personas con historiales “limpios”, pero que en la realidad estén escudadas en la impunidad.

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Como sociedad no permitamos que esto se repita. De ahí, la necesidad de incorporar los cambios necesarios para que, entre otros, en este tipo de procesos se proteja verdaderamente a la víctima o que, en pos de la justicia, obligadamente continúe, incluso sin su participación.

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