EscucharEs buena y necesarísima práctica que en el seno de los partidos políticos, a las puertas de la elección de diputados, se ventilen los nombres de los aspirantes a las curules y se les someta a rigurosa crítica. No más gatos ni tigres por liebre. El mismo ejercicio debe aplicarse en cuanto a otros cargos relevantes en los poderes del Estado.
La institucionalidad vale lo que valen las personas. De aquí que el buen discernimiento, al elegir o al ofrecer cargos públicos, sea la raíz y cuestión capital.
(De este proceder, por cierto, no deberían escaparse las elecciones de los dirigentes sindicales, donde no hay debate ni contradictorio ni competencia, y la votación se realiza en la tercera convocatoria, pues la representación es mínima, lo que explica la oxidación de dirigentes por muchos años en su cargos, a costa de los contribuyentes. Todo lo contrario de lo que estos adalides del sindicalismo predican contra los partidos políticos. Democracia, transparencia…¡qué palabras tan bellas!).
A tono con lo dicho, sobresalen dos decisiones legislativas básicas: la elección del nuevo magistrado de la Sala Constitucional, cuya postergación, por un año y medio, por mezquindad, negligencia o ideología, perjudica la Administración de Justicia y rebaja a la propia Asamblea Legislativa. Hay, entre los candidatos, juristas de valía. Sin embargo, el bloqueo no reside en los atestados académicos y éticos de estos, sino en asuntos accesorios y banales, cuya consideración refleja la menguada estatura de algunos diputados.
La otra prueba es la elección del nuevo Defensor de los Habitantes. La Defensoría, magistratura moral por antonomasia, debe elevar su nivel y su influencia, además de ser, como abanderada de los derechos humanos, un lugar de encuentro, de pluralismo y universalidad, en defensa a ultranza de la dignidad humana, en las grandes cuestiones que aquejan al ser humano y en las carencias y sufrimientos de la vida cotidiana, sobre todo de los sectores más desvalidos.
Esta misión, que no dudo en llamar sublime, debe estar en manos de una persona de elevados quilates, independiente, experimentada, sensible y conocedora, obvio es decirlo, de los derechos humanos. Cae de su peso que esta elección no debe contaminarse de intereses políticos, de amiguismos, de gratificaciones, de lucimiento o de ansias de nutrir el currículo personal. Debe prevalecer, más bien, el buen juicio, el desprendimiento y la grandeza de miras, tres valores que no logran hacer su nido en la fronda de la política nacional.
Las distintas fracciones legislativas están en la mira.
